La
decisión de la Corte Constitucional dominicana de retirar la ciudadanía a todas
las personas nacidas en el país de padres inmigrantes desde 1929 ha convertido
en apátridas al menos a 200.000 dominicanos de origen haitiano, denuncia Pamela
Martínez Acheca en un artículo publicado en la página digital GlobalVoices. “La
decisión nº 168 de 2013 del tribunal constitucional se burla de la comunidad
internacional y aclara mucho la polarización que existe en el país”. Las
organizaciones de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional y
Human Rights Watch han denunciado la decisión del Constitucional.
Para
el historiador Bernardo Vega “el estado tiene un compromiso moral con esas
personas” a las que llamó con promesas tras finalizar la primera guerra
mundial, por lo que es “intencionadamente responsable de esas irregularidades”.
Siempre
según la autora del artículo, la historiadora Rosario Espinal añade un aspecto
diferente en un escrito titulado “Matanza electoral”. Publicado en su blog y en
varios periódicos de difusión nacional, asegura que las drásticas medidas
adoptadas responden a intereses políticos y no racistas: “El objetivo inmediato
de esta desnaturalización de algunos dominicanos de origen haitiano es
retirarles de la lista electoral, impedir que puedan votar. La Corte
Constitucional ha utilizado varias sutilezas jurídicas para llegar hasta la
fecha de 1929” y poder retirarles de los censos del registro civil.
Eliminándoles electoralmente legaliza lo ilegal. Este es el nuevo orden
constitucional dominicano”.
Los
motivos quizá haya que buscarlos también en la manifestación que el pasado 4 de
noviembre de 2013 organizó la coalición Dominicanos y Dominicanas por los
Derechos; sus afiliados y simpatizantes de la región de Enquillo desfilaron por
la zona de los bateys (comunidades rurales situadas en la periferia de la zona
productora de azúcar), como gesto de protesta contra el proyecto de
desnaturalización de los dominicanos de origen haitiano.
En
cuanto al presidente del país, Danilo Medino, lejos de pronunciarse en contra
de la medida lo que ha hecho ha sido reunirse con decenas de embajadores
acreditados en la república, para explicarles la sentencia del constitucional.
Por
su parte, el escritor peruano-español y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas
Llosa, en un artículo titulado Los parias del Caribe, publicado en el diario El
País, compara la decisión del tribunal dominicano con las leyes nazis contra
los judíos y denuncia la complicidad del estado dominicano en los procesos de
migración clandestina: “La hipocresía se añade a la crueldad y a la falta de
humanidad de semejantes jueces. Saben muy bien que la inmigración clandestina o
ilegal… que comenzó en los primeros años del siglo XX es un fenómeno social y
económico complejo que en algunos momentos –precisamente en los momentos de
gran prosperidad- estuvo animado por los propietarios rurales y los empresarios
dominicanos para conseguir mano de obra barata para la recogida de la caña de
azúcar, la construcción o el trabajo doméstico… Todo ello con el conocimiento y
la tolerancia de las autoridades, ellas mismas conscientes de las ventajas
económicas que representaba para el país”.
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