Coincidiendo con la
inauguración de los Juegos Olímpicos (JJOO) (JO) de invierno en Sotchi, el 7 de
febrero de 2014, Acción Cristiana contra la Tortura (ACAT-Francia), Amnistia
Internacional (AI), la federación Internacional de Ligas de los Derechos Humanos
(FIDH), Inter-LGBT y Rusia-Libertades se han movilizado para denunciar lo que
los fastos de los JJOO no pueden ocultar: una alarmante situación en materia de
derechos humanos en Rusia donde manifestarse, informar o militar se está
demostrando cada vez más arriesgado, donde se estigmatiza a las minorías
sexuales y donde el racismo y la xenofobia alimentan la violencia.
El pasado 30 de enero de 2014, una delegación de
Amnistia Internacional acudió a Moscú para entregar a las autoridades rusas una
petición, con más de 336.000 firmas recogidas en todo el mundo, pidiendo que
cese el acoso a la sociedad civil.
Represión de las manifestaciones
En 2012, la modificación de la ley que regula las
manifestaciones en la calle añadió más restricciones a los acontecimientos
públicos, y nuevas sanciones para los organizadores. Ese año detuvieron a cerca
de 4.000 personas en las 200 manifestaciones que tuvieron lugar en Moscú, y en
la región de la capital.
En 2013, y pese a que el número de manifestaciones fue
mucho menor, detuvieron a varios centenares de personas, y la tendencia ha
continuado en 2014: el 6 de enero la policía dispersó una concentración
pacífica en el centro de Moscú, organizada en solidaridad con los “presos de
Bolotnaïa” (*), y detuvo al menos a 28 participantes. Esa misma policía
ha dispersado casi a diario pequeñas concentraciones “no autorizadas”, con
medios desproporcionados. Ninguna de las denuncias presentadas ha prosperado.
Restricción de la libertad de
palabra e información
Una nueva ley, de finales de diciembre de 2013,
establece el bloqueo inmediato de las páginas de Internet que incluyan
informaciones que la fiscalía considere «extremistas». Al propietario de la
página solo se le informará una vez bloqueada, conminándole a suprimir
inmediatamente los contenidos censurados.
En noviembre de 2012 se
aprobó una ley que obliga a las ONG’s que reciben subvenciones del extranjero,
y se dedican a actividades consideradas «políticas», a registrarse como
«agentes extranjeros». En 2013, las autoridades efectuaron más de mil
inspecciones en distintas organizaciones humanitarias y más de medio centenar
recibieron advertencias oficiales y algunas fueron formalmente denunciadas.
Cinco de esas organizaciones fueron condenadas judicialmente al pago de una
multa, y al menos tres han dejado de existir.
Discriminaciones en razón de la
orientación sexual o la identidad de género
En junio de 2013 se promulgó una ley discriminatoria
prohibiendo la “propaganda destinada a los menores en favor de las relaciones
sexuales no tradicionales”, en aplicación de la cual han condenado al menos a
tres personas a pagar sendas multas. Ese mismo año, un militante LGBT que se
manifestó solo contra las discriminaciones en la ciudad de Kazan, fue acusado
de «propaganda», diez manifestaciones pacíficas de militantes LGBT sufrieron
agresiones violentas homófobas, en una de ellas, un activista perdió un ojo.
Cada vez con más frecuencia, la iglesia ortodoxa rusa, muy cercana al poder de
Vladimir Putin, hace gala de homofobia activa.
Estas leyes liberticidas –dice AI- ponen en peligro la
lucha con las epidemias de VIH/SIDA y Hepatitis C en Rusia: en diez años, el
número de seropositivos ha pasado de cien mil a más de 1 millón, de loa que
solamente un 25% tiene acceso a tratamientos específicos.
Estigmatización y explotación de los
migrantes
La xenofobia y el racismo, en constante aumento en
Rusia en parte debido al discurso intolerante y discriminatorio de las
autoridades, conducen a la puesta en práctica de auténticos pogroms en diversas
regiones del país, y a una explotación, con total impunidad, de miles de
migrantes. Anualmente varias decenas de personas mueren en las calles de Rusia,
a consecuencia de agresiones racistas.
Torturas
La tortura y los malos tratos están presentes en todos
los niveles de la cadena penal rusa, desde la detención hasta el cumplimiento
de la condena en alguna colonia penitenciaria. A pesar de las esperanzas
generadas por las reformas de los últimos tiempos, el fenómeno perdura gracias
a la impunidad y la falta de voluntad política para prevenir y reprimir la tortura.
Como resultado de la amnistía del 12 de diciembre de
2013, Día de la Constitución rusa, y de algunos indultos presidenciales, han
salido en libertad algunos presos políticos. Esa amnistía ha tenido más efecto
en la comunicación externa de un país que quiere a toda costa recuperar el
papel preponderante que tuvo durante la guerra fría que en los necesarios
cambios de un sistema judicial que no es ni eficaz ni independiente. Las
emblemáticas puestas en libertad de las Pussy Riot y Mijail Khodorkovsky se han
producido cuando faltaban pocos meses para el final de su condena, mientras que
la mayoría de los presos del caso Bolotnaïa siguen entre rejas.
(*) El 6 de mayo de 2012,
decenas de miles de moscovitas desfilaron por el centro de la ciudad con el
objetivo de concentrarse en la plaza Bolotnaïa para protestar por la
investidura del presidente Putin. La mayoría no consiguieron nunca llegar.
Ignorando los acuerdos pactados con los organizadores de la manifestación, la
policía bloqueó dos de los tres accesos a la plaza. Inevitablemente, el cordón
policial se rompió finalmente, por la presión de la gente, y la policía procedió
a dispersar a los manifestantes de manera brutal, lo que duró varias horas, Se
produjeron cientos de detenciones, la mayoría quedaron después en libertad sin
cargos: a 26 de los detenidos se les acusó de “amotinados”, aplicándoles el
artículo 212 del Código penal ruso. Ningún policía fue inculpado de uso
excesivo de la fuerza, a pesar de las numerosas denuncias que se
presentaron. (Anatomía de una injusticia: el proceso del caso Bolotnaïa,
Amnistía Internacional, declaración pública del 10 de diciembre de 2013).
No hay comentarios:
Publicar un comentario