En la lista de los 50.000 teléfonos seleccionados por los clientes de la empresa israelí NSO Group para ser espiados, 15.000 pertenecen a México “un país donde está amenazada la libertad de expresión de los periodistas y otros miembros de la sociedad civil”, según el último informe de Amnistía Internacional (AI), con fecha 27 de julio de 2021. No es solo una cifra alarmante, es también una realidad cruel, desde hace años es rara la semana en que no tengamos que hacernos eco del asesinato de algún compañero en aquel país. Según cifras oficiales, en noviembre de 2020 habían asesinado a 19 periodistas desde el comienzo del año.
Recordemos que el Proyecto Pegasus es el fruto del
trabajo de un consorcio de periodistas de 17 medios internacionales. pilotado
por el grupo Forbidden Stories y el Laboratorio Tecnológico de AI, que han
tenido acceso a una lista de 50.000 números telefónicos, potenciales víctimas del
programa espía Pegasus. que una vez analizados se ha confirmado que
efectivamente han estado infiltrados por el programa. Oficialmente, según los
responsables de NSO Groip, el programa Pegasus solo se utiliza en la lucha
contra el crimen organizado y contra el terrorismo.
Según los resultados de la investigación, el estado de
México es cliente de NSO Group desde 2011, “lo que le convierte en el primer
país que firmó un acuerdo comercial con la sociedad israelí para la utilización
del programa Pegasus”. En su informa, AI destaca que México ha invertido cientos
de millones de dólares en la adquisición de los equipos de vigilancia “mientras
que la mitad de la población del país vive por debajo del umbral de la pobreza”.
Las autoridades mexicanas habría utilizado el programa puntero de
vigilancia Pegasus entre 2014 y 2017, durante la presidencia de Enrique Peña
Nieto, “de forma abusiva para vigilar a miembros de la sociedad civil:
periodistas, militantes, familiares de desaparecidos, defensores de los
derechos humanos, abogados y personalidades políticas”.
En los últimos años, al menos 25 periodistas mexicanos
han sido objeto de espionaje por Pegasus. Como caso emblemático, el informe de
AI destaca el de Cecilio Pineda Brito, asesinado en marzo de 2017 después de
que la policía le acusara de pertenecer a un cartel de la droga local. Según
las investigaciones, pocas semanas antes del asesinato su número de teléfono entró
a formar parte de los registrados en el programa espía Pegasus, como “potencial
objetivo a vigilar”.
Otro de los casos destacados es el de los 43 estudiantes
de la escuela normal de Ayotzimapa, de edades comprendidas entre 18 y 21 años,
desaparecidos el 26 de diciembre de 2014 tras ser detenidos por la policía. Más
de seis años después del drama, las familias siguen luchando para conocer la
verdad de lo sucedido y para que se haga justicia. Las revelaciones del
consorcio de periodistas del proyecto Pegasus demuestran que las autoridades
mexicanas incluyeron los números de familiares de los desaparecidos en la lista
de personas potencialmente vigiladas por Pegasus. Y entre ellos, el de Cristina
Bautista, madre de uno de los estudiantes desparecidos; se llamaba Benjamín y tenía 19 años. También figuraban
los números de los abogados que se encargan de este caso.
Ante la evidencia de luso abusivo que muchos estados
han hecho del programa espía Pegasus, el informe de AI pide que NSO Group, la empresa israelí que lo
fabrica y bloquee el acceso a sus clientes y establezca una moratoria en la
venta de equipos de vigilancia « hasta que se cree un marco reglamentario
adecuado en materia de derechos humanos”.
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