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| Manifestaciones contra la Junta Militar, abril 2019 |
“Cuando el gobierno sudanés intentó reprimir las
manifestaciones democráticas retirando al país de Internet, la querella de un
abogado, contra una de las compañías de telefonía móvil, volvió a poner Sudán
en línea desafiando al gobierno”, según la información publicada por Jina Moore
-responsable de la sección de Africa del Este del diario New York Times -
en el digital Rest of World (https://restofworld.org/2020/sudan-revolution-internet-shutdown/)
organización internacional de periodismo sin
ánimo de lucro, dedicada especialmente a analizar la colisión entre tecnología,
cultura y experiencia humana.
Los
hechos han cumplido un año –aunque el tiempo no les resta interés- y el
principal protagonista es un inteligente abogado sudanés que encontró el fallo
legal que hizo posible devolver Internet “a una nación que aspira a la
democracia”.
A escala mundial –dice la autora del trabajo- los cortes de Internet y los
bloqueos de las redes sociales orquestados por gobiernos dictatoriales o
autoritarios, se « han multiplicado por siete desde 2015 ». Según las
cifras proporcionadas por Access Now (accessnow.org) –grupo internacional sin
ánimo de lucro de defensa de los Derechos Humanos que defiende un Internet
abierto y gratuito- y la coalición #keepiton (Internet sin Fronteras, https://www.apc.org/en/pubs/keepiton-),
la mayoría de los cortes se han producido en India, “donde limitar el acceso a
la Red es desde hace mucho tiempo una herramienta política, Cachemira puede dar
testimonio de ello”. Tan solo en 2019, las perturbaciones totalizaron más de
18.000 horas en 21 países, la mayoría de regímenes democráticos.
Pero uno
de los cortes más drásticos de 2019 tuvo lugar en Sudán cuando, en el mes de
abril, los generales dieron un golpe de estado derrocando al dictador Omar
el-Bechir, que llevaba más de treinta años en el poder. La Junta militar
instaurada no calmó la protesta de los sudaneses que llevaban meses manifestándose,
en la calle y online, reclamando un
gobierno democrático.
El 3 de
junio 2019, último día del Ramadán, los miembros de una milicia paramilitar disolvieron
a la multitud con lanzallamas. Las víctimas grabaron con sus teléfonos móviles la
masacre, que causó más de 100 muertos y 700 heridos según Amnistía Internacional,
y difundieron las imágenes por Facebook y WhatsApp. Como represalia ante la fuga de información, el nuevo
gobierno cortó Internet, Sudán desapareció de
la Red mundial y los cuatro operadores telefónicos del país cesaron en
su actividad.
Una
semana más tarde, Abdelazim Hassan, abogado
de empresas, denunció a su operador telefónico –Zain- por haber cambiado unilateralmente los términos
del contrato, que precisaba que la empresa “se comprometía a servirle Internet
siempre que pagara su factura mensual”. Inesperadamente, la denuncia prosperó,
la justicia dió la razón a Hassan y obligó a Zain a poner en marcha Internet el
23 de junio…solo para el querellante.
El 30 de junio, una marcha gigantesca obligó al
régimen militar a aceptar una transición hacia un gobierno civil. El 9 de
agosto, Hassan defendió y ganó en el
Alto Tribunal de Justicia de Sudán un recurso colectivo: según la sentencia, la
totalidad de operadores telefónicos debían restaurar Internet para sus
clientes. Lo que sucedió ese mismo día.
Es difícil –dice la autora del trabajo- decir si los cortes
de Internet son eficaces, si cumplen con los deseos de quienes los ordenan. “Lo
que vemos habitualmente –explica Peter Micek, abogado – es que los gobiernos buscan
desesperadamente formas de silenciar a
los manifestantes y parar la información que les molesta o amenaza, durante las
elecciones o en períodos políticos sensibles”.
Un
número creciente de conclusiones y resoluciones internacionales sostienen que las
perturbaciones intencionadas de Internet violan el derecho internacional. Tanto
el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (resolución
A/HRC/RES/32/13) como la Asamblea General de la ONU, han adoptado por consenso
resoluciones que condenan sin ambigüedad las restricciones a la libertad de
expresión en línea.
Expertos
de Naciones Unidas, la Organización para Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Africana de
los Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), han declarado que los cortes (“kill
switches”) de Internet nunca pueden justificarse por el derecho internacional,
ni siquiera en tiempos de conflicto.
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