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| Jamal Khashoggi (Wikipedia) |
El Fiscal General de Arabia saudí ha anunciado este 23 de diciembre de 2019
la condena a muerte de cinco ciudadanos saudíes implicados en el asesinato del
periodista Jamal Khashoggi, cronista del diario estadounidense Washington Post,
que tuvo lugar el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí en Estambul,
cuando entró para retirar unos documentos que necesitaba para contraer
matrimonio y quince agentes secretos saudíes le inyectaron una dosis de un
producto letal y después desmembraron su cuerpo, para hacerlo desparecer.
De las 11 personas juzgadas por este crimen cinco han sido condenadas a
muerte, tres a penas de cárcel que suman veinticuatro años, y el resto han
quedado en libertad; entre ellos , por “falta de pruebas”, Saud al-Qahtani, un consejero
rea y confidente del príncipe heredero Mohammed ben Salmane (conocido como MSB), a quien
muchos analistas internacionales, la CIA y un informe de la ONU, consideran el
principal instigador del crimen, así como el antiguo número dos de la
inteligencia saudí, el general Assiri, de quien se sospecha que supervisó el
asesinato del periodista.
Según el comunicado de la fiscalía, el tribunal de Ryad encargado del caso
ha celebrado nueve audiencias con asistencia de representantes de la comunidad
internacional –lo que no dice es que se prohibió expresamente la existencia de
intérpretes de árabe- y de familiares de Jamal Khashoggi, concluyendo que “la
muerte no fue premeditada”.
Una vez conocida la sentencia, Reporteros sin Fronteras ha manifestado que
en el juicio se ha pisoteado la justicia, no se han respetado los principios de
justicia internacional y la condena “podría ser una forma de silenciar para
siempre a los testigos del asesinato”. En parecidos términos se ha expresado la
organización Human Rights Watch. La ponente especial de Naciones Unidas, Agnès
Callamard, había pedido que fuera objeto de una investigación separada el papel
desempeñado en el crimen por MBS. Un deseo que no se ha tenido en cuenta.
Por su parte, el Foreign Office británico
ha pedido al gobierno saudí que « se asegure de que todos los responsables
rindan cuentas », mientras que el ministerio turco de Asuntos Exteriores
ha manifestado que las condenas « están muy lejos de responder a las
expectativas de su país y de la comunidad internacional para que se aclaren
todos los aspectos del asesinato”.
“La sentencia sirve para blanquear y no
aporta ni verdad ni justicia para Jamal Khashoggi y su familia”, ha escrito en
un comunicado Lynn Maalouf, directora de Investigaciones para Oriente Medio de
Amnistía Internacional, hablando de « un proceso injusto ».
Muy conocido en los medios de
comunicación de su país y exiliado en Estados Unidos, Jamal Khashoggi, de 60
años, denunciaba frecuentemente en sus crónicas en el Washington Post la deriva
autoritaria del príncipe Mohammed Ben Salmane, el hombre fuerte del reino saudí. Según fuentes
oficiales de Arabia Saudí, el asesinato del periodista fue concebido y
ejecutado “por elementos fuera de control de los servicios de inteligencia”,
sin que lo supiera MBS; una versión que no convence en absoluto a la Agencia
Central de Inteligencia estadounidense (CIA), que estima que la operación no se
pudo llevar a cabo sin el aval del príncipe heredero, que es quien controla los
servicios de seguridad.
El gobierno turco,
que acusa del asesinato a los “niveles más altos del gobierno saudí”, ha pedido
la extradición de 18 saudíes detenidos en su país como “sospechosos de
implicación en el asesinato”. Pero Arabia Saudí ha respondido negativamente,
asegurando que serán juzgados en su país.
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