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| Foto Greenpeace |
El 18 de abril de 2017, seis meses
después de iniciarse el proceso ciudadano contra el gigante estadounidense de
la biotecnología agrícola, el Tribunal Internacional Monsanto ha sentenciado
que la multinacional ha atentado gravemente contra varios derechos humanos. Los
cinco jueces de La Haya, llegados de Argentina, Canadá, México y Senegal y
presididos por la magistrada belga Françoise Tulkens, exvicepresidenta del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han pedido que, en adelante, el delito de
«ecocidio» figure en el derecho internacional.
La sentencia que tiene carácter “consultivo” -por lo
que no puede considerarse como una condena en el sentido jurídico del término-
la han dictado los cinco jueces que, en octubre de 2016, escucharon durante dos
días los testimonios de una treintena de expertos, abogados y víctimas de la
multinacional de los OGM y los pesticidas.
Para el dictamen, de 66 páginas, los jueces se han
basado en documentos obligatorios de la ONU y también en los “principios que
deben regir las empresas en relación con los derechos humanos”, aprobados en
2011 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y concluyen que
Monsanto ha llevado a cabo prácticas “que tienen un impacto serio y negativo
sobre el derecho a un medio ambiente sano”, y también recuerdan que los
testimonios recogidos hacen referencia a la salud humana, el suelo, las plantas
y organismos acuáticos, la salud animal, la biodiversidad y los derechos de los
pueblos autóctonos. Impacto que, entre otros, se debe al glifosato, una
molécula que entra en la composición del Roundup, el herbicida más utilizado en
el mundo y que Monsanto usa en sus productos genéticamente modificados (OGM).
Para sentenciar que las prácticas del gigante de los
herbicidas “afecta negativamente al derecho a la salud”, el Tribunal Monsanto
cita una extensa relación de testimonios que hablan de malformaciones de
nacimiento, linfomas, enfermedades crónicas, envenenamiento por el herbicida
Lasso, e incluso casos de muertes tras estar expuestos continuamente a los
productos de Monsanto. Y recuerda que la compañía transnacional ha fabricado y
vendido substancias peligrosas como los PCB (policlorobifenilos), hoy
prohibidos, que han ocasionado distintos tipos de cáncer, problemas de
infertilidad y de desarrollo en los niños , y alteraciones del sistema
inmunitario.
Lo mismo que el glifosato, pulverizado sobre el 80% de
los cultivos de OGM, presente en el medio ambiente y en el cuerpo humano, y
definido por la Organización Mundial de la Salud como “probable cancerígeno
para el hombre”. Recordar que este producto, conocido como “agente naranja”,
fue pulverizado también por el ejército estadounidense, desde sus aviones,
durante la guerra de Vietnam.
Un proceso simbólico pero justo y
legítimo
Así define la actuación del Tribunal Monsanto la ONG
Greepeace, uno de los organismos que lleva años denunciando las prácticas de
Monsanto. “Aunque simbólico -dice en su página web- el proceso lo han instruido
expertos en justicia internacional que pueden permitirse hacer recomendaciones
al Tribunal Penal Internacional con la esperanza de que el derecho
internacional avance, especialmente integrando el ecocidio entre los delitos
que castiga”.
“Pese a no ser jurídicamente obligatorio, no por eso
es menos justo y legítimo -dice Arnaud Apoteker, miembro del Comité de
organización del Tribunal Monsanto- los testigos han presentado verdaderos
casos ante verdaderos jueces”. Los problemas planteados ante el Tribunal
Monsanto no conciernen únicamente a los campesinos y los ecologistas. “Nos
afectan a todos. Como ciudadanos y consumidores podemos optar y tomar
decisiones determinantes para el futuro de todos”.
El tribunal Monsanto es una movilización internacional
de la sociedad civil para juzgar a la multinacional Monsanto por violaciones de
los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio.
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