El 1 de febrero de 2017, mientras
miles de manifestantes pedían en las calles de la capital, Nouakchott, y de
otras ciudades del país, que se llevara a cabo la ejecución, el Tribunal Supremo
de Mauritania dejó sin efecto la condena a muerte que pesaba sobre el bloguero
Cheik Ould Mohammed Ould Mkheitir, detenido en 2014 y condenado a muerte en
abril de 2016 por un tribunal de apelación, acusado de blasfemo y apóstata por
criticar al profeta Mahoma.
El Supremo ha anulado la sentencia
anterior pero ha pedido que al acusado vuelva a juzgarle otro tribunal
diferente, aunque sin precisar la fecha, informa el digital maghreb-info. Com.
Miembro de la etnia de los «moros
blancos», normalmente menospreciada por el resto de la sociedad mauritana, Ould
Mikheittir, de 31 años, hijo de un prefecto y con estudios de gestión,
trabajaba como contable en la ciudad portuaria de Nouadhibou, la capital
económica del país, cuando la policía le detuvo el 2 de enero de 2014 tras
publicar un artículo titulado «La religion, la religiosité et les forgerons»
(forgerons, casta inferior a la que pertenece la familia del condenado, que
agrupa a los artesanos y a los músicos y poetas de tradición oral de
Mauritania, y que forma un grupo intermedio entre los nobles y los antiguos
esclavos “liberados”), en el que denunciaba la sociedad de castas que sigue
vigente en Mauritania, lo mismo que en otros países del oeste africano. En el
texto, que el bloguero borró rápidamente al conocer su acusación, denunciaba
«la injusticia» que se comete con su comunidad, injusticia «que antes ya cometió
en el siglo VII el profeta Mahoma en persona, cuando intercedió a favor de los
árabes y de los suyos contra los judíos y los grupos extranjeros”. El artículo
fue reproducido en la página web de “Opinion Internationale”
(opinion-internationale.com. El medio de comunicación de las libertades y el
diálogo de culturas).
El bloguero lleva en la cárcel desde
entonces. Su padre, alto funcionario, no quiere saber nada del asunto. Su
madre, ha dejado de visitarle en la cárcel y ha abandonado la ciudad, oficialmente
por enfermedad. Su mujer, ha sido reclamada por su familia y el matrimonio se
ha anulado. El primer abogado que tuvo le abandonó antes del juicio. Un
empresario ha llegado a ofrecer la irrisoria cantidad de 10.000 euros a quien
consiga asesinarle. No obstante, una parte de la sociedad civil está movilizada
en la defensa de Ould Mikheitir: la Asociación mauritana de derechos humanos
(AMDH), y otras tres organizaciones, pusieron en marcha, en enero de 2014, una
petición en Change.org, reclamando su puesta en libertad.
El tribunal de primera instancia de
Nouadhibou -capital económica del país, situada a 470 km. al norte de
Nouakchott- condenó a muerte al joven bloguero; la sentencia fue ratificada por
el tribunal de apelación en el pasado abril; ante el arrepentimiento del reo,
que esperaba escapar así a la pena capital, el tribunal cambio la acusación de
apostasía por la de herejía.
A lo largo de todo el proceso, muy
mediatizado, la opinión pública mauritana ha estado siempre en contra de Cheikh
Ould Mohamed Ould Mkheitir, en manifestaciones organizadas cada viernes tras el
último rezo; protestas que han contado con el apoyo de los ulemas, unánimes al
considerar que blasfemar de Mahoma tiene que castigarse con la muerte, incluso
en los casos de arrepentimiento: “Pedimos a las autoridades competentes que
hagan lo necesario para aplicar la pena de muerte hasta que Cheikh Ould Mohamed
Ould Mkheitir se encuentre bajo tierra”. Tan solo el ulema de la Gran Mezquita
de Nouakchott, Ahmed Ould Lemrabet, pidió el pasado viernes, en un sermón, que
“se deje a la justicia hacer su trabajo”.
El digital recuerda que en
Mauritania no se ha ejecutado ninguna pena de muerte desde 1987; el último caso
de ajusticiamiento de un condenado por blasfemia se remonta a 1960, el año de
la independencia del país.
El artículo 306 del código penal
mauritano establece que «Cualquier musulmán culpable del delito de apostasía,
tanto si es palabra como de acción, de forma aparente o evidente, dispondrá de
un plazo de tres días para arrepentirse”. Si no se arrepiente en ese plazo,
será condenado a muerte por apóstata, y el Tesoro del Estado confiscará sus
bienes. El mismo artículo prevé que si el condenado “se arrepiente” antes de
ser ejecutado, el Tribunal Supremo puede conmutar la pena de muerte por otra de
cárcel, de tres meses a dos años, y una multa de 5.000 a 60.000 OM (ouguiya
mauritana), entre 13.000 y 156.000 euros.
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