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Ahmadreza Djalali con su familia |
La condena a muerte de Ahmadreza
Djalali, ciudadano iraní especialista en medicina de urgencia y residente en
Suecia, ha sido confirmada el 9 de diciembre de 2017 por la Sala primera del Tribunal
Supremo iraní, que ha seguido un procedimiento sumario y de urgencia, sorprendiendo
a los abogados del acusado que no han tenido la posibilidad de presentar los
argumentos de la defensa, informa la sección francesa de Amnistía Internacional
en su boletín semanal.
Desde los primeros días de noviembre, los abogados de Ahmadreza Djalali se han puesto varias veces
en contacto con el Tribunal Supremo para averiguar que sala iba a encargarse de
sentenciar la demanda de apelación, porque en Irán es costumbre que los
abogados conozcan la sala con antelación para poder entregar los documentos y
pruebas pertinentes. Según estos abogados, los ujieres les han dicho siempre
que todavía no estaba decidido y debían esperar. De ahí su sorpresa al conocer la sentencia.
Médico y profesor universitario, Ahmadreza Djalali, de
45 años, especialista en medicina de catástrofe que estudió en el Karolinska
Institute sueco, ha dado clase en universidades de Suecia, Italia (Universidad
de Piamonte) y Bélgica (Vrije Universiteit
Brussel, VUB). Fue detenido en
abril de 2016 –cuando viajó a Irán invitado por ls universidades de Teherán y
Chiraz- por agentes del Ministerio de Inteligencia iraní, y pasó siete meses
sin poder ver a un abogado, y tres primeros aislado. Durante ese tiempo, el
tribunal rechazó los sucesivos abogados defensores que fue nombrando. Después
fue condenado a muerte “en un proceso inicuo que, una vez más, pone de
manifiesto la insistencia de las autoridades iraníes en recurrir a la pena de
muerte, y su flagrante desprecio del estado de derecho”, escribe Amnistía
Internacional en su comunicado.
Según denuncia de la organización humanitaria, el
médico estaba en el punto de mira del fundamentalista régimen iraní a causa de
sus contactos con medios académicos europeos. Basándose en textos manuscritos
por Djalali facilitados por su familia, la prestigiosa revista científica
“Nature” asegura que en 2014 las autoridades iraníes le pidieron que espiara
por cuenta de su país, a lo que se negó.
En una grabación hecha pública en Youtube el 22 de
octubre de 2016, Ahmadreza Djalali declaraba que durante el
período de aislamiento le obligaron en dos ocasiones a confesar ante una cámara
y leer unos folios escritos por los agentes que le interrogaban. Asegura haber
sufrido tortura psicológica y amenazas de ejecución, así como amenazas de
detener a sus hijos para hacerle confesar que es un espía a sueldo de un
« gobierno hostil ». Negaba
todas las acusaciones que se le hacían y afirmaban que todo era un montaje de
los agentes de Inteligencia.
Vida
Mehrnnia, la esposa de Ahmadreza Djalali que vive en Suecia con sus dos hijos,
ha dicho a AI que la salud física y mental de su marido se ha degradado desde
que está detenido. Uno de los abogados de la defensa, Zeynab Taheri, ha
explicado que su cliente ha sido
condenado a muerte por « corrupción
en la tierra” (ifsad fil Arz) y
espionaje, y también a pagar una multa equivalente a 200.000euros. A este
letrado, la ejecución de la sentencia le parece “inevitable”. Según el Tribunal
Supremo, Ahmadreza Djalali ha trabajado para el gobierno israelí, que le habría
ayudado a conseguir el permiso de residencia en Suecia, facilitando información
sobre varios científicos iraníes (dos de los cuales han muerto asesinados en
atentados), así como acerca de infraestructuras militares y nucleares.
El caso
de Djalali recuerda el de Hamid Babaei, un doctorando de la Universidad Libre
de Bruselas que en 2013 fue detenido al regresar a Irán y condenado
a seis años de prisión por “atentado a la seguridad nacional mediante
comunicaciones con Estados hostiles”. El también se había negado a espiar por
cuenta del gobierno iraní.
El juez
Abolghasem Salavati, encargado del proceso de Ahmadreza Djalali en el Tribunal
Revolucionario de Teherán, figura desde 2011 en la lista negra del Consejo de
la Unión Europea “por haber presidido simulacros de juicios, condenado a muerte
a dos monárquicos y a largas penas de cárcel a más de un centenar de presos
políticos. Salavati tiene prohibida la entrada en territorio europeo, donde sus
cuentas bancarias están congeladas” (L’Echo, Bélgica).
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