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| Aung San Suu Kyi y el general Min Aung Hlaing |
Cuando se ha cumplido
un año de la ofensiva del ejército birmano contra la minoría musulmana de los
rohingyas, obligada a exiliarse masivamente –al menos 700.000 hombres, mujeres
y niños- en Bangladesh, la misión independiente de Naciones Unidas (ONU) sobre
Birmania ha entregado sus conclusiones el lunes, 27 de agosto de 2018. En
ellas, acusan al estado mayor birmano de querer aniquilar a los rohingyas,
piden que actúe el Consejo de Seguridad y que se denuncien los hechos ante el
Tribunal Penal Internacional (CPI) o, alternativamente, se cree un tribunal
especial para investigar la limpieza étnica que han sufrido los rohingyas.
En las conclusiones, la
misión de la ONU presenta un terrorífico listado de la actuación de los
militares birmanos, desde mayo de 2017, en los estados de Shan, Kachin y
Arakan: “civiles ejecutados, mujeres violadas, pueblos incendiados, desapariciones
forzosas, torturas, esclavitud. Según Naciones Unidas, los soldados birmanos
han utilizado toda la panoplia del horror, todo lo que prohíbe el derecho
internacional, para exterminar a la minoría musulmana. Y no se trata de actos
aislados, es un plan imaginado al más alto nivel y ejecutado etapa tras etapa”,
escriben en la página web de la emisora Radio France Internationale (RFI). De
todo ello, la misión de la ONU, que estima que la cifra de 10.000 muertos
avanzada por Médicos sin Fronteras (MSF) se queda corta, señala como responsables al jefe del ejército,
el general Min
Aung Hlaing, y cinco militares birmanos de alta
graduación, y pide que se les juzgue por “genocidio”, “crímenes contra la
humanidad” y “crímenes de guerra”.
El informe llega aún
más lejos al establecer que el ejército ha contado con la complicidad del
gobierno civil, y acusa de silencio culpable a Aung San Suu Kyi, la dirigente
birmana Premio Nobel de la Paz 1991 que permaneció en arresto domiciliario desde 1990 –cuando la
Junta Militar anuló las elecciones que había ganado el partido Liga Nacional para la Democracia (LND), del
que era Secretaria General- hasta 2010, por no hacer nada para impedir la
persecución de los rohingyas, a pesar de
la autoridad moral que le da ser la jefe del gobierno: “Por sus actos o sus
omisiones, las autoridades civiles han contribuido a la perpetración de
crímenes atroces”, determina el informe aunque sus redactores son conscientes
de que el gobierno birmano tiene “poco margen de maniobra” frente a la
actuación del ejército” y de que “nada indica que haya participado en la
planificación o ejecución de operaciones de seguridad, o que formaran parte de
la estructura del mando militar”.
El informe señala también
directamente a Facebook, que cuenta en Birmania con 12 millones de
abonados, por haber colaborado como
instrumento en “la propagación del odio”, al suprimir decenas de cuentas. En
respuesta, el mismo lunes la red social anunciaba la clausura de la cuenta del
general Min Aung Hlaing
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