La isla de Lindholm, situada a
un centenar de kilómetros al sur de Copenhague en el golfo de Stege -un
territorio de siete hectáreas donde desde 1926 solo existe el Instituto Veterinario de
Investigación de virus, un centro que se
ocupa de las enfermedades contagiosas de los animales-, en 2021 se va a
convertir en el hogar de los solicitantes de asilo ”indeseables”; o sea, los que han sido condenados a la expulsión por haber
cometido algún delito, así como los extranjeros que tienen alguna causa pendiente
en sus países, donde podrían torturarles
e incluso condenarles a muerte.
Se trata de un proyecto aprobado en el Parlamento para el que se han
puesto de acuerdo el gobierno liberal-conservador danés y la extrema derecha
del país (Partido Popular, Dansk Folkeparti, anti-migración y anti-europeísta),
que para la ONU « no tiene sentido » y que ha movilizado a varios
cienos de miles de daneses en manifestaciones contra lo que consideran “una
manera más de disuadir a los demandantes de asile” y un nuevo obstáculo del
gobierno para evitar la entrada y residencia de extranjeros. Para el Instituto
Europeo de Migraciones, la política migratoria danesa “es un caso único de
dureza e intolerancia”, que ha conseguido que entre 2015 y 2017 las demandas de
asilo se hayan reducido en un 75%.
El objetivo oficial de esa medida es responder al descontento de
los residentes cerca del Centro de Kærshovedgard, en la península de Jutlandia,
donde se encuentran los migrantes cuya solicitud de asilo ha sido denegada, que
fueron trasladados desde Copenhague en 2016; los habitantes de la cercana
Bording se quejan continuamente del aumento de la inseguridad desde su llegada.
El nuevo centro de la isla de Lindholm tendrá capacidad para 125
personas y estará permanentemente vigilado por la policía aunque, ha precisado
el Ministro de Finanzas Kritian Jensen, “no será una cárcel. Habrá un ferry
para que puedan efectuar desplazamientos desde la isla, pero siempre deberán
regresar antes de la noche”.
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