Pancarta contra la pena de muerte, Agenzia Dire
En Carolina del Sur, lo mismo que en otros veintiséis
estados de Estados Unidos, sigue existiendo la pena de muerte aunque hace diez
años que no se ha ejecutado a ninguno de los treinta y siete condenados que
esperan en el corredor de la muerte « por falta de productos mortales
inyectables », según una información del canal televisivo ABC News.
Un problema que intentó resolver su gobernador, Henry
McMaster, estampando su firma al pie de una ley según la cual, los condenados a
muerte podrán elegir entre sentarse en la vieja silla eléctrica, un sistema que
empezó a utilizarse en 1912, o la
inyección letal; pero como esta segunda opción es imposible, porque las
autoridades no disponen de los medios necesarios para llevarla a cabo -la última ejecución tuvo lugar en 2011, los
productos inyectables que tenían en reserva caducaron en 2013 y desde entonces
los laboratorios farmacéuticos que los fabricaban se niegan a servirlos-, los
políticos del estado han elaborado una nueva ley por la que los condenados
podrán elegir una tercera opción: colocarse frente a un pelotón de ejecución.
La medida se ha adoptado después de que treinta y dos
de los condenados que esperan en el corredor de la muerte hayan agotado sus
posibilidades de apelación y hayan elegido morir mediante inyección letal,
sabiendo que no es posible y esperando que eso prolongue su espera.
Otros tres estados del país – Mississippi, Oklahoma y
Utah- utilizan ya este método. Por su parte, los demócratas de Carolina de
Carolina del Sur intentaron frenar la ley presentado enmiendas –como que las
ejecuciones se transmitan en directo por Internet o que sea obligatorio que los
políticos locales estén presentes durante la ejecución- que han sido
rechazadas. “Tenemos que aceptar mirar a la cara a las personas cuya muerte
estamos votando”, ha dicho el demócrata Jermaine Johnson justificando su
enmienda. Uno de los argumentos utilizados por los demócratas fue el recuerdo
del caso de George Stinney, un adolescente de 14 años condenado en Carolina del Sur por el
asesinato de dos niñas y ejecutado en 1944. Su proceso se revisó y se anuló en
2014.
En la Cámara del estado, iete republicanos votaron en
contra de la ley argumentando que moralmente no encuentra lógico envíar seres
humanos a la muerte tres meses después de aprobar un proyecto de ley que
prohíbe prácticamente todos los supuestos que existían anteriormente para
aprobar el aborto.
En otro orden de cosas, la sección francesa de
Amnistía Internacional (AI) se ocupa en su boletín de esta semana del caso de
Rocky Myers, un hombre negro y deficiente mental de 59 años, quien lleva 27
años en el corredor de la muerte de la cárcel de Holman, en Alabama, a quien
podrían ejecutar en cualquier momento.
Un jurado formado por once personas blancas y
una negra le declaró culpable de asesinato, cometido durante un atraco de 1991
en el que dos mujeres blancas fueron agredidas con arma blanca y una de ellas
resultó mortalmente herida. Según AI, fue “un juicio contaminado por prejuicios
raciales, un abogado de la defensa relacionado con el Ku Klux Klan y unos
testigos incoherentes”.
Rocky Myers creció en New Jersey en condiciones
muy precarias. Eran diez hermanos en una familia desfavorecida con un padre
alcohólico. Ya en la infancia le diagnosticaron “inestabilidad emocional” por
lo que asistió a cursos en escuelas especializadas, consiguiendo tan solo
aprender a leer y escribir al nivel de primaria. A los 11 años le diagnosticaron
una “discapacidad intelectual”. Casado se trasladó a vivir, con su mujer y sus
cuatro hijos, a la localidad de Decatur.
En el momento de los hechos que se le imputan
Rocky Myers tenía 30 años, era consumidor de crack, estaba sin trabajo y en
libertad condicional por una infracción, se ocupaba de los niños mientras su
mujer trabajaba en un restaurante local. “Ninguna prueba médico legal –escribe
AI- le incrimina. El único elemento que le relaciona con el crimen es un
aparato de grabación de vídeo robado durante el atraco, que asegura haber
encontrado abandonado en la calle y que cambió por droga la noche del asesinato.
Los primeros testimonios recogidos por la policía en relación con la cámara de
vídeo se refieren a un hombre que llevaba una ropa diferente de Myers, detenido
y acusado de asesinato.
Un mes más tarde apareció otro testigo
asegurando haber visto a Myers el día del atraco, cruzando la calle frente a la
casa con una cámara bajo el brazo. A raíz de esto, otros dos testigos
modificaron su declaración señalando a Myers como la persona que vendió el aparato.
Otro de los testigos de la acusación, diez años más tarde firmó una declaración
jurando que un inspector de la policía le presionó para que acusara a Myers,
aunque este testimonio no lo ha tenido en cuenta ninguno de los jueces que han
entendido en la causa.
Tras la condena, el abogado de Rocky Myers se
retiró de la causa sin advertirle y sin defender los recursos pendientes. Sus
nuevos abogados –que aseguran haber escuchado palabras racistas en algunos
miembros del jurado- presentaron un recurso basado en el coeficiente
intelectual del acusado, que La Corte Suprema de Estados Unidos consideró
inadecuado. Por su parte, la mujer superviviente del atraco ha declarado en dos
ocasiones que no pudo ver si su agresor era blanco o negro, aunque le parecía que
“tenía la voz de un hombre de color”, argumento que el abogado de Myers no ha
contestado.
La ejecución de Rocky Myers, programada para
2012 se suspendió a causa de un procedimiento judicial relativo al protocolo de
la inyección letal en Alabama que terminó en 2015. En 2018 concedieron una
moratoria de 30 días a Rocky Myers y otros condenados a muerte para que
eligieran entre la muerte por asfixia con nitrógeno o la inyección letal
practicada según un protocolo nuevo. Rocky Myers eligió la primera opción, por
lo que podrán ejecutarle en cuanto se redacte el protocolo de la muerte por
asfixia.
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