Los acontecimientos se están
acelerando. La estrategia del miedo alcanza cotas insospechadas. En media
Europa se agita de nuevo el fantasma de la posible salida de Grecia de la zona
euro, y se anuncia la catástrofe. Otra vez es ahora o nunca, otra vez es “tiene
que ser ahora, ya, esta semana”. Todo parece indicar que el tiempo se acaba,
que asistimos a las últimas negociaciones entre el gobierno griego y sus
acreedores, esos que sojuzgando a Grecia intentan borrar del mapa europeo la
posibilidad de una alternativa a la austeridad que solo ha traído sufrimiento a
las clases medias, y no digamos a las más desfavorecidas.
Mientras una prepotente Christinne
Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) se permite bromas de
pésimo gusto con el ministro griego de Finanzas, Ianis Varoufakis,
presentándose como “la jefa de los criminales” que han reducido Grecia a la
pobreza extrema en que se encuentra, un nuevo sondeo hecho público el 18 de
junio de 2015, realizado por Pro Rata para la Radio StoKokkino, confirma la
posición predominante de Syriza con un 20% de avance sobre el siguiente
partido, Nueva Democracia, del ex primer ministro Antonis Samaras.
Según el sondeo,
comentado en el digital de referencia de la izquierda griega Okeanews, los
griegos se pronuncian de forma muy mayoritaria en contra de las nuevas medidas
de austeridad que pretenden imponer los acreedores, la Unión Europea (UE) y el
FMI: el 89% se oponen al aumento del IVA en los productos alimenticios, el 88%
están en contra del aumento del IVA en la electricidad y el 83% se manifiestan
contrarios a la bajada de las pensiones.
En lo que se
refiere a las negociaciones en curso, abortadas una y otra vez en los últimos
días, tanto en reuniones a tres del primer Ministro griego, Alexis Tsipras, con
el presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angel Merkel,
como en las sesiones del Eurogrupo (donde el español De Guindos, que se postula
para dirigirlo en el futuro, está haciendo un papelón de insolidaridad
manifiesta) , solo el 7% de los griegos quieren que se acepten las propuestas
de los acreedores contra el 25% que desean que se rompan las negociaciones, y
el 59% que prefieren que se siga intentando un acuerdo. De no lograrse, el 40%
de los griegos piden la celebración de un referendum y el 16% nuevas
elecciones.
Cuando hay previstas dos reuniones más de urgencia –una del
Banco Central Europeo (BCE), convocado por teléfono para mediodía del viernes
19 de junio, y una cumbre de jefes de estado y de gobierno de la Eurozona el
lunes 22-, definidas aún como negociaciones pero a todas luces destinadas a
elevar la presión sobre las autoridades griegas para que finalmente se plieguen
a las órdenes de las instituciones financieras internacionales, y al mismo
tiempo que distintas organizaciones europeas organizan una semana de
solidaridad con el pueblo griego –del 20 al 27 de junio-, que anuncian también
como una semana de resistencia europea, con manifestaciones en París, Londres,
Berlín, Roma…, y ponen a disposición de todos una herramienta en línea -“ Ne soyez pas les complices de l'étouffement de la
Grèce !” (No seáis cómplices del ahogo de Grecia): http://www.audit-citoyen.org/?p=6477-
para hacer patente la solidaridad mediante la firma de un manifiesto
dirigido a los diputados, el Comité para la Verdad sobre la Deuda, constituido
por iniciativa de Zoe Kostantopoulos, Presidenta del Parlamento griego, y
coordinado por Eric Toussaint –historiador y politólogo, miembro del consejo
científico de ATTAC, militante de la Liga Comunista Revolucionaria, uno de los
fundadores del Foro Social Mundial en 2001 y fundador y portavoz del Comité
para la Anulación de la Deuda del tercer Mundo (CADMT)- ha hecho público, el 17
de junio en Atenas, un Informe Preliminar del que reproducimos una
síntesis, publicado en la página digital del CADMT.
El porqué del Comité
En junio de 2015
Grecia se encuentra en una encrucijada. Tiene que elegir entre continuar con
los programas de ajustes macroeconómicos impuestos por sus acreedores, o romper
las cadenas de su deuda (1). Cinco
años después del inicio de los programas de ajuste, el país sigue hundido en
una grave crisis económica, social, democrática y ecológica. La caja negra de
la deuda no se ha abierto. Al día de hoy, ninguna autoridad, griega o
internacional, ha intentado aclarar las causas y modalidades de la sujeción de
Grecia al régimen de la Troika (2). La deuda, en nombre de
la cual no se ha ahorrado nada a la población, sigue siendo el dogma en cuyo
nombre se impone un programa de ajustes neoliberal que va acompañado de la más
profunda y larga recesión jamás conocida en Europa en tiempos de paz.
