Los
grupos titulares de medios de comunicación en Malasia han lanzado una campaña
dirigida a la opinión pública para que les ayude a tutelar el derecho a la
libertad de expresión, tras la suspensión de una página de información digital
y dos periódicos locales por publicar artículos relativos a un escándalo
financiero en el que está implicado el Primer ministro del país, informa Mong
Palatino en la publicación Global Voices Online.
El 19 de
julio de 2015 apareció bloqueado Sarawak Report, un sitio informativo,
como resultado de las diligencias abiertas por la Comisión de Malasia para la
Comunicación y los Multimedia (Malaysian Communications and Multimedia
Commission, MCMC), que le acusa de difundir “acusaciones no verificadas” sobre
los negocios de 1Malaysia Development
Bhd (1MDB), una sociedad de inversiones gubernamental y dice que el bloqueo se
ha llevado a cabo “tras recibir quejas de la opinión pública”. La semana
siguiente, el Ministerio del Interior suspendió la licencia de los periódicos The
Edge Financial Daily y The Edge Weekly, también por publicar documentos y
reportajes de investigación sobre 1MDB.
El caso
1MDB se refiere a algunas dudosas transacciones financieras efectuadas por la
entidad, que habrían costado miles de millones de dólares a los contribuyentes.
En los primeros días de julio de 2015, el estadounidense Eall Street Journal
publicó un informe denunciando la transferencia de 700 millones de dólares a
diversas cuentas bancarias del Primer ministro de Malasia, Najib Razak, a
través de la sociedad 1MDB. De momento, el gobierno malasio dice que está
investigando los movimientos de la compañía y el ministro niega las
acusaciones.
Por su
parte, el digital Sarawak Report mantiene no haber cometido ningún delito y
exige que el gobierno presente pruebas acerca de los manejos llevados a cabo
por 1MDB, en lugar de censurar la información: “Este nuevo atropello a la
libertad de los medios no hace más que desacreditar a una Administración que
está demostrando no ser capaz de enfrentarse a la evidencia”. El bloqueo de Sarawak
Report ha inspirado a muchos internautas malasios, que no cesan de
comentar lo sucedido en las redes sociales.
En
cuanto a los periódicos censurados, el Ministerio del Interior ha declarado que
dos de los artículos publicados en The Edge sobre 1MDB podían “presumiblemente,
suponer un peligro para el orden público y la seguridad, y sembrar la alarma en la opinión
pública”.
El
centro para el Periodismo Independiente (Center for Independent Journalism,
CIJ) ha emitido un comunicado afirmando que el gobierno tiene que investigar
las acusaciones de corrupción en lugar de atacar a la libertad de expresión: “El
CIJ manifiesta su enorme preocupación por la última vuelta de tuerca en torno a
una cuestión de interés público, que niega la capacidad de todos a buscar
información, discutir sobre ella y formarse una opinión. El CIJ reitera su exigencia
de que se investiguen las cuestiones de actualidad y se niega a aceptar ningún tipo de regulación o
censura en Internet”, lo mismo que en los medios convencionales.
Malaysiakini,
página informativa alternativa, ha publicado un editorial denunciando la
actuación del gobierno, al que acusa de “pérdida de credibilidad”: “Cuando unos
representantes políticos que no tienen nada que ocultar silencien u n medio de
comunicación ponen en duda su credibilidad. Esta suspensión lo que hace es
enviar al pueblo el mensaje de que el gobierno tiene algo que ocultar”.
Para el
Club de Corresponsales Extranjeros de Malasia (Foreign Correspondents Club of
Malaysia ) “la idea de que el gobierno pueda suspender, o revocar la licencia
periodística mina cualquier defensa que se haga de la libertad de prensa. Y
suspender un periódico por publicar informes que nadie ha podido demostrar que
sean falsos, es algo absolutamente contrario al concepto de justicia natural”. La asociación de defensa de los derechos
humanos Suaram ha exigido al gobierno verdad y transparencia. El grupo de juristas
Lawyers for Liberty ha asegurado que la suspensión de Sarawak Report tiene un “efecto
escalofriante” en la prensa: “Es necesario recordar a las autoridades que el
periodismo no es un delito. La libertad de prensa es un componente
indispensable en una sociedad moderna y democrática, como medida de control y
equilibrio para los excesos del gobierno. Un comportamiento autoritario envía a
la prensa un espantoso mensaje de autocensura”. Los juristas malasios aseguran
también que investigaciones como la publicada por The Edge deberían verse “animadas”
por las autoridades, para garantizar un buen gobierno.
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