Anisa Rasooli, primera magistrada del Tribunal Supremo de Afganistán
Al llegar al poder, el
pasado 15 de agosto de 2021, los talibanes abrieron las cárceles de Afganistán
y dejaron en libertad a los presos, miles de delincuentes condenados por
violación, asesinato y tortura. Una información de la televisión pública
británica, BBC, asegura que algunos de esos criminales, ahora en libertad, que
fueron condenados por mujeres, quieren vengarse de las mujeres que les encerraron
en las prisiones.
Durante los veinte años
transcurridos entre las dos ocasiones en que los talibanes se han hecho con el
poder en el país, aunque la situación “estaba muy lejos de ser ideal, y la
corrupción era endémica”, las mujeres han disfrutado de « una relativa
libertad », el sistema judicial funcionó, bien que mal según criterios que
nos resultan familiares, y hasta 270 mujeres obtuvieron el título de juezas.
Ahora, cuando de nuevo “los
talibanes torturan, cuelgan y exhiben los cadáveres de las víctimas de su
justicia expeditiva”, ha vuelto también la Ley del Talión. La información de la
BBC explica que las juezas –ex juezas para ser exactos, en Afganistán las mujeres
ahora no pueden trabajar- que ayer
condenaban a los criminales afganos hoy se ven perseguidas –“como animales
salvajes”- por esos mismos delincuentes.
Masooma, una de esas juezas
que se esconde tras un pseudónimo, ha contado a los periodistas del canal
británico que huyó de su casa en cuanto supo que los talibanes habían abierto
las cárceles. “Cuando pronuncié una sentencia de veinte años de cárcel, el
hombre que había matado a su mujer se me acercó y dijo: ‘cuando salga de la
cárcel te haré lo mismo que le hice a mi esposa. Te encontraré y me vengaré”. Unos vecinos le enviaron un mensaje al móvil, informándole
de que un grupo de talibanes se habían presentado en su domicilio, buscándola.
Al menos, dice el artículo de la BBC, 220 ex juezas
están escondidas en este momento en Afganistán: “Los testimonios de seis de
ellas, recogidos en diferentes provincias, son casi idénticos. Todas han
recibido amenazas de talibanes que habían condenado a penas de cárcel, entre
otros delitos por asesinar a sus mujeres. Todas cambian de escondite con
frecuencia. Todas aseguran que los talibanes han ido a sus domicilios y han
interrogado a los vecinos para saber donde están ».
Preguntado, el portavoz de los talibanes ha dicho a la
BBC que no existen motivos para que las
juezas tengan miedo, porque nadie tiene derecho a amenazarlas: “Nuestras
unidades militares especiales están obligadas a investigar esos casos si se
denuncian, y a actuar en caso de que exista infracción”.
Muchas de las juezas eran la principal fuente de
ingresos en el hogar; privadas ahora de su salario están viviendo de la caridad
de sus familiares, a quienes los talibanes están siguiendo para interrogarles y
averiguar el paradero de las juezas, como le ocurrió al hermano de Sanaa (otro
pseudónimo), al que tiraron por las escaleras y golpearon con la culata de un
fusil.
Según la organización de defensa de los derechos
humanos Human Rights Watch, el 87% de
las mujeres y niñas de Afganistán sufren algún tipo de agresión a lo largo de
su vida y, para la mayoría, “la huída no es una opción”.
A estas alturas ya sabemos
que, digan lo que digan sus portavoces oficiales, cuando el pasado 15 de agosto los talibanes
se hicieron con el poder en Afganistán trajeron de vuelta con ellos la política
de opresión de las mujeres. Ya sabemos que cada vez son menos las que pueden
estudiar o trabajar. Como ejemplo, las declaraciones del nuevo rector de la
Universidad de Kabul, Ashraf Ghairat, de 34 años y sin experiencia previa,
quien ha decretado que “hasta nueva orden, las mujeres no podrán estudiar ni
trabajar”.
A este “intelectual”, que
también ha dicho que las escuelas del país eran “centros de prostitución”, sus ex compañeros de clase le describen como « un
estudiante aislado con puntos de vista extremistas, que tenía problemas con las
compañeras y las profesoras” según un artículo firmado
por Bérengêre Viennot en el digital francés
Slate,
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