Afrontar un
conjunto de problemas sociales y económicos es una imperiosa necesidad, lo
mismo que una responsabilidad social. Teniéndolo en cuenta, el parlamento
griego creó en abril de 2015 el Comité para la Verdad de la Deuda Pública
Griega, con el mandato de efectuar investigaciones sobre el origen y el aumento
de la deuda pública, las formas en que fue contratada y el impacto que han
tenido sobre la economía y la población las condiciones fijadas en esos
contratos. El Comité para la Verdad ha tenido la misión de concienciar sobre
las cuestiones relativas a la deuda griega, tanto en el plano interno como a
nivel internacional, formular argumentos y proponer otros para la anulación de
la deuda.
Unos ajustes
claramente políticos a favor de las finanzas privadas
Las
investigaciones presentadas por el Comité en su informe preliminar aclaran el
hecho de que el programa de ajustes al que se ha sometido a Grecia era, y
siguen siendo en su totalidad, un programa orientado políticamente. El análisis
técnico efectuado en variables macroeconómicas y proyecciones de deuda –datos
en relación directa con la vida de la población y sus medios de subsistencia-,
ha permitido confinar las discusiones relativas a la deuda en un nivel técnico.
Esas discusiones se han centrado principalmente en torno a la tesis de que las
políticas impuestas a Grecia iban a permitirle devolver la deuda. Los hechos
presentados en este informe demuestran todo lo contrario.
Los elementos que
utilizamos en este informa demuestran con toda evidencia que Grecia no solo no
está capacitada para devolver la deuda, sino que no debe devolverla, en primer
lugar porque la deuda consecuencia de las medidas de la Troika constituye una
flagrante violación de los derechos humanos fundamentales de los
residentes en Grecia. Hemos llegado a la conclusión de que Grecia no debe pagar
esa deuda a causa de su carácter ilegal, ilegítimo y odioso.
El Comité también
ha estimado que el carácter insostenible de la deuda pública griega lo
conocían, desde sus orígenes, los acreedores internacionales, las autoridades
griegas y los grandes medios de comunicación. Sin embargo, las autoridades
griegas y algunos gobiernos de la Unión Europea se pusieron de acuerdo para
rechazar una reestructuración de la deuda pública en 2010, con el único
objetivo de proteger las instituciones financieras privadas. Los grandes medios
oficiales ocultaron la verdad al público (*), manteniendo que el plan de
salvación iba a beneficiar a Grecia, repitiendo continuamente que la población
estaba pagando sus propias torpezas.
Los fondos
entregados en el marco de los programas de salvación de 2010 y 2012 estuvieron
gestionados desde el exterior, según esquemas complejos, impidiendo cualquier
iniciativa propia en materia presupuestaria. La utilización de esos fondos
estuvo dictada de forma estricta por los acreedores, y hemos descubierto que
menos del 10% del total se destinó a los gastos corrientes del gobierno.
Este informe
preliminar establece un primer esbozo de los principales problemas y retos
relacionados con la deuda pública, así como de las grandes violaciones
jurídicas en lo que se refiere a contratos de préstamos; también plantea las
bases jurídicas que pueden invocarse para la suspensión unilateral de los pagos
de la deuda. Las conclusiones están agrupadas en los siguientes nueve
capítulos:
Crisis bancaria
disfrazada de crisis de la deuda
El capítulo 1,
La deuda antes de la Troika, analiza el aumento de la deuda pública griega
desde los años 1980 y concluye que el crecimiento de la deuda no es el
resultados de un gasto público excesivo, ya que en realidad ha sido menor que
el de otros países de la zona euro. La deuda procede esencialmente del pago a
los acreedores de intereses extremadamente elevados, gastos militares excesivos
e injustificados, una falta de ingresos fiscales debido a la fuga ilícita de
capitales, el coste de la recapitalización de los bancos privados por el Estado
y algunos desequilibrios internacionales, generados por lagunas inherentes al
modelo de la Unión Monetaria.
