En el sentido más metafórico, aquí
nos apuntamos a un bombardeo; pero también en el más literal. Recuerden si no
cuando el hoy “conferenciante” Aznar decidió sumarse a la intervención en Irak.
La guerra, y sus bombas, la ponían
Bush, Blair, el español y un convidado de piedra portugués; y los muertos, como
siempre, los poníamos nosotros, la gente de a pie, las personas “ordinarias”.
Como caso ejemplar el de José
Couso, asesinado por un misil estadounidense, por “fuego amigo”, el 8 de abril
de 2003, cuando desde un tanque M1 Abrams dispararon al Hotel Palestine de
Bagdad, donde se encontraban la mayoría de los corresponsales y enviados
especiales a la guerra. José Couso, cámara freelance que trabajaba para el
canal español (y de Berlusconi) Tele 5, estaba grabando en el piso 14 del edificio
cuando llegó el bombazo, y resultó gravemente herido; poco después, falleció en
el hospital mientras le operaban.
Ahora, 13 años después del
asesinato, tras múltiples denuncias y varios jueces instructores, y agotados
todos los recursos judiciales, el Tribunal Supremo ha confirmado, el 28 de
octubre de 2016, el sobreseimiento del “caso Couso”, al tiempo que califica de
“lamentable la escasa colaboración” judicial prestada por la Administración
estadounidense para esclarecer los hechos. También ha rechazado presentar
cuestión de inconstitucionalidad contra la última reforma de la justicia
universal, una más de las perlas que nos deja el primer gobierno del más que
conservador Mariano Rajoy y que piensa prolongar en este segundo mandato apenas
iniciado, porque ya ha explicado que se sube al sitial con todo lo anterior, y
“si acaso, alguna reforma sensata” para ir dando carnaza a quienes le han
votado y, sobre todo, a quienes han pasado por la vergüenza de la abstención
ignominiosa. (Inútil decir que el baremo de la sensatez está en sus manos, como
todo lo demás).
Lo que ha hecho el Supremo ha sido
desestimar los recursos de la familia Couso y la Asociación Libre de Abogados
contra el auto de la Audiencia Nacional, de 25 de noviembre de 2015, que
rechazaba plantear dicha cuestión de inconstitucionalidad, así como la
conclusión del sumario y el sobreseimiento de la causa. A la familia le queda
todavía el recurso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La reforma de la Ley de Justicia Universal,
aprobada por el rodillo parlamentario del PP en 2014 acabó con la posibilidad
de perseguir judicialmente en España delitos internacionales, como crímenes de
guerra cometidos contra españoles en el extranjero, que es justamente el caso
de José Couso cuya familia -madre, mujer, hijos, hermanos-, a través del
portavoz David Couso, se ha mostrado “sorprendida de que la noticia del
sobreseimiento llegue justamente el día de la investidura del presidente
Rajoy”. Yo también me sorprendo, como me sorprendo cada día con los
acontecimientos impagables que nos sirve la actualidad patria, y con las idas y
venidas de algunos colegas.
La modificación de la Ley se llevó
a cabo ignorando las voces autorizadas que denunciaban una vulneración de las
convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario. En las
filtraciones de documentos diplomáticos de Estados Unidos, publicada en el
portal de Wikileaks a partir del 28 de noviembre de 2010, aparecen cables de la
embajada estadounidense en Madrid que revelan las presiones del entonces
embajador, Eduardo Aguirre, sobre la investigación del asesinato de José Couso.
Hasta la fecha, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido que los
tribunales españoles carecen de jurisdicción por tratarse de un acto de guerra
llevado a cabo en territorio iraquí. Como respuesta a una Comisión Rogatoria
enviada por el juez Santiago Pedraz, la Administración Obama respondió con una
investigación interna realizada por la Jurisdicción militar que confirmaba la
muerte de Couso como consecuencia del disparo del carro de combate pero no
apreciaba responsabilidad penal alguna en quienes actuaron dentro del vehículo.
A pesar de haber tres militares estadounidenses procesados, la nueva
legislación española vino a dar carpetazo al proceso. Carpetazo que ahora es
casi definitivo.
En diciembre de 2010, Javier Couso
denunció ante la Fiscalía de Madrid a los miembros del gobierno, la fiscalía y
la judicatura que, a la vista de los documentos filtrados, maniobraron para que
no prosperaran las demandas de investigación y las denuncias presentadas ante
la Audiencia Nacional, lo que le parecía “ser indicativo de la existencia de
una conspiración o concierto delictivo entre funcionarios de la Administración
y altos cargos españoles, por una parte, y funcionarios de una embajada
extranjera, por otra”. Denuncia que, como no podía esperarse otra cosa, fue
archivada “por carecer de fundamento”. El “fundamento” también es algo que
depende de quién lo aprecie.
Trece años después del asesinato de
José Couso, la familia mantiene alto el pabellón y se empeña en un nuevo
recurso mientras los compañeros y amigos no han dejado de concentrarse para
protestar ante la Embajada de EEUU en cada triste aniversario.
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