En esta primera semana de abril de
2016, Francia se ha convertido en el quinto país europeo, y el sexto del mundo,
que penaliza a los clientes de las prostitutas, tras Suecia (1997), Noruega e
Islandia (2009), Irlanda del Norte y Canadá (2014),en lo que ha sido una larga
marcha de dos años y medio de debate parlamentario del primitivo proyecto de
Ley sobre la prostitución, aprobada ahora definitivamente a pesar de la
oposición del Senado. “Las prostitutas serán consideradas ahora como víctimas y
no como delincuentes», manifiesta la diputada socialista Maud Olivier, autora
del inicial texto legal junto a Catherine Coutelle (PS) et Guy Geoffroy (LR,
Los Republicanos, la nueva formación que preside Nicolas Sarkozy), “a partir de
ahora el responsable es el cliente”. La “compra del acto sexual” va a acarrear
una multa de hasta 1.500 euros (hasta 3.500 en caso de reincidencia).
Además de la penalización del cliente,
entre las principales medidas adoptadas figura la abrogación del delito de
“racolage pasivo”, (captación de clientes incluso de forma pasiva. El artículo
225-10 del código penal, introducido en el derecho positivo mediante la Ley de
seguridad interior de 2003, en la época en que Nicolas Sarkozy era Ministro de
Interior, castigaba con dos meses de cárcel y 3.750 euros de multa “el hecho,
por cualquier medio incluida una actitud pasiva, de captar públicamente a otros
para incitarles a mantener relaciones sexuales a cambio de una remuneración, o
de una promesa de remuneración”). También, en el caso de que alguna prostituta
decida abandonar la actividad, se le ofrecerá apoyo social y económico y, en el
caso de las extranjeras, un permiso de residencia temporal.
El Senado ha venido oponiendo su
veto a la proposición de ley desde que fue presentada por el Partido Socialista
(PS) en la Asamblea Nacional, en diciembre de 2013. En julio de 2014, en
primera lectura, el Senado retiraba la penalización de los clientes del texto,
aprobado por la cámara baja en noviembre de 2013. De nuevo, en octubre de 2015
y en segunda lectura, la cámara alta se oponía a la penalización de los
clientes. Ahora finalmente, en marzo de 2016, el Senado ha aprobado la
proposición de ley socialista aunque “rechazando la penalización de los
clientes prevista en el texto”. Una objeción, la de los senadores, que ya no
tenía más valor que el de figurar en el diario de sesiones porque la
responsabilidad final de la ley, apoyada por el gobierno de Hollande,
correspondía en última instancia a la Asamblea.
Rechazada por las asociaciones de
prostitutas, que defiende su trabajo como voluntario –poco antes de la lectura
del texto definitivo en la Asamblea, una manifestación de “trabajador@s del
sexo protestaba porque la ley va a aumentar la represión policial y precarizar
las condiciones de trabajo”, según el Sindicato del Trabajo Sexual (STRASS),
cuya portavoz, Morgane Merteuil, ha denunciado en Facebook “el ambiente que va
a crear, favoreciendo nuestra precariedad y nuestras violaciones”- y aplaudida
por diversos colectivos feministas -como Zeromacho, que venía demandándola
desde su creación en 2011 y en un comunicado se felicita y considera que la
llegada de la ley se ha debido a la conjunción de varios factores: el
compromiso de muchas políticas, con el apoyo de algunos políticos; la voluntad
del gobierno; las aportaciones de médicos que han descrito la violencia y los
malos tratos que padecen las personas dedicadas a la prostitución; el colectivo
de 60 asociaciones (Abolition 2012) que se han manifestado periódicamente
pidiendo la intervención de distintos políticos; el testimonio de mujeres que
han abandonado la prostitución, especialmente el de Rosne Hicher, que en 2014
recorrió 714 kilómetros a pie, de su casa al Senado, para pedir la ley; los
distintos casos de Strauss-Khan (2011-2015) y el manifiesto de los “343
salauds” (cabrones, en 2013 lo iniciaron 19), “que desconcertó a la opinión
pública por la violencia machista que expresaba”. Evidentemente, los “343
salauds” eran un revival de “las 343 salopes” (guarras) de 1971. En aquel
texto, escrito por Simone de Beauvoir para defender el derecho al aborto, y
publicado en el semanario Le Nouvel Observateur, que entonces todavía era un delito,
las firmantes escribían: “Declaro que soy una de ellas. Declaro haber abortado”
(Si se recuerda, en España se produjo una reacción parecida ante los últimos
juicios por aborto, antes de la promulgación de la ley socialista del derecho
al aborto, hoy tan recortada, cuando cientos de mujeres se manifestaron en las
principales ciudades tras una pancarta que rezaba “Yo también he abortado”).