La adopción del
Euro generó en Grecia un drástico aumento de la deuda privada, a la que se
vieron expuestos los grandes bancos privados europeos, lo mismos que los bancos
griegos. Al aumentar, la crisis bancaria desembocó en una crisis de la deuda
soberana griega. En 2009, haciendo hincapié en la deuda pública e hinchando el
déficit, el gobierno del socialista Georgios Papandreu (octubre 2009-noviembre
2011) presentó como una crisis de la deuda pública lo que en realidad era una
crisis bancaria.
El capítulo 2,
Las evoluciones de la deuda pública griega de 2010 a 2015 establece que el
primer acuerdo de préstamo, de 2010, iba en primer lugar dirigido a salvar a
los bancos privados griegos y europeos, y a permitir a los bancos reducir su
exposición a los títulos públicos griegos.
El capítulo 3,
La deuda pública griega por acreedores en 2015, pone de manifiesto la
naturaleza contenciosa de la deuda griega actual, en relación con las
principales características de los préstamos que se analizan en detalle en el
capítulo 8.
La aceleración
de la privatización
El capítulo 4,
Los mecanismos del endeudamiento en Grecia, desvela los mecanismos
resultantes de los acuerdos entrados en vigor a partir de mayo de 2010. Esos
acuerdos preveían la concesión de nuevos préstamos, de un valor substancial,
por acreedores bilaterales y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FESF),
que iban acompañados de costes abusivos, lo que amplificó más la crisis. Esos
mecanismos revelan como la mayoría de los fondos recibidos fueron
transferidos directamente a las instituciones financieras. En lugar de
beneficiar a Grecia, aceleraron el proceso de privatización mediante la
utilización de instrumentos financieros (3).
El capítulo 5,
Las « condicionalidades » contra la sostenibilidad, presenta la
manera en que los acreedores han impuesto condicionalidades excesivas que,
junto con los acuerdos de préstamos, han tenido como consecuencia directa la
no-viabilidad económica y la insostenibilidad de la deuda. Estas
condicionalidades, que los acreedores se obstinan en seguir exigiendo, han
hecho caer el PIB y aumentado la deuda pública –un ratio deuda/PIB más elevado
haciendo la deuda griega aún más insostenible. Pero también han generado
cambios dramáticos en la sociedad y han provocado una crisis humanitaria. En el
actual estado de cosas, la deuda pública griega se puede considerar como
totalmente insostenible.
El capítulo 6,
Impacto de los «programas de salvación» en los derechos humanos, demuestra
que las medidas puestas en marcha en el marco de los “programas de salvación”
han afectado directamente a las condiciones de vida del pueblo y violado los
derechos humanos que Grecia y sus socios tienen obligación de garantizar,
proteger y promover, conforme al derecho nacional, el derecho de la Unión
Europea y el derecho internacional en vigor. Los drásticos ajustes impuestos a
la economía y a la sociedad griega en su conjunto han provocado un rápido
deterioro de los niveles de vida, incompatible con la justicia social, la
cohesión social, la democracia y los derechos humanos.
El capítulo 7,
Cuestiones jurídicas relativas a los MoU (Memorandum of understanding o
Protocolo de acuerdo) y a los convenios de préstamo, sostiene que ha habido
violación de las obligaciones (4) en materia de derechos humanos por parte de
la propia Grecia y sus prestatarios, a saber los estados miembros de la
zona euro, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional, que han impuesto las medidas a Grecia. Todos ellos se han negado
a evaluar las violaciones de los derechos humanos derivadas de las políticas
públicas que han obligado a que Grecia aplicara y que violado
directamente la Constitución griega, privando al país de la mayoría de sus
derechos soberanos. En efecto, los acuerdos contienen cláusulas abusivas que
han obligado a Grecia a renunciar a partes importantes de su soberanía. Una
afirmación que atestigua haber optado por el derecho inglés como ley aplicable
a esos contratos, con el objetivo de facilitar eludir la Constitución griega, y
algunas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El
replanteamiento de los derechos humanos y las obligaciones de derecho
consuetudinario, la presencia de diversas pruebas de mala fe en las partes
contratantes, y su carácter descabellado, cuestionan la validez de los
contratos.
Una deuda
ilegal, ilegítima y odiosa
El capítulo 8, Evaluación
del carácter ilegítimo, odioso, ilegal e insostenible de la deuda, examina
la deuda pública griega a la vista de las definiciones adoptadas por el Comité
respecto a las deudas ilegales, ilegítimas, odiosas e insostenibles, y llega a
la conclusión de que en junio de 2015 la deuda pública griega es insostenible,
porque Grecia no puede pagar el servicio de la deuda (5) sin perjudicar
gravemente a su capacidad de cumplir las obligaciones más elementales en materia
de derechos humanos. Por otra parte, el informe aporta la prueba de que en la
deuda existen elementos ilegales, ilegítimos y odiosos, por parte de todos y
cada uno de los grupos de acreedores.
