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| Un soldado en Rajine |
El ejército de Myanmar, antes Birmania, que allí conocen como la Tatmadaw, sigue cometiendo crímenes de guerra. Una
reciente investigación llevada a cabo por
Amnistía Internacional (AI), revela que continúa matando e hiriendo a
civiles en los ataques que lleva a cabo sin discriminación desde enero de 2019,
y que en el país sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones
arbitrarias, tortura y malos tratos, así como desapariciones forzosas. El
objetivo último de toda esta represión es el llamado Ejército de Arakan (AA),
un grupo armado de etnia rajine, al que el gobierno de la Liga Nacional para la
democracia, que de hecho dirige la Premio Nobel Aung San Suu Kyi, ha dado la
orden de “aplastar”.
Desde hace tiempo las
comunidades étnicas rajines manifiestan sus quejas frente al gobierno de
Myanmar; ahora, el Ejército de Arakan está dirigido por una generación más
joven de nacionalistas rajines. Fundado
en 2009 y compuesto por unos 7.000 combatientes, lucha desde hace varios años
junto a otros grupos armados étnicos en el norte del país.
Para llevar a cabo su
investigación, Amnistía Internacional entrevistó a finales de marzo de
2019 a 54 personas en el Estado de
Arakan y otras 27 que viven en las zonas afectadas por el conflicto, ciudadanos
todos de origen rajine, mro, rohingya y khami, y de confesión budista,
cristiana o musulmana. Además han estudiado fotografías, vídeos e imágenes de
satélite, e interrogado a expertos, responsables humanitarios, y defensores de los derechos humanos.
Todos
ellos han confirmado atentados contra los derechos humanos cometidos por
militares, en su mayoría pertenecientes a las divisiones de infantería ligera
números 22 y 55.
Las exacciones llevadas
a cabo en las últimas semanas por el ejército de Myanmar contra las comunidades
rajines no significa en absoluto que haya abandonado la persecución de otras
comunidades minoritarias, como la de los rohingyas. El pasado 3 de abril, un
helicóptero del ejército abrió fuego sobre unos campesinos rohingya que estaban
cortando cañas de bambú, matando al menos a 6 hombres e hiriendo a otros 13.
Según la información de que dispone AI, el ejército se ha apalancado en el
lugar de los antiguos templos de Mrauk-U y desde allí dispara sin miramientos
sobre todo el sector. Imágenes de satélites confirman la presencia de
artillería cerca de los templos, y algunas fotografías muestran los daños en el
lugar.
Estos últimos
enfrentamientos han provocado el desplazamiento de más de 30.000 personas.
Recordemos que más de 900.000 refugiados rohingyas siguen viviendo en
campamentos del vecino Bangladesh y que algunos de ellos no han sido víctimas
de ejército gubernamental sino del de Arakan, que no solo les pone en peligro
durante sus operaciones sino que además ha hecho del secuestro y las amenazas
una verdadera especialidad. El 3 de mayo de 2019, unos combatientes del AA
secuestraron a cuatro rohingyas en el pueblo de Sin Khone Taing, trasladándolos
a una zona de la selva profunda: dos de ellos consiguieron escapar después pero
se ignora la suerte corrida por los otros dos. El grupo armado amenaza regularmente
por correo a los jefes de los poblados y a los empresarios, en misivas
acompañados de una bala y el sello oficial del AA, en las que les advierte de
que no quiere injerencias en sus actividades.
« Al tiempo que se
multiplican las informaciones que hablan de violaciones de los derechos humanos
imputables al ejército –dice el informe de Amnistía Internacional- las fuerzas
de seguridad de Myanmar siguen usando las viejas tácticas para amordazar
cualquier crítica, por pequeña que sea. En los últimos meses el ejército ha
denunciado ante la justicia a los redactores jefe de tres medios de
comunicación locales en lengua birmana”.
A la vista de las
atrocidades cometidas por el ejército de Myanmar contra las minorías en los
estados del norte del país, AI considera que es urgente que la ONU actúe,
máxime cuando el organismo internacional ya manifestó a finales de 2018 que
algunos oficiales de rango superior “deberían ser objeto de investigaciones y
procedimientos por crímenes contra la
humanidad, crímenes de guerra y genocidio”: “Pedimos al Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas que informe con urgencia al fiscal del Tribunal Penal
Internacional sobre la situación en Myanmar, y que imponga un embargo exhaustivo
de las armas. Igualmente, los socios internacionales de Myanmar deben repensar
sus relaciones con los dirigentes del país y aplicar sanciones a los militares
de alta graduación a través de
organismos multilaterales, como la Unión Europea (UE) y la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ANASE)”.
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