Amnistía
Internacional (AI) ha puesto en marcha una petición, dirigida a Yoko Kamiwaka,
ministra de Justicia de Japón, pidiendo que se anule la condena a muerte
de Matsumoto Kenji, dictada en 1993 pese a tratarse de una persona con severo
retraso mental que se ha puesto de manifiesto en la ineptitud para seguir los
debates durante su juicio y para comprender lo que significa la condena, además
de haber mostrado siempre enormes dificultades para comunicarse con el resto de
la gente, incluido su abogado.
«La
alteración de la salud mental- dice el comunicado de AI- es un factor crítico a
tomar en consideración en todas las etapas del proceso de la pena capital, desde
la comisión del crimen hasta la ejecución de la persona condenada”.
Todavía
hoy, en muchos lugares del mundo se sigue ejecutando a personas con graves
alteraciones mentales pese a que las leyes de la mayoría de países prohíben
hacerlo. En concreto en Japón, el Código Penal prevé en su artículo 479 la
suspensión de la ejecución de personas consideradas dementes.
La
carta que acompaña la petición de dejar sin efecto la condena de Matsumoto
Kenji, dirigida por AI a la ministra de justica japonesa, Yoko Kamiwaka, dice,
entre otras cosas: “Estamos profundamente preocupados por la situación de
Matsumoto Kenji, condenado a muerte en 1993 a pesar de su minusvalía mental
Desde entonces, ha sufrido en la cárcel episodios de delirios persistentes. Y,
a pesar de todo, el Tribunal Supremo de Japón confirmó la condena en 2000. Con
ocasión del último Día mundial contra la pena de muerte, el 10 de octubre de
2014, AI recordó que aplicar la pena de muerte a personas afectadas de
alienación mental viola el derecho internacional. Por ello, pide a las
autoridades japonesas que vigilen que nunca se aplique este castigo a personas
minusválidas mentales, y exhorta a la ministra de Justicia: a conmutar
inmediatamente la condena a muerte de Matsumoto Kenji, así como la de todos los
demás condenados a muerte que padezcan enfermedades mentales, y a dictar una
moratoria de todas las ejecuciones pendientes, con vistas a abolir
definitivamente la pena de muerte en el país”.
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