La deuda con el
FMI debe ser considerada ilegal porque ha sido consentida violando los
propios estatutos del FMI, y las condiciones que la acompañan violan la
Constitución griega, las obligaciones del derecho consuetudinario internacional
y los tratados firmados por Grecia. Es ilegítima porque las condiciones
impuestas incluyen disposiciones que violan las obligaciones en materia de derechos
humanos. Y finalmente es odiosa porque el FMI sabía perfectamente que las
medidas impuestas eran antidemocráticas, ineficaces, e iban a provocar graves
violaciones de los derechos socioeconómicos.
La deuda con el
BCE debe ser considerada ilegal porque el BCE se ha excedido en su mandato
imponiendo la aplicación de programas de ajuste macroeconómico (por ejemplo, la
desregulación del mercado de trabajo), por intermedio de su participación en la
Troika. La deuda con el BCE es también ilegítima y odiosa porque el objetivo
del Securities Market Programme (SMP) era, de hecho, servir a los intereses de
las instituciones financieras, permitiendo a los principales bancos privados
griegos y europeos desembarazarse de sus obligaciones griegas.
El FESF (Fondo
Europeo de Estabilidad Financiera) ha concedido préstamos que hay que
considerar ilegales porque violan el Artículo 122(2) del Tratado sobre el
funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y porque esos préstamos atentan por
otra parte a unos cuantos derechos socioeconómicos y libertades civiles.
Además, el acuerdo marco del FESF de 2010 y el Master Financial Assistance
Agreement de 2012 incluyen varias cláusulas abusivas, que ponen de manifiesto
la actitud inmoral del prestatario. El FESF contraviene también algunos
principios democráticos, lo que hace esas deudas ilegítimas y odiosas.
Los préstamos
bilaterales deben ser considerados ilegales porque violan los
procedimientos especificados en la Constitución griega. Los préstamos revelan
una actitud inmoral de los prestatarios y presentan condiciones que
contravienen el derecho y la acción gubernamental. Existe atentado tanto al
derecho de la Unión Europea como al derecho internacional cuando hay programas
macroeconómicos que excluyen derechos humanos. Por otra parte, los préstamos
bilaterales son ilegítimos porque no se han utilizado en interés de la
población, sino que solamente han servido para salvar a los acreedores privados
de Grecia. Finalmente, los préstamos bilaterales son odiosos porque, a pesar de
ser conscientes de las potenciales violaciones, los estados prestatarios y la
Comisión Europea se guardaron mucho en 2010 y 2012 de estudiar el impacto en
los derechos humanos de los ajustes macroeconómicos y la consolidación
presupuestaria, que eran las condiciones de los préstamos.
La deuda con
los acreedores privados debe ser considerada ilegal porque los bancos
privados tuvieron una actitud irresponsable antes de la existencia de la
Troika, no respetando una diligencia razonable y, como en el caso de los fondos
especulativos, actuando de mala fe. Una parte de la deuda con los bancos
privados y los fondos especulativos es ilegítima, por las mismas razones que es
ilegal; además, era ilegítimo que algunos bancos griegos fueran recapitalizados
por los contribuyentes. La deuda con los bancos privados y los fondos
especulativos es odiosa porque los principales acreedores eran muy conscientes
de que esa deuda no se contrataba en interés de la población, sino para aumentar
sus propios beneficios.
Grecia puede
legalmente repudiar la deuda y suspender los pagos
El informe
concluye con algunas consideraciones prácticas.
El capítulo 9,
Fundamentos jurídicos para repudiar y suspender la deuda griega soberana
presenta diferentes opciones para la anulación de la deuda y expone
particularmente las condiciones de derecho internacional en que un estado
soberano puede ejercer su derecho a plantear una acción unilateral de repudio o
suspensión de pagos de su deuda.
