Lo
que hasta ahora era una práctica habitual en Uganda, la guerra declarada a los
homosexuales, se ha convertido en ley el 24 de febrero de 2014 con la firma,
por el presidente Museveni, de una ley que endurece la represión y les castiga
con penas de cárcel.
Hasta
ahora, las relaciones sexuales podían acarrear hasta condena a cadena perpetua
en Uganda pero la nueva ley, aprobada por una aplastante mayoría parlamentaria
el 20 de diciembre de 2013, obliga también a los ciudadanos ugandeses a
denunciar a cualquiera que se defina como homosexual, además de prohibir
cualquier tipo de “propaganda de la homosexualidad”, lo que realmente es una
fórmula que no quiere decir nada y puede decir todo: cualquier detalle, por
pequeño que sea, puede servir de excusa para juzgar y condenar a alguien.
Aunque
a última hora se ha eliminado del proyecto la pena de muerte –prevista
inicialmente para casos de reincidencia, relaciones con menores o relaciones
con cualquiera siendo portador del virus del Sida- la ley ha generado una
oleada de críticas tanto en las organizaciones de defensa de los derechos
humanos como en los países que mantienen relaciones de colaboración con Uganda.
Un portavoz del gobierno de Washington, aliado-clave de Kampala que suministra
al país 400 millones de dólares de ayuda anual, ha precisado que va a
“complicar las relaciones” entre ambos países y desde Londres advierten al
gobierno ugandés que va a “dañar su reputación internacional”.
Algunas
organizaciones humanitarias internacionales piden a los socios de Uganda que
reconsideren su ayuda mientras que el gobierno de Dinamarca anunció que los
seis millones de euros de ayuda que pensaba entregar a las agencias
gubernamentales ugandesas las va a dirigir hacia el sector privado y las Organizaciones
No Gubernamentales; y que eta será la tónica en el futuro.
Para
el presidente Museveni, cristiano evangélico, todas estas manifestaciones son
la evidencia del “imperialismo social” que occidente pretende imponer a su
país: “Nos dicen que tenemos que vivir como ellos y de eso nada”. Inicialmente
Museveni calificó la homosexualidad de “enfermedad” y se negaba a promulgar la
ley porque “no se puede castigar a una persona que es anormal”; luego dijo que
había cambiado de parecer porque, tras consultar a un grupo de científicos,
había llegado a la conclusión de que la homosexualidad era “comportamental y no
genética: no se es homosexual por naturaleza (…) sino que es una elección”.
Llevado
de su entusiasmo por la ley adoptada, que quiso presentar personalmente en una
conferencia de prensa con asistencia de medios internacionales (“El presidente
quiere firmar al ley ante toda la prensa internacional para demostrar la
independencia de Uganda frente a las presiones y provocaciones occidentales”),
dijo dirigiéndose a los homosexuales: ”En ustedes hay algo que no funciona…No
llego a entender que puedan no sentirse atraídos por todas estas soberbias
mujeres y en cambio les atraiga un hombre”. Y todavía le queda otra explicación
más: se trata de una opción dictada por el afán de dinero, “muchos que se dicen
homosexuales son en realidad mercenarios, heterosexuales que se declaran
homosexuales por dinero”.
Uganda
forma parte del grupo 80 países que en el planeta condenan la homosexualidad
como un delito, 37 de los cuales se encuentran en Africa. En 2011, David Kato,
conocido militante de la causa homosexual en Uganda, fue maltratado hasta la
muerte, en su casa, después de que su nombre y su fotografía apareciera junto a
la de otros en el tabloide ugandés Rolling Stone, debajo del lema “Colgadles”.
El 3 de enero de 2011, un juez condenó a la revista al cierre y el pago de 1,5
millones de chelines ugandeses a Kato y otros dos mencionados en la portada,
por violación de la vida privada. En la tarde del 26 de enero, David Kato fue
agredido en su casa de Mukono, a 15 kilómetros de Kampala. Golpeado en la
cabeza con un martillo, falleció a causa de las heridas. En noviembre de 2013,
su asesino fue condenado a 30 años de cárcel.
Los
homosexualidad se castiga con pena de muerte en el código penal de diez países:
Afganistán, Arabia Saudí, Emiratos Arabes Unidos, Irán, Mauritania, Sudán,
Yemen, los 12 estados del norte de Nigeria y los emiratos islámicos somalíes
regidos por el grupo fundamentalista y terrorista Al Shabaab, además de
Somaliland, proclamado independiente en 1991 y no reconocido por la comunidad
internacional.
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