El 18 de febrero de 2014, el presidente turco
Abdüllah Gül promulgó la ley que establece un grado más de control de Internet
en el país. La primera consecuencia, según la información publicada por Camille
Guillot en el digital Myeurop, ha sido que en pocas horas han desaparecido
80.000 seguidores de la cuenta del presidente.
Tras varias semanas de interminables
discusiones y encendidas protestas en la calle, y en las redes sociales, el
gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan ha redactado un texto de ley que
rechazan las asociaciones de defensa de las libertades individuales, y contra el
que también se han pronunciado responsables políticos europeos y
estadounidenses.
A
partir de ahora, la Autoridad de regulación de las telecomunicaciones (TIB)
tiene competencias para bloquear páginas que «atenten contra la vida privada» o
publiquen contenidos «insultantes o discriminatorios», lo que en el lenguaje
represivo de las autoridades turcas puede aplicarse a cualquier comentario. Una
última enmienda ha conseguido finalmente que la medida tenga que autorizarla un
juez con 48 horas de antelación; pero tampoco la justicia turca se caracteriza
precisamente por defender las libertades de opinión y expresión: baste como
ejemplo que, según Reporteros sin Fronteras, Turquía es el país donde hay más
periodistas encarcelados por su trabajo.
La
otra disposición de la nueva ley que más alarma a las organizaciones que
defienden los derechos humanos es la obligación que tienen ahora los servidores
de Internet de conservar durante dos años los «históricos» de navegación de
cada internauta, y entregárselo a las autoridades siempre que lo soliciten.
Siempre
según la información de Myeurop, los 34 millones de internautas turcos están
participando en una campaña simbólica que consiste «en desabonarse de la cuenta
twitter del presidente Gül, particularmente activo en las redes sociales, con
la dirección #UnfollowAbdullahGu”, lo que ha dado como resultado la pérdida de 80.000
seguidores.
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