El
boletín de asuntos legalesNetizen, editado por Global Voices
Advocacy, departamento legal de la ONG Global Voices, publica un texto que
ayuda a hacerse una idea de los desafíos, victorias y tendencias emergentes en
el terreno del derecho de Internet y las libertades digitales.
En
el mes de abril de 2015 ha surgido toda una oleada de leyes contra la
cibercriminalidad en el mundo entero. Las nuevas leyes preparadas en Egipto,
Pakistán y Tanzania, destinadas a combatir numerosos delitos en Internet, al
mismo tiempo amenazan muchos de los derechos fundamentales de los usuarios de
Internet.
En
Pakistán se va a debatir en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de
Prevención de Delitos Electrónicos. De aprobarse, la ley ampliaría de manera
importante la definición de ciberdelito, incluyendo las críticas políticas y
otras formas de expresión en línea; también autorizaría a las autoridades a
bloquear cualquier sistema informativo (incluidas las páginas de Intenet) en
caso de atentado “a los intereses de la religión, la seguridad o la defensa de
Pakistán, sus relaciones diplomáticas, el orden público, el civismo y las
buenas costumbres”. Además, el proyecto establece nuevos criterios para que los
proveedores de servicios en línea puedan guardar los datos de los usuarios y
dota de más competencias a las agencias gubernamentales para obtener e
intercambiar datos de usuarios con otros gobiernos, entre ellos Estados Unidos.
En
un artículo dedicado a los fallos del proyecto, el diario nacional Express
Tribune consideraba el texto como «más amenazador para todos cuantos se mueven
en Internet que protector de los ciberciminales». Algunas ONG’s, entre ellas
Human Rights Watch, Article 19, Digital Rights Foundation Pakistant y Bolo
Hobi, han publicado un comunicado conjunto en el que expresan sus inquietudes
en relación con el proyecto de ley, acompañado de una petición en línea
pidiendo al legislativo que sondee a la opinión pública antes de aprobarlo.
Por
su parte, el gobierno egipcio ha ratificado un proyecto de ley destinado a
codificar distintas prácticas de vigilancia y seguridad digitales, que son
habituales aunque no legales todavía con el actual gobierno. Según la página
informativa Alaraby, esa ley castigaría con cadena perpetua la blasfemia y los
delitos electrónicos cometidos para alterar el orden público, poner en peligro la
seguridad de la sociedad o atentar contra la unidad nacional y la paz social.
Mientras
tanto, el Parlamento de Tanzania aprobó el 1 de abril una ley del mismo tipo
que declara ilegal la publicación de informaciones «engañosas y falsas» y dota
a la policía de amplias prerrogativas en materia de investigación y registros.
El texto incrimina igualmente el envío de información «no solicitada previamente»
a través de medios electrónicos. La izquierda del país asegura que se ha elaborado
de manera precipitada y lamentan que de tanto poder discrecional a las
autoridades.
En
China, los pseudónimos y los perfiles son los últimos objetivos de las medidas
restrictivas aprobadas en materia informática; pseudónimos que los usuarios
utilizan habitualmente cuando quieren denunciar o apoyar causas políticas. Por
ejemplo, en el otoño de 2014 muchos internautas chinos cambiaron la imagen de
su perfil por el logo del paraguas, en solidaridad con las manifestaciones
pro-democráticas de Hong-Kong. Las nuevas medidas penalizan la utilización de
avatares o identidades digitales que “violen las leyes existentes, creen una
amenaza nacional para la seguridad o destruyan la unidad étnica”; en resumen,
ya no pueden aparecer los paraguas ni ninguna otra seña de identidad
“políticamente incorrecta”. Pocos días antes de su entrada en vigor, una mano
misteriosa “purgó” las cuentas de más de 60.000 usuarios de redes sociales.
En
cuanto a lo que ocurre por aquí, en un crítico editorial titulado Spain’s
Ominous Gag Law – La ominosa Ley Mordaza de España-, el prestigioso diario
neoyorquino The New York Times la equipara con el régimen de la dictadura de
Franco: “La nueva ‘Ley Mordaza’ de España se remonta inquietantemente a los
días oscuros del franquismo”. Algo que, según el periódico, “tiene lugar en una
nación democrática, donde los españoles, como ciudadanos de la Unión Europea,
deben tener más que un virtual derecho a la protesta pacífica y colectiva”.
Además,
el editorial, recogiendo la opinión desfavorable de los relatores de la ONU que
el propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, cuestionó asegurando que
no se habían leído la norma, exige a los organismos europeos actuar contra
ella: “La Comisión Europea debe actuar con rapidez para condenar la nueva ley”.
Metiendo
más el dedo en la llaga, desde el New York Times interpretan que el propósito
principal de la ley es “ayudar al partido gobernante a mantener su control del
poder, desalentando las protestas contra la austeridad...".
Según
el diario digital El Confidencial, “desde
criticar en Twitter hasta piratear por lucro: por esto podrán registrar tu PC.
Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la policía podrá instalar
'software' en los dispositivos electrónicos personales con el fin de investigar
delitos menores”.
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