Tras varios meses de procedimientos judiciales, la dirigente birmana Ang San Suu Kyi. Premio Nobel de la Paz, derrocada el pasado 1 de febrero de 2021 tras un golpe de estado militar, ha sido condenada este lunes, 6 de diciembre, a cuatro años de cárcel: dos por “incitación a la alteración del orden público” y otros dos por “violación de los protocolos del Covid-19”.
Esta
es solo la primera de las resoluciones de las más de una docena de acusaciones
presentadas contra la exdirigente, quien de facto ha estado dirigiendo el país durante los
últimos diez años. Los procesos pendientes incluyen cargos de corrupción,
violación de secretos de estado, violación de ley de telecomunicaciones e incluso
hasta la compra clandestina de walkies-talkies
para los miembros de su escolta personal, todo lo cual podría suponerle más de
un siglo de cárcel.
Aung San Suu Kyi, de 76 años, ha negado la totalidad de las acusaciones. Sus partidarios están
convencido de que todo el rosario de acusaciones tiene por objeto conseguir que
ponga fin a su carrera política y poder mantenerla encarcelada mientras los
militares autores del golpe consolidan su poder y nombran un nuevo gobierno.
Los responsables del ejército, por su parte, aseguran que Ang San Suu Kyi –quien
según sus abogados se encuentra bien de salud- está siendo juzgada por un
tribunal independiente presidido por un juez nombrado mientras ella ostentaba
el poder.
A los medios de comunicación no se les ha
permitido asistir a las sesiones del juicio, que ha tenido lugar en la capital, Myanmar
(Naypyidaw). Los abogados de la acusada
tienen prohibido dar información a los medios y al público en general.
Birmania está paralizada desde
el golpe de estado por las protestas y la represión contra los opositores de la
nueva Junta militar, considerados « terroristas » y condenados como
tales. Distintos gobiernos occidentales y organizaciones de defensa de los derechos
ahumanos han solicitado, en varias ocasiones, la libertad de la dirigente
derrocada, quien desde el 1 de febrero pasado se encuentra en arresto
domiciliario, mientras los generales que actualmente encabezan el régimen continúan
llevando a cabo una represión sangrienta, con más de 1,300 civiles asesinados y
más de siete mil detenidos, según la ONG local Asociación de Ayuda a los Presos
Políticos (AAPP), que denuncia casis de torturas, violaciones y ejecuciones
extrajudiciales.
En las últimas semanas,
distintos tribunales de la nueva Junta han pronunciado penas severas para otros
importantes miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND) -el partido
que fundó Aung San Suu Kyi cuando, en 2010, quedó en libertad tras décadas de
confinamiento domiciliario- ganador de las últimas elecciones celebradas en 2020, en las que los militares
de la Junta aseguran que se cometieron “más de once millones de irregularidades”.
Según información del canal Al
Jazeera, desde que asumió el poder el general Min
Aung Hlaing –hundiendo al país, “que avanzaba lentamente hacia la democracia”,
en una crisis interminable- una
ex diputada de la LND ha sido condenada a 75 años de cárcel y trabajos forzados
por corrupción, y un estrecho colaborador de la dirigente, de 80 años de edad,
a más de veinte años de cárcel. Otros destacados miembros del partido se han
pasado a la clandestinidad, algunos han abandonado el país y los más
persistentes han creado un gobierno “fantasma” de resistencia, al que llaman
gobierno de unidad nacional. En todo el país se han creado milicias civiles
contrarias a la Junta, conocidas como
Fuerzas de Defensa del Pueblo mientras el general Min Aung Hlaing amenaza
con disolver la LND y convocar nuevas elecciones antes de agosto de 2023.
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