Existen varios
argumentos jurídicos que permiten a un Estado repudiar sus deudas ilegales,
ilegítimas y odiosas. En el caso griego, esa acción unilateral puede basarse en
los siguientes: la mala fe manifiesta de los acreedores que empujaron a Grecia
a violar su derecho nacional y sus obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos; la primacía de los derechos humanos sobre los otros acuerdos,
como los firmados por los gobiernos precedentes con los acreedores de la
Troika; la coerción; la presencia de cláusulas abusivas que violan la soberanía
del estado griego; y finalmente el derecho de un estado, reconocido en derecho
internacional, de adoptar contra-medidas cuando los acreedores hacen actos
ilegales. Tratándose de deudas insostenibles, cualquier Estado está
jurídicamente capacitado para utilizar el argumento del estado de necesidad
que, enfrentado a una situación excepcional, le permite salvaguardar algunos de
sus intereses esenciales amenazado por un peligro grave e inminente. En una
situación así puede liberarse de la ejecución de una obligación internacional,
tal como respetar un contrato de préstamo. Finalmente, los Estados tienen
derecho a declararse unilateralmente insolventes cuando el servicio de su deuda
resulta insostenible, sabiendo que en ese caso no cometen ninguna ilegalidad y
están exentos de responsabilidad.
La dignidad del
pueblo griego vale más que una deuda ilegal, ilegítima, odiosa e insostenible
Como consecuencia
de sus primeras investigaciones, el Comité considera que Grecia ha sido y sigue
siendo víctima de una tentativa de asesinato, fríamente premeditado por el trío
del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión
Europea. Este ataque violento, ilegal e inmoral, se ha realizado con el
asentimiento y la complicidad de los estados europeos que, en lugar de
servir y defender el interés general han preferido ponerse al servicio de los
bancos y los intereses particulares de una minoría.
Poniendo este
informe a disposición de las autoridades y el pueblo griego el Comité considera
que ha cumplido la primera parte de su misión, tal y como la definió la
Presidenta del Parlamento el 4 de abril de 2015. El Comité espera que su
informe sea una herramienta útil para todos cuantos quieren salir de la lógica
mortífera d ella austeridad y se levantan para defender lo que hoy en
está en peligro: los derechos humanos, la democracia, la dignidad de los
pueblos y el futuro de las generaciones venideras.
En respuesta a
quienes les imponen medidas inicuas, hoy el pueblo griego puede recordar las
palabras de Tucídides, cuando hablaba de la Constitución de su pueblo: “Ha
recibido el nombre de democracia porque su objetivo es la utilidad del mayor
número de personas, y no de una minoría » (Oración fúnebre de Pericles,
evocada por Tucídides en «La guerra del Peloponeso»).
Firmado: Comité para la
Verdad sobre la deuda Griega.
(1)-Deuda multilateral: deuda
con el banco Mundial, el FMI, los bancos de desarrollo regionales, como el
banco Africano de Desarrollo, y otras instituciones multilaterales, como el Fondo
Europeo de Desarrollo. Deuda privada: Préstamos contratados con
prestatarios privados. De diversos tipos. Deuda pública: Conjunto de
préstamos contratados con prestamistas públicos.
(2)- Troïka: FMI,
Comisión Europea y banco Central Europeo que, juntos, a través de créditos
imponen medidas de austeridad a países en dificultades.
(3)- Los
instrumentos financieros son los títulos financieros y los contratos
financieros.
Los títulos financieros son:
Los títulos financieros son:
• los títulos de
capital emitidos por sociedades por acciones (acciones, partes, certificados de
inversión, etc.)
• los títulos de
crédito, excluidos los efectos de comercio y los bonos de caja (obligaciones y
títulos asimilados)
• las partes o
acciones de organismos de colocación colectiva en valores inmobiliarios
(OPCVM).
Los contratos financieros,
llamados también «instrumentos financieros a plazo», son los contratos a plazo
sobre tasas de interés, los contratos de cambio (swaps), los contratos a plazo
de todas las mercancías y artículos de primera necesidad, los contratos de
opción de compra o venta de instrumentos financieros, y todos los demás instrumentos
del mercado a plazo.
(4)- Parte de un
préstamo emitido por una sociedad o colectividad pública. El poseedor de la
obligación tiene derecho a un interés y a la devolución del montante suscrito.
También puede, si la sociedad se cotiza, revender su título en bolsa.
(5)- Suma de los
intereses y la amortización del capital prestado.
(*) P.S. Una vez
finalizado este artículo, me informan que el antiguo representante de Grecia en
el FMI, Panagiotis Roumeliotis, reveló en su declaración ante el Comité de la
Deuda, que hubo periodistas griegos que asistieron a seminarios, financiados
por el FMI, que tenían el objetivo de enseñarles como presentar la institución
internacional desde un punto de vista favorable.
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