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| Paramiliatres colombianos de la AUC |
En nombre de las “comunidades de paz” colombianas, una
coalición de organizaciones de defensa de los derechos humanos -compuesta
por'International Human Rights Clinic at Harvard Law School, la Federación
Internacional de Ligas de los Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo (CAJAR)- ha pedido al Fiscal del Tribunal Penal
Internacional (TPI), que investigue la presunta complicidad de los dirigentes
de la compañía Chiquita -la mayor productora y distribuidora mundial de
bananas- en crímenes contra la humanidad.
A fecha 18 de mayo de 2017 ninguno de los dirigentes ha
sido procesado mientras que la compañía admite haber pagado millones de dólares
a los paramilitares, culpables de asesinatos, violaciones y desapariciones de
civiles, según un comunicado de la FIDH.
En su petición al Tribunal, la coalición de
organizaciones nacionales e internacionales utiliza documentos internos de
Chiquita para demostrar la implicación de sus dirigentes en la financiación de
actividades de los paramilitares entre 1997 y 2004, pagos que continuaron
incluso después de que la Secretaría de Estado de Justicia estadounidense los
declarara ilegales.
La comunicación al TPI incluye anexos confidenciales que
identifican por su nombre a 14 dirigentes y miembros del consejo de administración
de Chiquita, entre ellos algunos procedentes de los Archivos de la seguridad
Nacional (National Security Archive) de la Universidad George Washington, así
como su implicación en los delitos denunciados.
Chiquita estuvo durante muchos años financiando a
organizaciones paramilitares colombianas, oficialmente para «garantizar su
seguridad» en las regiones productoras de bananas. Hasta 2003, la rama
colombiana de la compañía era la que mayores beneficios producía en todo el
mundo.
En 2007 la compañía Chiquita se declaró culpable, en un
tribunal federal estadounidense, de financiar a los paramilitares colombianos.
Sin embargo, nunca se ha procesado a los dirigentes que supervisaron y
autorizaron el sistema de financiación. Esta petición de las ONG’s
internacionales llega en un momento crítico para el gobierno de Colombia, según
el comunicado de la FIDH. El país empieza a poner en marcha un acuerdo paz
histórico, tras medio siglo de conflicto armado. La denuncia de a la Oficina
del Fiscal del TPI que siga atentamente los procedimientos en curso en Colombia
y se asegure de que respetan los estándares internacionales, en especial en lo
relativo a la forma en que el sector privado del país ha apoyado a los
paramilitares, y la responsabilidad de las empresas. “Durante los procesos
de paz, con frecuencia los actores económicos escapan a las denuncias, incluso
en los casos en que han cometido actos monstruosos”, ha manifestado el
Profesor Tyles Gianini, director de la Clínica de Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho de Harvard. “El procesamiento de
los dirigentes de Chiquita por sus pagos a los paramilitares supondría un aviso
de que no existe impunidad”.
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