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| Murat Arslan |
Un
tribunal de Ankara ha condenado al juez turco Murat Arslan, en detención
preventiva desde 2016, a diez años de cárcel por « pertenencia a
organización terroristas ».
A Murat Arsla, de 44 años y ex relator
del Tribunal Constitucional turco, quien recibió en 2017 el Premio Vaclav-Havel
que concede la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se le acusa de
pertenecer a la comunidad de Fethullah Gülen, el predicador islamista exiliado
en Estados Unidos a quien las autoridades consideran el cerebro del fallido
golpe de estado contra el régimen de Erdogan del 15 de julio de 2016.
Sin embargo, explican hoy las agencias
internacionales, no se le ha probado ningún hecho terrorista y todo el caso se
ha montado sobre la base de algunas aplicaciones encontradas en su teléfono
móvil, entre ellas un servicio de mensajería instantánea llamado Bylock, que
las autoridades de Ankara describen como “la principal forma de comunicación de
los conjurados”.
Murat Arslan niega haberse descargado
esa aplicación y la Asociación de magistrados europeos para la democracia y las
libertades (Medel), que ha seguido el asunto con interés, asegura en un
comunicado publicado tras conocerse la sentencia que “todo el procedimiento
judicial carece de trasparencia y no tiene nada de procedimiento legal regular”.
El proceso ha estado llenos de
irregularidades: el principal testigo de cargo de la acusación es anónimo y
otros muchos testigos se han desdicho de sus primeras declaraciones; el juez se
ha cambiado cuatro veces, y tres de ellas sin ninguna razón ni explicación; se
han rechazado las propuestas de la defensa de escuchar a algunos testigos, así
como las múltiples veces que se ha pedido la libertad del acusado.
Murat Arslan, prestigioso magistrado
turco, « no tiene el perfil de un adorador religioso, ni mucho menos el de
un terrorista », escriben hoy en las páginas del diario francés Le Monde. “Nunca ha llamado a la
insurrección, ni jamás ha llevado un arma. Cree en el estado de derecho, y lo
repitió varias veces en la sala mientras esperaba conocer su sentencia ». Sus males comenzaron cuando
presidió la Asociación de magistrados independientes Yarsav, la única
organización turca que estableció lazos con sus homólogos de otros países. La
carrera de Murat Arslan se interrumpió en 2015 cuando le trasladaron del Tribunal
Constitucional al Tribunal de Cuentas.
El 20 de julio de 2016, cinco días
después del fallido intento de golpe de estado, Murat Arslan declaraba que
presentía que se iban a lklevar a cabo purgas en la institución judicial, como
en otros sectores de la sociedad turca, entre ellos los medios de comunicación.
Y, en efecto. En los días siguientes fueron puestos en arresto domiciliario
2.745 magistrados, sospechosos de apoyar el movimiento “terrorista” Pocos días
más tarde fue disuelta la asociación Yarsav y el 19 de octubre de 2016 detenían
a su presidente, encarcelado desde entonces
en la prisión de Sincan, en Ankara, donde comparte celda con otros
dieciséis detenidos, que se turnan para dormir sobre las colchonetas, ya que
solamente disponen de ocho.
Cuando el 10 de octubre de 2017, la Asamblea del Consejo de
Europa concedió el Premio Vaclav-Havel al magistrado Murat Arslan por su
encarnizada defensa de los derechos humanos, “la respuesta de las autoridades
turcas, furiosas porque un ‘terrorista’ fuera galardonado, no se hizo esperar.
Poniendo en duda la cre4dibilidad de la Asamblea, el gobierno de Ankara decidió
su participación en el presupuesto de la entidad”, escribe Marie Jégo,
corresponsal de Le Monde en Estambul.
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