Conviene detenerse un poco en este
manifiesto firmado por 343 “cabrones”, personalidades intelectuales y sociales
mayoritariamente de derechas y “neoreaccionarios”- “Homosexuales o
heterosexuales, libertinos o monógamos, fieles o volubles, somos hombres”- que
protestaban por la proposición de ley y defendían el oficio más viejo del mundo
y su derecho a “ir de putas” (una “costumbre” que en España, explicaba hace
unos años el crítico y director de cine Jesús García de Dueñas (1939), “ha
desaparecido en mi generación porque hemos podido acostarnos con nuestras
novias”, aunque parece que allí no se trata de eso)- y publicado en el mensual Causer
(*) con el titular “Touche pas à ma pute! (No toques a mi puta), y en el que la
directora, Elisabeth Lévy, veía “un deseo de joder a las feministas de hoy…que
solo se centran en el reparto de tareas en el hogar”, y una forma de
defender “el derecho a la diferencia”, “el derecho a gozar” y… “la causa
de los hombres”. Por su parte, los firmantes manifiestaban su rechazo a que
“los diputados dicten normas sobre sus deseos y placeres” y, eso sí, condenaban
el sexo “sin consentimiento… la violencia y el tráfico de seres humanos”.
Desde el comienzo de la
tramitación, esta Ley sobre la Prostitución ha levantado más voces públicas en
contra, que favorables, basadas sobre todo en la desaparición del delito de
captación de clientes. De “aberración jurídica” la calificaba en sus orígenes
en el diario Le Figaro, el abogado Nicolas Gardères, quien citaba un informe de
expertos de Médicos del Mundo, quien consideraba que “la represión legislativa
de la prostitución siempre ha tenido como consecuencia el aislamiento de los
trabajador@s del sexo, aumentando su precariedad, obstaculizando su acceso a la
prevención y los tratamientos y reforzando su exposición a la violencia y la
explotación (…) Estamos pues frente a una ley, rechazada por quienes está
destinada a proteger, así como por quienes les ayudan y protegen
efectivamente”.
Casi en el mismo sentido, el diaro
Libération publicaba en septiembre de 2013 un manifiesto firmado por Jóvenes
Radicales de Izquierda (JRG), el movimiento Planning Familial, el grupo
Homosexualités et Socialisme (HES), y con el apoyo del Movimiento de los
Liberales de Izquierda (MLG), que comenzaba con una frase lapidaria: “Una
legislación abolicionista no hace más que aumentar la clandestinidad de las
personas prostituidas y complicar el trabajo de prevención”, y continuaba
diciendo que “el ejemplo sueco ha demostrado que una legislación abolicionista,
incluso prohibicionista cuando penaliza el recurso a la prostitución, aunque
menos visibles a las personas prostituidas no hace más que aumentar su
clandestinidad y por tanto su vulnerabilidad. La abolición, y su primer brazo
armado que es la penalización de los clientes, arregla la cuestión de la
explotación sexual y la trata humana. Desde su aplicación en 1999, la ley no ha
mejorado las condiciones de vida de l@s trajador@s del sexo, sino que por el
contrario las ha empeorado”, según un informe del programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo de 2012.
La última pregunta que se hacen
todos ahora, y para la que nadie tiene respuesta de momento, es cuando se
promulgará y, sobre todo, como se aplicará esta ley.
(*) Aunque el periódico digital
(mensual en papel) Causer, subtitulado «Surtout si vous n'êtes pas d'accord»
(Sobre todo si usted no está de acuerdo) se revindica políticamente
inclasificable, se puede apreciar en su línea editorial una dominante de
derechas conservadora, soberanista y republicana, a través de sus críticas de
la mundialización, la construcción europea y las reformas sociales.
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