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| Garzón y Assange en la emabajda de Ecuador en Londres |
Refugiado desde hace seis años
en la embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange, australiano de 47 años
fundador de Wikileaks, quiere acusar al
gobierno de Quito de “violar sus derechos fundamentales y su libertad” y de
hacerle vivir «una situación inhumana”, según una información publicada este
fin de semana en varios diarios internacionales.
En un comunicado, Wikileaks,
organización especializada en fugas informativas, anuncia que será el ex juez
español Baltasar Garzón, que se encarga de la defensa de Assange en las varias
causas que tiene abiertas, fundamentalmente en Estados Unidos, y que le
obligaron a buscar refugio en 2012 en la embajada de Ecuador para evitar ser
extraditado a Suecia (donde se le perseguía por violación, una causa que se
sobreseyó en mayo de 2017), quien se encargue también de su querella contra el
gobierno ecuatoriano.
Al mismo tiempo, Baltasar Garzón,
celebró una rueda de prensa el jueves, 18 de octubre, en Ambato (Ecuador),
donde explicó que hace siete meses que ese país amenazó con retirar a Assange
la protección que disfrutaba y le cortó la comunicación con el mundo exterior,
impidiéndole acceder a Internet: “No es una situación cómoda, es una situación
inhumana. Tarda en llegar una solución que ya debería haberse encontrado entre Ecuador, Gran
Bretaña y Estados Unidos”.
En marzo pasado, el gobierno ecuatoriano
anunció que había cortado los sistemas de comunicación con el exterior de
Assange porque “había faltado a su compromiso escrito de no publicar mensajes
que pudieran ser una injerencia en la relación de Ecuador con otros estados”,
al publicar una serie de tuits en los que denunciaba la situación del
independentista catalán Carles
Puigdemont, huido a Bélgica, o las
sanciones británicas contra Rusia por el caso de envenenamiento del
agente Skripal y su hija.
Sobre
Julian Assange pesa todavía la amenaza de extradición a Estados Unidos por la
publicación en 2010 de cientos de miles de documentos diplomáticos y secretos
militares, y la negativa de la justicia británica a retirar su orden de arresto
por no respetar en 2012 las condiciones de
la “libertad con fianza” y
refugiarse en la embajada ecuatoriana.
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