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| "Puño de hierro": Ruterte en campaña rodeado de soldados |
En un discurso pronunciado el pasado 22 de julio de
2019, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pidió al Congreso el
restablecimiento de la pena de muerte para los delitos relacionados con el
tráfico de estupefacientes, según denuncia en su boletín semanal Amnistía
Internacional (AI) France, subrayando que los deseos del presidente filipino
van en contra del derecho y las leyes internacionales.
« El discurso de Duterte en favor de la pena de
muerte llega cuando han pasado pocas semanas del homicidio de una niña en una
operación policial. El presidente aborda la cuestión de la droga sin tener en
cuenta la realidad (…) Nuestra nación está de luto. No deberíamos
enterrar a nuestros hijos como consecuencia de operaciones policiales letales y
mal pensadas », ha declarado Butch Olano, representante de la sección
filipina de AI.
La pequeña Myca Ulpina, de tres años, murió a finales de
junio en la provincia de Rizal, cuando la policía irrumpió en el domicilio
familiar sin autorización mientras, según la madre de la niña, la familia
dormía. El gobierno asegura que su padre la usó como escudo cuando le
sorprendieron en flagrante delito. En esa operación también perdió la vida un
policía.
Para AI, « la pretendida lucha contra la droga
del gobierno filipino es en realidad una guerra asesina cuyas principales
víctimas son las personas más pobres y más marginadas”. Los homicidios se
suceden a un ritmo desenfrenado, sin que se efectúen investigaciones creíbles,
imparciales y eficaces. Hasta hoy tan
solo se ha declarado culpable a un policía, imputado por el asesinato, de un
disparo, de Kian de los Santos, de 17 años, en agosto de 2017 . « El
homicidio de Kian es emblemático de los horrores de la supuesta lucha contra la
droga. El país se encuentra hoy en estado de shock por la muerte trágica de Mya
Ulpina. Si este drama no incita al gobierno a cambiar de estrategia, demostrará
su desprecio total por la vida humana “, ha manifestado Butch Olano.
Las ejecuciones extrajudiciales son un hecho normal en
la Filipinas actual. En su peculiar guerra contra la droga, en la que parece
que vale todo, el gobierno ha reconocido al menos 6.600 muertes imputables a la
policía, pero hay suficientes indicios de que muchas otras personas han muerto
a manos de desconocidos armados, que
probablemente tienen relaciones con la policía. AI denuncia todos estos casos,
que casualmente afectan a los estratos más pobres de la sociedad filipina, como “crímenes contra la humanidad ».
“La guerra del gobierno contra los pobres –sigue el
comunicado de AI- no se limita a los homicidios. Hace vivir un infierno a las
familias y a las colectividades con el único objetivo de defender una política
cruel y represiva, que no hace nada para proteger a las personas de la
droga ».
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos tiene previsto publicar, en junio de 2020, un informe sobre la
situación en Filipinas, incluidos los asesinatos ilegales cometidos en el
contexto de la lucha contra la droga, tal y como le ha sido encargado por el
Consejo de Derechos Humanos. Muchas familias que han perdido a alguno de sus
miembros en el marco de esta supuesta
guerra contra la droga tienen puesta su esperanza en la investigación de
Naciones Unidas, con la que por cierto no está colaborando el gobierno de
Duterte.
Rodrigo Duterte, alcalde de la localidad de Davao, en
distintos mandatos, desde 1988 hasta 2016, cuando fue elegido presidente del
país, pertenece al partido PDP-Laban, teóricamente de centro izquierda, y
practica la religión “deísta”.
Por su política de tolerancia cero con los criminales
de la droga, la revista Time le apodó “el castigador” (Punisher): en veinte
años de su mandato, Davao pasó, según sus propias palabras, de ser “la capital
del crimen” a la “ciudad más segura del mundo”, aunque cifras facilitadas por
la Policía Nacional en 2016 demostraban que Davao había registrado el mayor
número de asesinatos entre 2010 y 2015, y era la segunda ciudad en número de
violaciones durante el mismo período.
En febrero de 2017, un ex policía declaró que, siendo
alcalde, Duterte le pagó, lo mismo que a otros policías que constituían
escuadrones de la muerte, por matar no solo a criminales sino también a
opositores políticos, entre ellos el comentarista de la emisora radiofónica
DXGO, Jun Pala, asesinado el 6 de
septiembre de 2003.
El 1 de julio de 2016, al día siguiente de su
investidura, en una rueda de prensa en la localidad de Tondo, Duterte exhortó
“a los ciudadanos filipinos” a asesinar
a los “traficantes de droga y a los toxicómanos”; y pidió al Nuevo Ejército
Popular, el brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, “que desarmara y
detuviera a los barones de la droga”. Cinco días después, el diario Philippine
Daily Inquirer publicó una “kill List”, una lista de personas víctimas de
ejecuciones bajo el mandato de Duterte: lista que el periódico mantuvo
actualizada hasta el 14 de febrero de 2017.
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