Mientras el parlamento francés se
dispone a aprobar un preocupante acuerdo de cooperación judicial con Marruecos,
Amnistía Internacional (AI) ha publicado un informe titulado La sombra de la
impunidad. La tortura en Marruecos y en el Sáhara Occidental que pone de
manifiesto una realidad mucho más sombría que la imagen de apertura presentada
por los dirigentes marroquíes, cuando reaccionaron a los levantamientos
populares de 2011 en la región prometiendo adoptar un conjunto de medidas
progresistas, y una nueva Constitución que prohíba la tortura.
Los responsables marroquíes
presentan la imagen de un país abierto, respetuoso con los derechos humanos.
Pero esa imagen será solo un espejismo mientras la amenaza de la tortura siga
planeando sobre los detenidos y las voces disidentes. Bajo apariencias
engañosas, la tortura se utiliza para ahogar la contestación y salpica algunas
de las condenas dictadas por la justicia. Tanto quienes cuestionan las
desigualdades como quienes expresan sus convicciones corren el riesgo de ser víctimas
de violencia y tortura.
El informe de AI se basa en 173
casos de tortura, y otros tipos de maltrato a hombres, mujeres y menores por
parte de policías y miembros de las fuerzas de seguridad, entre 2010 y 2014.
Torturados
detenidos: obligados a «confesar»
Entre las víctimas de tortura hay
estudiantes, militantes políticos de tendencia izquierdista o islamista y
partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental, así como personas
sospechosas de terrorismo o de haber cometidos delitos comunes. El informe
describe técnicas de tortura brutales empleadas por las fuerzas de seguridad
con detenidos, tales como obligarles a mantenerse en posturas dolorosas, especialmente
la conocida como del «pollo asado», en la que la víctima está colgada de una
barra metálica por los puños y las rodillas.
Abdelaziz Redaouia, franco-argelino
de 34 años, ha declarado que cuando le detuvieron en diciembre de 2013 unos
oficiales le torturaron por negarse a firmar un informe del interrogatorio en
que le acusaban de una infracción relacionada con el tráfico de
estupefacientes: “No quise firmar y me golpearon. Me metieron una esposa en la
mejilla y tiraron como si me la fueran a agujerear”. Añadió que le hundieron la
cabeza en el agua, le dieron descargas eléctricas en los genitales con una
batería de automóvil y le golpearon en la planta de los pies mientras
permanecía colgado.
Manifestantes
y peatones brutalizados
El informe asegura que las fuerzas
de seguridad muestran un desvergonzado sentimiento de impunidad, pegando a los
manifestantes ante la vista de todo el mundo, como advertencia al resto de la
población. El documento menciona decenas de casos de violencia policial contra
manifestantes y simples peatones, y también con personas que se encontraban
dentro de vehículos. Abderrazak Jkaou, un estudiante que se manifestaba,
aseguró que unos policías le golpearon en el campus hasta que perdió el
conocimiento, la víspera de una manifestación en Kenitra: “Algunos de ellos
llevaban unos palos largos, me llenaron el cuerpo de golpes, de la cabeza a los
pies. Luego, un policía de civil me puso las esposas y me golpeó entre los
ojos. Caí inconsciente. Enseguida, otros me aplastaron la vejiga con los pies
hasta que me oriné encima. Siguieron golpeándome hasta que perdí el
conocimiento, luego me arrojaron en mitad del campus como advertencia para
otros estudiantes, que pensaban que estaba muerto”.
Aunque muchos de los testimonios
recogidos de detenidos y torturados corresponden a militantes conocidos, otros
no eran más que gente que pasaba por el lugar. Kadhija, un nombre falso para
proteger a la testigo, explicó que unos policías le agredieron cuando iba
caminando cerca del lugar en que se había organizado una protesta, en un campus
de Fez en 2014: “Unos policías antidisturbios llegaron por detrás y me hicieron
dar un traspiés. Me caí y ellos rompieron mi pañuelo y me golpearon. Luego me
arrastraron por las piernas, con la cara contra el suelo, hasta su camioneta.
Dentro me esperaba una decena más. Entonces fue cuando me pegaron más fuerte”.
Un
sistema que protege a los torturadores y no a las víctimas
Por otra parte, el informe relata
una nueva práctica alarmante: la invocación de la legislación en base de
«denuncias falsas» o «calumniosas», para perseguir a las víctimas de tortura
que cuentan lo que les ha n hecho. Apoyándose en esas leyes, las autoridades
marroquíes han abierto diligencias a ocho personas que habían presentado
denuncias por torturas en los últimos doce meses. En 2014, los jóvenes
militantes Wafae Charaf y Ossama Housne fueron declarados culpables, y
condenados a dos y tres años de cárcel respectivamente, por “alegaciones
engañosas” y “difamación”, tras presentar una denuncia por torturas; y eso que
ni siquiera revelaron la identidad de los torturadores.
¿Francia
cómplice de la impunidad de los torturadores marroquíes?
Cuatro de las personas perseguidas
por las autoridades marroquíes, que poseen doble nacionalidad o son cónyuges de
un francés, han presentado denuncias ante los tribunales franceses. Sin
embargo, en el futuro esto podría resultar imposible si la Asamblea Nacional
francesa aprueba un acuerdo por el que los tribunales franceses ya no podrán
ser competentes para pronunciarse sobre violaciones de los derechos cometidas
en Marruecos.
Marruecos, por su parte –sigue el
informe de AI- se encuentra en un cruce de caminos: puede optar por un sistema
judicial suficientemente fuerte para perseguir a los autores de violaciones de
derechos humanos, o por una justicia que les proteja. El gobierno habla de
reformas, pero las autoridades parecen más interesadas en aplicar las
leyes contra la difamación, que contra la tortura. Si quieren que eso
cambie tendrán que llevar a los torturadores ante la justicia, no a las
víctimas de tortura. Quienes denuncian ese tipo de actuaciones tienen que ser
protegidos, y no perseguidos.
Marruecos
intenta quedar bien
«Tras la presentación al gobierno
marroquí una evaluación preliminar de los resultados de nuestras investigaciones,
lo ha rechazado categóricamente en una larga, centrándose en los esfuerzos
llevados a cabo por las autoridades para combatir la tortura y sobre todo en
las reformas jurídicas previstas. Sin embargo, no ha abordado las cuestiones
esenciales planteadas por la organización, en relación con algunas alegaciones
específicas de torturas, tales como la patente ausencia de investigaciones
dignas de ese nombre. El gobierno marroquí asegura que la tortura pertenece al
pasado. Aunque es verdad que ha adoptado algunas medidas, un solo caso de
tortura representa un grave fracaso y nosotros hemos encontrado hasta 173 en
Marruecos y el Sáhara Occidental, relativos a personas de todo tipo.
“El derecho marroquí prohíbe la
tortura pero para que eso signifique algo realmente en la práctica las
autoridades deben efectuar investigaciones sobre las legaciones de tortura, en
lugar de rechazarlas por principio”.
Se puede leer el informe completo,
en inglés, en la página web de Amnesty International.
Se puede mostrar la solidaridad con
los marroquíes condenados por denunciar torturas firmando en:
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Stop-Torture/Actions/Maroc-liberez-Wafae-Charaf-et-Oussama-Housne-emprisonnes-pour-avoir-denonce-la-torture-14455
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