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| El presidente Erdogan |
El
despido de más de 100.000 personas empleadas en el sector público turco, tras
la victoria de Erdogan en el referéndum que ha ampliado sus poderes y la
duración de su mandato- es arbitrario y ha tenido consecuencias catastróficas
para su vida y su sustento, revela Amnistía Internacional (AI) en un nuevo
informe publicado el 22 de mayo de 2017.
El
informe No End In Sight: Purged public sector workers denied a future in
Turkey muestra que decenas de miles de personas -entre ellas profesionales
de la salud, agentes de policía, docentes, profesores universitarios y
militares- a las que se ha tachado de “terroristas” y apartado del servicio
público, están pasando ya graves apuros económicos.
“Las
repercusiones de la represión ejercida en Turquía tras el intento de golpe de
Estado continúan destrozando la vida de gran número de personas, que no sólo
han perdido su trabajo, sino que también han visto arruinada su vida
profesional y familiar”, ha señalado Andrew Gardner, investigador de AI sobre
Turquía. “Tachadas de ‘terroristas’ y privadas de sus medios de vida, gran
cantidad de personas no pueden ya continuar en su profesión en Turquía y no
tienen tampoco otras oportunidades de trabajo porque se les niegan”.
El
informe, basado en 61 entrevistas realizadas en Ankara, Diyarbakır y Estambul,
revela la difícil situación que afrontan, sin medios de resarcimiento, muchas
personas que tenían antes un trabajo seguro en el sector público. Todas las
personas entrevistadas explicaron que la falta de otros medios de sustento,
incluidas prestaciones de la seguridad social, las había obligado a vivir de
sus ahorros, depender de la ayuda de familiares y amistades, aceptar trabajos
en la economía irregular o sobrevivir con pequeños donativos de sus sindicatos.
Según AI, los despidos han afectado a 33.000 profesores y empleados del
ministerio de Educación, 24.000 policías y empleados del ministerio del
Interior, 8.000 militares, 5.000 profesores universitarios y empleados de la
educación superior y cerca de 4.000 jueces, fiscales y otros miembros del
ministerio de Justicia.
Mención
aparte merecen los casos de policías despedidos o detenidos. Según una
información del diario turco Milliyet del 24 de abril de 2017, “mil policías
han sido detenidos y 9.103 suspendidos de sus funciones. En 81 ciudades del
país se han dictado 7.000 órdenes de arresto contra policías. Entre las
personas detenidas, de 1.009 se dice que han jugado un papel de “imanes
secretos” que actuaban dentro de la policía. El resto serían adeptos del
religioso Fethullah Gülen (conocidos como “gülenistas”), un antiguo aliado del
presidente Erdogan que desde 2013 se ha convertido en su bestia negra.
Muchas
de las personas despedidas tienen prohibido el ejercicio privado de profesiones
reguladas por el Estado, como la abogacía y la enseñanza. Asimismo, los agentes
de policía y militares despedidos tienen prohibido por decreto buscar un
trabajo similar en el sector privado. Los pocos profesionales a quienes se
permite continuar desarrollando su actividad en el sector privado, como los
profesionales de la salud, a duras penas encuentran trabajo, es especial en
puestos equivalentes, con sueltos similares a los que tenían.
A
los empleados públicos despedidos se les ha anulado el pasaporte, privándoles
así de la posibilidad de buscar trabajo fuera del país, lo que restringe aún
más y de manera grave sus oportunidades laborales. Incluso si algunos de los
despidos -como los de militares que participaron en el intento de golpe de
Estado- estuvieran justificados, el hecho de que las autoridades no hayan
establecido unos criterios claros para llevarlos a cabo, ni proporcionado
pruebas individualizadas de actos ilícitos, pone en entredicho su afirmación de
que todos los despidos son necesarios para combatir el terrorismo. De hecho,
los datos disponibles son indicativos de la existencia generalizada de motivos
abusivos y discriminatorios tras la purga.
Ninguna
de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional ha recibido
explicación alguna del motivo de su despido aparte de la acusación generalizada
de su vinculación con grupos terroristas. Sin embargo, a pesar de la
arbitrariedad manifiesta de las decisiones de despido, no hay un procedimiento
efectivo de apelación para que las personas empleadas en el sector público
impugnen su despido. Una comisión propuesta en enero para evaluar los casos
carece de la independencia y la capacidad necesarias para ser efectiva. Y aún
no ha empezado a trabajar.
Un
pequeño número de ex empleados públicos ha protestado públicamente por su
despido y han sufrido hostigamiento de la policía, e incluso detención y malos
tratos. Nuriye Gülmen, profesora universitaria, y Semih Özakça, docente, llevan
75 días en huelga de hambre como protesta por sus despidos.
“Privar
a 100.000 personas de acceso al trabajo es semejante a una aniquilación
profesional en gran escala, y está claro que forma parte de una purga política
más general de quienes ejercen o parecen ejercer oposición política”, ha
afirmado Andrew Gardner. “Las autoridades deben poner fin de inmediato a
estos despidos arbitrarios y rehabilitar a todas las personas que no hayan
hecho nada ilícito. Se debe proporcionar a las personas despedidas acceso a un
procedimiento rápido y efectivo de apelación para que puedan limpiar su nombre,
recibir indemnización y volver a ejercer su profesión.”
Frente
a las críticas, escriben en un artículo en el diario francés Le Monde, las
autoridades turcas niegan que exista una caza de brujas y aseguran que estas
medidas excepcionales son necesarias para “limpiar” las instituciones de
elementos facciosos. “Ankara imputa el golpe de estado fallido al predicador
islamista Fethullah Gülen, residente en Estados Unidos, acusado de estar a la
cabeza de una organización terrorista que ha infiltrado las instituciones para construir
un Estados paralelo”.
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