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| La ministra Nyssen en la Asamblea Nacional |
En sesión nocturna, la noche del 9 al 10
de octubre de 2018, la Asamblea Nacional francesa ha aprobado la controvertida
proposición de ley contra la manipulación de la información en período
electoral. El texto debe ahora pasar al
Senado –que ya lo rechazó en una primera lectura- antes de su aprobación definitiva.
"Frente a los cada vez más intentos
de manipulación, es urgente reaccionar », ha dicho la ministra de Cultura,
Françoise Nyssen en su intervención en defensa de la ley contra las fake-news, o falsas noticias. “Se han previsto todas las salvaguardas. El
proyecto no restringe en absoluto la libertad de expresión”, ha asegurado
respondiendo a las críticas de la oposición, que considera que la información
falsa ya está penada en la ley de libertad de prensa de de 1881 que siglo y medio después sigue vigente, y las
asociaciones de periodistas que, en el mejor de los casos consideran el
proyecto “inaplicable” e “ineficaz”, y en el peor “peligroso para la libertad
de opinión”.
Para la ministra Nyssen, que quiere
crear un consejo de deontología de la prensa, « la primera muralla contra
la desinformación y la manipulación tienen que seguir siendo los medios y los
periodistas ».
La propuesta aprobada –que tiene dos
versiones, como ley ordinaria para las elecciones en general y como ley
orgánica para el caso de las elecciones presidenciales- establece que un partido o candidato podrá
recurrir a un juez para que ponga fin a
la difusión de informaciones falsas durante los tres meses anteriores a un
escrutinio nacional. « Para que la intervención judicial esté justificada
–ha explicado la ministra- la información tendrá que ser manifiestamente falsa
y difundida de manera deliberada, masiva y artificial”, incluyendo las nuevas
variables de la información, en Internet y en redes sociales.
El proyecto de ley impone a las plataformas
digitales, como facebook, twitter, etc., obligaciones de transparencia cuando
difunden contenidos pagados. El Consejo Superior del Audiovisual (CSA),
autoridad francesa de regulación de la televisión y la radio, podrá « ordenar
la suspensión de la difusión de un servicio” controlado o bajo influencia de un
estado extranjero “si de manera deliberada difunde informaciones falsas
destinadas a alterar la sinceridad del escrutinio”.
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