Un informe hecho público por varias ONG’s
marroquíes el 4 de marzo de 2015, en Rabat , da cuenta de la persistencia de la
discriminación de las mujeres en el reino de Mohamed VI, cuando se cumplen
justamente 20 años de la cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Pekín+20,
y en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y de
la 59 sesión de la Comisión de la ONU sobre la condición de la mujer en
el mundo, que tendrá lugar del 9 al 20 de marzo en la sede de Naciones Unidas,
en Nueva York.
El informe, que ha coordinado la Asociación
democrática de Mujeres de Marruecos, y ha contado con el apoyo de la Unión
Europea parte de la realidad de que el gobierno marroquí no tiene voluntad de
acatar, pese a haber ratificado muchos de ellos, los convenios internacionales
que consagran los derechos de las mujeres. Del informe se desprende que la
situación de las mujeres en Marruecos sigue siendo preocupante, a pesar de los
avances registrados en las leyes.
“El gobierno no
da muestras de tener voluntad de hacer valer la supremacía de los convenios
internacionales. Va muy lenta la ejecución de numerosas reformas”, constata el
informe que denuncia la “ausencia de una visión global de las instituciones en
materia de servicios y ayuda a las mujeres víctima de violencia”. Por no citar
más que un caso, se lee en el diario francés Libération, “el 62,8% de las
mujeres sufren agresiones violentas, y el 55% de ellas en el marco conyugal”,
según una investigación oficial llevada a cabo en 2009. El comportamiento de
las autoridades marroquíes tampoco responde a las normas internacionales en
materia de prevención, protección, represión de los agresores y ayuda a las
víctimas.
En otros
aspectos, el Código de Trabajo no se ocupa de sectores de actividad «prevalentemente
feminizados», como el servicio doméstico o el trabajo agrícola no asalariado,
ni tampoco del acceso a los recursos, y especialmente a la tierra. “Las mujeres
de las tierras colectivas –señala el informe- están excluidas de las
indemnizaciones previstas para la cesión o explotación de dichas tierras".
En el plano
político, las mujeres solo representan el 17% de los diputados, y solo 7
mujeres ocupan puestos que tienen influencia en el funcionamiento del
Parlamento. Por no hablar de la presencia de mujeres en el gobierno, que
desciende: en 2007 eran el 21,2% y en 2014 el 12,8%). Y pese a que las mujeres
representan más de dos tercios de los funcionarios, solo el 12% ocupan puestos
de dirección.
Respecto a las
familias, el informe lamenta que se mantengan normas discriminatorias como el
matrimonio de menores, que se ha duplicado entre 2004 y 2013 (pasando de 18.341
a 35.152), la poligamia, el matrimonio con no musulmanes, prohibido solo a las
mujeres, o el acceso a los procedimientos de divorcio, en los que la mujer está
obligada a presentar pruebas; así como los casos de expulsión del domicilio
conyugal, que afectan muy mayoritariamente a mujeres, la tutela legal que no es
igual para padres y madres, salvo en casos de fallecimiento o incapacidad
jurídica del padre, y la legislación sobre sucesiones o nacionalidad, que el
padre puede transmitir automáticamente a sus hijos, incluso con efecto
retroactivo, pero no a una esposa extranjera.
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