El
8 de abril de 2014, el tribunal municipal de San Petersburgo sentenció en
apelación que el centro Antidiscriminación Memorial (ADC Memorial) debía poner
fin a sus actividades en Rusia y figurar a partir de entonces en el registro de
«agentes del extranjero». Para Amnistía Internacional (AI), la decisión
judicial representa un ataque contra toda la sociedad civil rusa.
Le
ADC Memorial, que defiende los derechos humanos de las víctimas del racismo y
la xenofobia en Rusia, ha decidido dejar de actuar en el país, para evitar que
sus miembros sean objeto de persecución y hostigamiento continuado.
“El
tribunal podía optar entre dos soluciones y está claro que no ha elegido la justicia
y los derechos humanos. La lamentable decisión que ha tomado se corresponde con
la tendencia dominante, promovida por el gobierno ruso, que quiere dejar su
impronta en todas las actividades de la sociedad civil. Esta sentencia crea un
peligroso precedente, que podría utilizarse en el futuro contra otras ONG’s. Las
autoridades rusas privan deliberadamente a la sociedad rusa de cualquier voz
diferente y atacan a cualquiera que ose criticarlas”, ha manifestado Serguei
Nikitine, director de la oficina en Moscú de Amnistía Internacional.
La persecución a ADC Memorial ha durado más
de un año, desde que, en noviembre de 2012, los servicios de la fiscalía rusa
aseguraron que el informe presentado por la organización ante el Comité de
Naciones Unidas contra la tortura, relatando la violencia policial habitual
contra los roms (gitanos), migrantes y militantes de distintos organismos,
demostraba que la organización estaba implicada en “actividades políticas” y
contravenía la reciente ley al no registrarse como “agente del extranjero”. La
organización había ganado dos denuncias presentadas por la fiscalía en julio de
2013. Sin embargo, en diciembre de 2013, un tribunal de San Petersburgo aceptó
una nueva acusación, por estimar que todas las actividades de ADC Memorial era
“políticas” y la asociación debía figurar en entre los “agentes del
extranjero”.
“El procedimiento no ha sido imparcial. No
han escuchado nuestros argumentos. A nuestros abogados, les interrumpían si
cesar mientras que el fiscal podía expresarse con toda libertad, y sin límite
de tiempo”, ha declarado la directora de ADC Memorial, Stefania Koulaeva, al
conocer la sentencia del 8 de abril.
La
ley de «agentes del extranjero», un auténtico galimatías jurídico aprobado en
2013, impone multas y sanciones administrativas a las organizaciones que
reciban subvenciones del extranjero y lleven a cabo «actividades políticas»,
definidas según criterios imprecisos y el humor de los jueces, sin haberse
declarado «organizaciones que cumplen funciones de agentes del extranjero».
Varias
asociaciones y colectivos cívicos ha n protestado en distintas ocasiones por la
existencia de una ley que viola los derechos de libertad de asociación y de
expresión que, sin embargo, figuran como protegidos en la Constitución del
país.
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