El
martes 29 de julio de 2014 Wikileaks ha hecho público un documento con la
decisión de la sala de lo criminal del Tribunal Supremo del estado de Victoria,
–fechada el 19 de junio- que dictamina
que los medios de comunicación del país deben silenciar un caso de corrupción
internacional en el que estarían implicados varios responsables políticos de la
región, en Malasia, Indonesia y Vietnam, según la información recogida del
diario The Sidney Morning Herald (http://www.smh.com.au/national/wikileaks-publishes-unprecedented-secret-australian-court-suppression-order-20140730-zyc6m.html)
por Camille Polloni en el digital francés Rue 89.
La decisión
judicial, conocida con el nombre de « gagging order » o
« superinjonction », debe aplicarse en toda Australia, a todas las
publicaciones, sea cual el soporte. La prohibición, que se extiende a la propia
sentencia que tampoco puede ser mencionada, es muy clara: los medios
australianos no deben « airear » -textualmente no pueden “revelar,
dar a entender, sugerir o afirmar”-, so pena de denuncia, una información según
la cual 17 clientes del Banco Central Australiano (RBA) se encuentran imputados
por corrupción y soborno.
Según
el digital francés Arrêt sur images, al
repasar la lista de los 17 imputados se entiende la voluntad de censura del
gobierno australiano “para no dañar las relaciones diplomáticas” del país :
entre esos presuntos corruptos figuran algunos líderes políticos asiáticos de
primer orden, comoel presidente de Vietnam, Truong Tan San, y el de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, así como el ex presidente indonesio
(2001-2004) Megawati
Sukarnoputri y otros varios cargos oficiales de los tres países mencionados. “como
siempre –dice la publicación- para justificar la censura “se refugian en la
seguridad nacional”.
La justicia
australiana utiliza muy raramente este tipo de sentencia; la anterior “gagging
order”, según diversas fuentes, data de 1995 y tenía que ver con un asunto de
espionaje.
En
un comunicado que acompaña a la información, Julian Assange, fundador y
presidente de Wikileaks, estima que es « inconcebible
bloquear el derecho público de saber y censurar los medios de comunicación,
especialmente en los casos confirmados de corrupción internacional, que
implican a políticos y filiales de un organismo público”.
A
pesar de las anunciadas consecuencias jurídicas, Wikileaks ha decidido publicar
el documento para defender la libertad de información: “El gobierno australiano
no solo amordaza a la prensa, también venda los ojos del público australiano”, ha
escrito Assange desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde reside desde
junio de 2012 para escapar a una demanda de extradición de Suecia, donde está
acusado de violación por dos mujeres que habían consentido tener relaciones
sexuales con él.
No hay comentarios:
Publicar un comentario