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| La líder Aung San Suu Kyy y el general Min Aung Hlaing |
Por primera vez en toda su historia, el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU ha aprobado, el
27 de septiembre de 2018, la creación de un organismo encargado de reunir
pruebas, que puedan ser utilizadas ante los tribunales, de los crímenes cometidos en Birmania contra
los rohingyas desde 2011. Esta decisión
debe ser aprobada ahora en la Asamblea General de la ONU que, como todos los
años, se está celebrando estos días en
Nueva York.
La
resolución, que era una propuesta de la Unión Europea (UE) y la Organización de
Cooperación Islámica (OCI), y que ya han aplaudido Amnistía Internacional (AI)
y Human Rights Watch (HRW), consiguió 35 votos favorables de los 47 países que
componen el Consejo; tres votaron en contra – China, Filipinas y Burundi- y se
abstuvieron Cuba y Venezuela.
La
resolución es consecuencia del informe hecho público, a finales de agosto, por
la Misión de la ONU encargada de establecer los hechos acaecidos en Birmania, y
en el que los investigadores pedían que fuera la justicia internacional la que
se encargara de juzgar a los cinco
generales birmanos más importantes,
incluido el comandante en jefe del ejército Min Aung Hlaing, por “genocidio en
el norte del estado de Rakhine, así como por crímenes contra la humanidad y
crímenes de guerra en los estados de Rakhine, Kachin y Shan”. Para ello, pedían
que el Consejo de Seguridad requiriera
al Tribunal Penal Internacional (TPI) la creación de un tribunal especial para
este caso, y recomendaba sanciones para los autores de los crímenes y un
embargo de armas internacional para Birmania.
La
resolución aprobada por el Consejo decide también prolongar el mandato de la
Misión y « crear un mecanismo
independiente permanente para reunir, consolidar, preservar y analizar las
pruebas de los crímenes internacionales más graves y las violaciones del
derecho internacional cometidas n
Birmania desde 2011.
La represión birmana, un país de mayoría budista, de la minoría musulmana rohingya –ciudadanos
sin categoría alguna, carentes de documentos de identidad, con discriminación
educativa y laboral- se saldó en 2017 con una cadena interminable de
persecuciones, agresiones, violaciones, incendios de pueblos y aldeas, etc.,
que la ONU calificó de “limpieza étnica”
y fueron cometidos por el ejército birmano, y un balance final de más de
700.000 rohingyas huidos al vecino Bangladesh.
En
nombre de la Unión Europea, Elisabeth Tichy-Fisslberger, embajadora en la ONU
de Austria, país que preside este semestre la UE, declaró que “a menos que se
combata rápidamente la impunidad, podrían repetirse oleadas de violencia y
atrocidades similares, que tendrían consecuencias aun más devastadoras a nivel
nacional y regional”.
A
mediados de este mes de septiembre, el TPI anunció que iniciaba un examen
preliminar sobre « la presunta deportación de rohingyas a
Bangladesh », como primera etapa de un proceso que puede llevar a una
investigación formal del tribunal con sede en La Haya, y a la posterior
formulación de acusaciones nominales precisas.
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