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| Nasrin Sotoudeh, abogada iraní detenida |
Considerando que
la crisis sanitaria aumenta los peligros que habitualmente corren los presos de
opinión en todo el mundo, Amnistía Internacional (AI) pide este viernes, 8 de
mayo de 2020, en un comunicado titulado “Covid-19, una amenaza suplementaria”,
la libertad inmediata y sin condiciones de todos ellos.
“Cuando el virus está teniendo efectos devastadores en
el mundo entero las cárceles pueden convertirse en focos de infección del
Covid-19”. Por eso es más importante que nuca que los estados adopten
urgentemente las medidas necesarias para proteger a todas las personas privadas
de libertad, y entre otras la de « liberar a todas las que se encuentra
encarceladas injustamente ».
Aunque los equipos de AI trabajan actualmente en unos
150 casos de presas y presos de opinión en el mundo, consideran que “probablemente
se cuentan por miles las personas detenidas arbitrariamente en condiciones que
cada vez resultan más peligrosas”. Se trata de personas que no han cometido
ningún crimen y a quienes no se aplican medidas de prevención contra la
pandemia de Covid-19, como el mantenimiento de la distancia física o el lavado
frecuente de manos, a causa de la
superpoblación de las cárceles y la falta de instalaciones sanitarias en muchas
de ellas.
Por eso, AI
pone en marcha una campaña para conseguir la libertad de las personas
que considera presos y presas de opinión, detenidas en distintas regiones del
mundo, donde las han encarcelado cuando no habían hecho otra cosa que ejercer
pacíficamente sus derechos humanos.
“Resulta cruel y gravemente irresponsable mantener
detenidas a personas injustificadamente en
este período de pandemia mundial. El respeto a los derechos humanos de todos
debe estar en el centro de nuestras iniciativas para construir un futuro justo
y tolerante en el mundo post Covid-19, en el que todos puedan expresar libre y pacíficamente
sus opiniones”, se lee en el comunicado de AI.
« Pedimos –prosigue- la liberación de los presos
y presas de opinión y esperamos que entre las medidas que adopten los gobiernos
para frenar la propagación de la pandemia se encuentre el descongestionar las
cárceles. Las autoridades deben también examinar los casos de los detenidos provisionalmente, así como de
los menores, y poner en libertad anticipadamente a las personas en situación de
riesgo, como los mayores y quienes tienen algunas patologías previas. Los
gobiernos tienen la obligación de proporcionar a los detenidos medidas
sanitarias que correspondan a sus necesidades, similares a las del resto de la
población de los países”.
Entre ellas se encuentra Rubén González, sindicalista
venezolano que protesto y defendió pacíficamente los derechos relativos al
trabajo de los obreros de una compañía minera pública, detenido arbitrariamente
el 29 de noviembre de 2018. Acusado de atacar a un miembro del ejército,
juzgado, declarado culpable y condenado por un tribunal militar a cinco años y
nueve meses de cárcel, a pesar de no existir ninguna prueba sólida contra él.
AI considera que tanto su detención como su condena han estado motivadas por
consideraciones políticas y recuerda que se trata de una enferma aquejada de
insuficiencia renal e hipertensión, dos patologías que podría agravar el virus
Covid-19 si continúa en la cárcel.
Lo mismo ocurre en el caso de la abogada Nasrin Sotoudeh, defensora de los
derechos humanos y presa de opinión en Irán. Detenida el 13 de junio de 2018,
fue condenada a a veintiocho años y seis meses de cárcel y a ciento cuareta
bastonazos, en dos procesos « de flagrante iniquidad ». Los cargos esgrimidos
contra ella tienen que ver con su oposición a las leyes que exigen el uso
obligatorio del hijab (velo) y con su
compromiso en contra de la pena de muerte. Entre otras cosas fue acusada de « incitar
a la corrupción y a la prostitución » y « cometer abiertamente actos
inmorales (…) apareciendo en público sin llevar el hijab ». Como « prueba »,
las autoridades han recordado que se quitó el velo en sus visitas a la cárcel
para entrevistarse con sus defendidos, y que concedió entrevistas a varios de medios de comunicación
para comentar la detención violenta de algunas mujeres que se manifestaban en
una protesta con la obligación de llevar el velo.
Otro caso es el de Emir-Ousseïn Koukou, tatar(1)
de Crimea, encarcelado y separado de su mujer e hijos desde febrero de 2016,
cuando le detuvieron tras investigar y denunciar las violaciones de los
derechos humanos, y entre ellas las desapariciones forzosas, cometidas por la
Federación de Rusia en su actual ocupación de la península ucraniana de Crimea.
El 12 de noviembre de 2016, un tribunal
militar ruso declaró culpables de terrorismo a Emir-Oussein Koukou y otros cinco acusados -
Mouslim Aliev, Vadim Sirouk, Enver
Bekirov, Arsen Djepparov y Refat Alimo-, en un juicio que fue un montaje, y les
condenó a penas de entre siete y diecinueve años de cárcel.
(1) Los tatars de Crimea son una población de origen turco
instalada en el siglo XIII en la república de Crimea. Otros tatars viven actualmente en Rusia, Finlandia, Polonia y Rumania.
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