El avión que a las cuatro de la madrugada (hora europea) de este miércoles, 26 de junio de 2024, ha despegado del aeropuerto de las Islas Marianas del Norte –enclave estadounidense en el Pacífico- con destino a Camberra, la capital australiana, llevaba en su interior a Julian Assange, el periodista de 52 años y fundador de Wikileaks que acaba de recuperar su libertad, tras un periplo de clandestinidad y cárcel que ha durado catorce años y que Anthony Albanese, el primer ministro australiano ha recordado que, “se piense lo que se piense” de los “delitos” que la justicia estadounidense le imputa, ha durado “demasiado”.
El hombre que ayer, martes, salió en mangas de camisa y
vaqueros de la cárcel londinense de Alta Seguridad de Belmarsh –un
establecimiento para “presos peligrosos”- se dirige hoy, vestido con traje gris
y corbata naranja, al encuentro con una
familia de la que ha estado ausente: su mujer la abogada especialista en
defensa de los derechos humanos Stella Morris, a quien conoció durante el
encierro en la Embajada de Ecuador en Londres y con la que contrajo matrimonio
en la prisión de Belmarsh; los hijos de ambos de 7 y 5 años, padres y hermanos,
que durante los últimos cinco años solo
han podido verle entre rejas.
Julian Assange -desde
2010 “bestia negra” de tres presidentes
de Estados Unidos por haber desvelado cientos de miles de informaciones
secretas procedentes de los estamentos militar y diplomático estadounidenses,
referentes sobre todo a violaciones de derechos humanos cometidas por el
ejército durante sus intervenciones en los conflictos de Afganistán e Irak, es
un hombre libre tras pactar con la justicia de Estados Unidos, que le acusaba
de dieciocho cargos, reconocerse
culpable del único delito de espionaje y aceptar una condena de cinco años de
cárcel, cumplida sobradamente en el Reino Unido, primero durante siete años
como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, y el resto en la cárcel de
Belmarsh).
La resolución del “caso Assange”, que ha hecho suspirar
aliviado al gobierno conservador de Londres, siempre pendiente de un último
recurso de los abogados de Assange contra la demanda de extradición formulada
por la justicia de Estados Unidos, que
le esperaba con una sentencia que podía llegar a los 175 años de cárcel,
supone también algo de lo que podrá presumir el actual presidente Joe Biden en
su próxima campaña para renovar el mandato.
En declaraciones al servicio de noticias de la ONU, la
relatora Alice Jill Edwards, ha saludado la liberación de Julian Assange
añadiendo que “las personas no deben ser extraditadas a lugares donde tengan
que enfrentarse con torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes. La experta considera un “muy buen resultado” el acuerdo que ha
puesto fin a la persecución judicial iniciada en 2010, tras la publicación en
Wikileaks- y en los grandes periódicos internacionales, entre ellos El País- de
los más de medio millón de archivos calificados “secretos”, conseguidos por
Chelsea Manning (nacida como Edward Manning), exsoldado y analista del ejército
de Estados Unidos, condenada a 35 años de cárcel por “espionaje y traición”, y posteriormente indultada por Barack Obama.
Un acuerdo entre Julian Assange y la justicia de Estados
Unidos, con resultado de libertad definitiva para el acusado, que pone fin a
una larguísima batalla judicial y a una vida “en suspenso” que, con distintos matices, también han
aplaudido diversas organizaciones internacionales que defienden la libertad de
prensa y el secreto de las fuentes, como
el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Federación
Internacional de Periodistas (FIJ), o la organización no gubernamental
Reporteros sin Fronteras (RSF).
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