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| Aung San Suu kyi, de víctima a verdugo |
El tribunal Internacional de Justicia, con sede en La
Haya y presidido por el juez Albulqawi Ahmed Yusuf, ha ordenado a Birmania que
adopte « todas las medidas » que estén en su mano para impedir un
eventual genocidio de los rohinghyas, minoría musulmana del país que carece de
derechos frundamnentales, entre ellos el de poseer documentación y el derecho a la educación, y
que en los dos últimos años se ha visto obligada a emigrar al vecino Bangla
Desh, donde más de 700.000 rohinghyas viven en campamentos de fortuna, huyendo
del acoso, persecución y matanzas generalizadas:
“Bimania debe adoptar todas
las medidas que estén a su alcance para impedir la comisión de los actos
mencionados en el artículo 2 de la Convención, entre ellos los asesinato de
miembros del grupo, atentados graves a la integridad física o mental de
miembros del grupo y la sumisión intencionada del grupo a condiciones de
existencia que provoquen su destrucción física, total o parcial”.
En diciembre de 2019, la jefe del gobierno birmano y
Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi –quien durante cerca de veinte años sufrió persecución, cárcel y residencia
vigilada del anterior régimen militar- defendió a su país rechazando las
acusaciones de que el ejército birmano había actuado en 2017 contra los
rohinghyas “con intenciones genocidas” aunque admitió que se habían cometido
“crímenes de guerra”.
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