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El Tribunal Supremo ruso ha ordenado, este martes 28 de diciembre de 2021, la disolución de la organización no gubernamental Memorial, fundad en 1980 con el apoyo del Premio Nobel de la paz Andrei Sajarov, principal organización que ha defendido los derechos humanos en el país desde antes de la caída del telón de acero, pilar de la defensa de las libertades y guardián de la memoria del Gulag y otros crímenes de la época soviética.
« La decisión significa liquidar Memorial
Internacional y sus versiones regionales », se lee en el mensaje publicado
en la cuenta de Telegram de la organización a los pocos minutos de conocerse la
sentencia .
La Rusia que Vladimir Putin
preside desde 1999 –alternando este cargo con el de Presidente de la Federación
de Rusia- es una dictadura que se vuelve más dura cada día. Cuando han
transcurrido más de treinta años desde el hundimiento de la Unión Soviética –que
el presidente ruso considera “la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX”- Rusia es de nuevo una autocracia totalitaria
presidida por un ex agente del KGB “decidido
a permanecer en el poder durante todo lo que le resta de vida, a base de
silenciar cualquier voz discordante”, escribe Vincent Jauvert en el diario L’Obs
(antiguo Nouvel Observateur).
A mediados del pasado noviembre el
fiscal general de Rusia pidió la disolución de organización por « violaciones
sistemáticas » de la Ley de los agentes extranjeros. En un comunicado
emitido posteriormente, la oficina del fiscal consideraba que el trabajo que
lleva a cabo Memorial « infringe la Constitución ». La oposición
consideró intervención del fiscal general como un paso más en la represión que
Putin lleva a cabo contra cualquier voz que se alce criticándole y los abogados
de Memorial denunciaron que estaban siendo objeto de persecuciones infundadas,
desproporcionadas y políticas.
La ley de 2012 relativa a los
agentes extranjeros se ha convertido en uno de los elementos habitualmente
empleados para presionar a la sociedad civil rusa y a los medios de
comunicación independientes, para obligar a personas y organizaciones a
someterse a las normas liberticidas que desde hace más de veinte años emanan
del gobierno de Putin.
Memorial es una más de
los últimas víctimas de una larga lista de opositores, ONG’s y medios de
comunicación perseguidos en los últimos meses. A comienzos de 2021 fue
condenado a dos años y medio de internamiento en un centro de trabajo el
opositor número uno del Kremlin, Alexei Navalny; en junio prohibieron su
organización, la Fundación Anti-corrupción, por “extremismo”, y detuvieron a
varios de sus partidarios. En los
últimos meses, decenas de personas y de organizaciones defensoras de los
derechos humanos y de las minorías sexuales, así como algunos medios
independientes, han sido acusados de “extremismo” o de ser “agentes del
extranjero”.
Igualmente, las
autoridades de Moscú han pasado a la ofensiva en Internet, bloqueando páginas
consideradas “disidentes” y multando a las grandes empresas del sector por no
suprimir contenidos relacionados con la oposición al régimen de Putin.
Para los defensores de
Memorial, la organización es víctima de la visión que mantiene el Kremlin sobre
la historia del país, glorificando la potencia de la URSS y minimizando los
crímenes y las derivas del estalinismo. Debido a sus actividades, Memorial
lleva mucho tiempo en el punto de mira de los nostálgicos rusos y cuenta con
algunas víctimas: entre ellas, su responsable en Chechenia, Natalia Estemirova,
secuestrada y ejecutada en 2009.
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