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| Assange saliendo de la embajada |
Detenido el 11 de abril de
2019 por la policía británica, Julian Assange, periodista australiano fundador
de Wikileaks y uno de los personajes más controvertidos de nuestra época,
llevaba desde 2012 – seis años, nueve meses y veintidós días- recluido en la
Embajada de Ecuador en Londres, víctima de presiones geopolíticas que han
terminado por forzar esa escena que hemos visto en todos los informativos
televisados: la de un hombre de 47 años, prematuramente envejecido, arrastrado
por la policía hasta un coche que le conduciría a los calabozos.
La detención se ha llevado a cabo en base a una violación de su libertad
condicional en Suecia, donde estuvo acusado de abusar sexualmente de dos
mujeres (un episodio poco y mal explicado, que finalmente la justicia sueca
sobreseyó) y, ya puestos, de una demanda de extradición de la justicia
estadounidense que le considera una “grave amenaza para la seguridad del país”
desde que en 2012 Wikileaks publicara
cientos de miles de despachos diplomáticos y secretos de defensa, cuyas
revelaciones más explosivas de graves exacciones militares tenían que ver con
las operaciones del ejército estadounidense en Irak y Afganistán, pero también
“espionaje industrial en Estados Unidos, cuentas secretas en las Islas caimán,
una comunicación secreta del Departamento de Estado calificando la dictadura
del presidente tunecino Aine El-Abidine Ben Alí de ‘régimen esclerótico’ (…) pero lo que la izquierda perdona menos a
Assange es la publicación de los correos pirateados de la campaña de Hillary
Clinton (…) El encarnizamiento de las autoridades estadounidenses contra
Assange se ha visto animado por la cobardía de los periodistas que le han
abandonado a su suerte, e incluso se han deleitado con su infortunio. Así,
Christopher Matthews, presentador
vedette del canal MSNBC, antiguo cacique del Partido Demócrata, no dudó en
sugerir que los servicios secretos de Estados Unidos deberían ‘actuar a la
israelí y secuestrar a Assange…” (Serge Halimi, “Pour Assange”, Le Monde diplomatique)
Se
trataba de documentos ultrasecretos facilitados por el analista del ejército
Bradley Manning, que posteriormente cambió de sexo adoptando el nombre de
Chelsea, condenado en 2013 por un tribunal militar a 35 años de cárcel e
indultado por el presidente Barack Obama pocos días antes de hacer el
traspaso de poderes al actual inquilino de la Casa Blanca.
En
marzo de 2018, un gran jurado encargado de reunir toda la información posible
sobre las actividades de Assange, decidió cambiar la orden de extradición de
“piratería informática” y “difusión de documentos ultrasecretos” por la de
“asociación de malhechores con vistas a una piratería informática”, lo que al
final le llevaría a una condena máxima de 5 años de cárcel, según la
información de Joël Chatreau del canal internacional Euronews.
La
intervención de la policía británica, sacando a rastras a Julian Assange de la
Embajada de Ecuador en Londres –cuando siempre se dijo que le detendría en el
momento en que pusiera un pie en la calle- ha vuelto a poner sobre la mesa “el caso Wikileaks”, la saga
geopolítica-judicial que ya ha cumplido una década.
A finales de 2010 la justicia sueca emitió una orden
de detención contra Assange para que respondiera de las acusaciones de agresión
sexual, formuladas por dos mujeres; agresiones que él desmintió, y el juez
sueco solicitó su extradición. Cuando el 19 de junio de 2012 se refugió en el
edificio de Hans Crescent número 3, donde está ubicada la embajada de Ecuador
en el Reino Unido, aceptando el asilo político y el refugio que le ofrecía el
entonces presidente de Ecuador Rafael Correa, Assange se encontraba en libertad
condicional. Puede que hubiera acudido a
testificar a Estocolmo –de hecho, ahora se ha mostrado dispuesto a colaborar
con la justicia sueca que pretende reabrir el asunto- si no temiera que el paso por Suecia iba a ser el preludio de una
futura extradición a Estados Unidos, donde un Gran Jurado estaba deseando
juzgarle, en aquel momento por « piratería” y “traición”.
Después, ya en noviembre de 2016, la físcalía sueca le
interrogaría en su refugio londinense, cuando tres de las denuncias habían
prescrito y la última, por “violación menos grave” (la mujer acusaba a Assange
de una relación sexual, cuando ella estaba dormida, sin preservativo; él
mantenía que fue consentida), fue sobreseída en mayo de 2017. Aunque nada de
esto mejoraría la situación de un hombre cuya salud empezaba a acusar el
deterioro causado por los años de internamiento (hemos podido comprobarlo al
verle salir de la embajada, al ver a unos bobbys
arrastrando a un hombre casi anciano).
La justicia británica rechazó el recurso de los
abogados de Assange y al mismo tiempo se degradaron las relaciones entre el
australiano y el nuevo presidente de Ecuador, Lenin Moreno, que sin embargo le
ha concedido la nacionalidad ecuatoriana hace unos meses y que ahora, en una
entrevista publicada el 14 de abril de 2019 en el diario británico The Guardian, para justificar su decisión de retirarle el
asilo político le acusa de haber intentado crear “un centro de espionaje” en la
embajada: una actividad, dice , “que viola las condiciones del asilo”.
Por si fuera poco, y para abundar en los motivos, ha
denunciado también la actitud “absolutamente reprensible y escandalosa” de
Julian Assange en la embajada y su “inapropiado comportamiento en materia de
higiene”, sugiriendo que podría haber manchado las paredes con excrementos, lo
que inmediatamente ha desmentido la abogada del australiano, Jennifer Robindon,
en el canal Sky News.
En cualquier caso, la principal amenaza sigue
procediendo de Washington, Scotland Yard ha confirmado que sigue vigente la
demanda de extradición formulada por Estados Unidos, donde incluso muchos de
los que le apoyaron en un primer momento le acusan de haber publicado, durante
la campaña presidencial de 2016, cantidades ingentes de correos procedentes del
campo demócrata, que actuaron en contra de Hillary Clinton.
Y, en cuanto al ultraconservador presidente Trump, que
durante la campaña llegó a proclamar « Adoro Wikileaks » en un mitin,
ha cambiado de tono tras la publicación de documentos secretos de la CIA. En
abril de 2017, el entonces director de la agencia de inteligencia y hoy Secretario de Estado Mike Pompeo,
calificó a Wikileaks de « servicio de inteligencia hostil no estatal,
apoyado frecuentemente por actores estatales como Rusia”.
Según la última inculpación estadounidense, conocida
el mismo día de la detención en Londres de Julian Assange, está acusado de
“complot con el objetivo de cometer una intrusión informática” y “piratería
informática”, que puede acarrearle hasta cinco años de cárcel, por su
colaboración en 2010 con la antigua analista del ejército Chelsea Manning
–quien por cierto se encuentra otra vez entre rejas por negarse a testimoniar
contra Assange en un Gran Jurado de Virginia en marzo de 2019- con la intención
de “piratear una red informática secreta del Pentágono”. Según los investigadores
judiciales, Assange habría ayudado a Manning a conseguir una contraseña de los
servidores del Departamento de Defensa para acceder a miles de documentos
clasificados, entre ellos vídeos de las guerras en Afganistán e Irak. El acta de acusación precisa también que
Assange habría “animado a Manning a encontrar más informaciones”.
La
interpretación que los especialistas dan al hecho de que Julian Assange sea
acusado ahora de piratería, en lugar de publicación de informaciones
clasificadas, es que el departamento de Justicia evita así enfrentarse
directamente a la libertad de expresión y de prensa, garantizadas por la
Primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
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