El descubrimiento, efectuado en febrero de 2019 por un
investigador holandés en ciberseguridad, de un fallo en la base de datos de la
empresa china SenseNets (SenseNets Technology Ltd., compañía de investigación e
información fundada en 2015 con sede en la ciudad de Shenzhen), ha sacado a la luz un gigantesco sistema de
reconocimiento facial que controla los movimientos de más de dos millones y
medio de personas en la provincia china de Xinjiang, lo que ha dado pie a
pronosticar la alarmante amplitud de la vigilancia que lleva a cabo el estado
chino, según la información publicada por el digital francés Slate el 1 de abril, firmada por Lindsay
Gorman y Matt Schrader.
Como es de suponer, si tenemos en cuenta anteriores
informaciones conocidas en la última década sobre las distintas ciberpolicías
chinas, SenseNets es solo un síntoma de un fenómeno mucho mayor, y la sospecha que cada vez parece confirmarse
más de que las compañías tecnológicas estadounidenses ponen su experiencia y su
reputación al servicio de las empresas chinas de vigilancia.
Siempre según la información publicada en Slate -pero no solamente en esta página,
he encontrado distintas referencias al mismo asunto en Google- la base de datos
de SenseNets indicaba coordenadas GPS exactas durante veinticuatro horas,
asociadas con ayuda del reconocimiento facial a datos personales sensibles como
el número del carnet de identidad, el domicilio, los datos del lugar de trabajo
y algunas fotografías personales, todo lo cual significa utilizar un método de
control contrario al respeto a los derechos humanos y con el agravante, en el
caso que nos ocupa, de que más de un tercio de las personas espiadas pertenecen
a la minoría ouighur –pueblo turcófono y musulmán sunnita- perseguida y acosada
habitualmente en China.
Debido a alguna
negligencia, la base de datos de SenseNets ha permanecido seis meses accesible para
todo el mundo en Internet. Según el investigador que la descubrió « podría
haberla pirateado un niño de 12 años ».
La fuente mencionada cree
que SenseNets no es más que una de las numerosas sociedades chinas que
configuran « un estado policial totalitario altamente tecnológico en
Xinjiang », región en la que, desde 2017,
al menos dos millones de ouighures han sido trasladados a « campos
de reeducación » donde, según testimonios no contrastados pero fácilmente
creíbles (a juzgar por la trayectoria china en la materia), los detenidos viven
en condiciones extremadamente difíciles en medio de hostigamientos y adoctrinamiento
político destinado a conseguir que el pueblo ouighur abandone su religión
musulmana.
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