Aung San Suu Kyi en la ONU en 2019
Juzgada a puerta cerrada y por videoconferencia en
menos de una hora, y sin presencia de su abogado, el pasado martes 16 de
febrero de 2021 la ex Consejera de Estado Aung San Suu Kyi ha respondido al
tribunal de la localidad de Naypyidaw de una acusación de violación de la ley
de gestión de catástrofes naturales, por haber estado en contacto con la
multitud en plena pandemia del coronavirus.
Todavía tiene
pendiente otra acusación por importar ilegalmente seis walkies-talkies y otros
objetos que encontraron en su domicilio cuando, el pasado 1 de febrero, la
detuvieron al alba las tropas del general Min Aung Hlaing.
Las mismas acusaciones pesan también sobre el
presidente de Birmani, Win Myint, igualmente detenido el 1 de febrero. Según el
diario New York Times, ambos pueden ser condenados a seis años de cárcel.
El corresponsal del diario francés Libération explica
en su crónica de hoy que a pesar de ser “la gran ausente”, Aung San Suu Kyi se encuentra en todas partes: “en las
camisetas, en lan pancartas de los manifestantes y en las del movimiento de
desobediencia civil que invadió masivamente el miércoles las calles de Rangún y Mandalay”
Khin Maung Zaw, el abogado de Aung San Suu Kyi que no
pudo asistir a la vista porque no había acudido el fiscal, explicó a los
periodistas concentrados en la puerta que está prevista otra audiencia el
próximo 1 de marzo, y que piensa que todo el proceso puede durar seis meses, o
incluso un año. Khin Maung Zaw, quien dispone de poco tiempo para preparar la
defensa, cree que podrá desmontar la acusación de importación ilegal ya que los
walkies-talkies fueron puestos a disposición de la “dama de Rangún” por el
Ministerio del Interior –controlado y dirigido por el ejército- para que los utilizara su equipo de seguridad:
“Es lo que primero que voy a plantear al tribunal- ha dicho- Veremos cómo
responde”.
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