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| Jamal Khashoggi |
« Seis meses después de
la sórdida ejecución del periodista
Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado de
Arabia Saudí en Estambul, donde entró
para buscar un documento que necesitaba para contraer matrimonio, es evidente
que las autoridades saudíes intentan barrer el asunto », escribe Amnistía
Internacional (AI) en un comunicado publicado con fecha 4 de abril.
A lo largo de todo el tiempo
transcurrido desde entonces, “en ningún momento se ha apreciado, a nivel
internacional, el más mínimo gesto real “de pedir justicia” o recordar “la
obligación de rendir cuentas” por el asesinato de Khashoggi. “La cooperación comercial, especialmente en
lo relativo a la venta de armas, que los
distintos gobiernos extranjeros mantienen con Arabia Saudí parece más
importante qu hacer justicia”.
AI afirma que el proceso que las autoridades saudíes
han abierto contra 11 sospechosos de haber participado, de una manera u otra,
en el asesinato de Khashoggi, “carece de credibilidad y transparencia. Es
escandaloso saber que algunos países, cuyos representantes diplomáticos están
asistiendo al juicio de esos presuntos responsables, para algunos de los cuales
la fiscalía ha pedido pena de muerte, han preferido callar sus preocupaciones
acerca de la equidad del procedimiento”.
Al contrario de lo que ocurre con esos representantes
extranjeros, ni los organismos independientes de vigilancia, ni las ONG’s ni
los medios de comunicación, están autorizados a asistir a un proceso que se
celebra a puerta cerrada. Y, « en esas condiciones –subraya AI- la
presencia de los diplomáticos corre el peligro de ser utilizada para
legitimarlo ».
Para AI, la única forma de evitar que el caso acabe
« ahogado », es poner en marcha « una investigación
internacional, independiente e imparcial” que, al menos de momento, ningún país
parece dispuesto a protagonizar. La organización humanitaria termina recordando
que Arabia Saudí tiene un balance “deplorable” en materia de derechos humanos y
que en ese país nadie pude expresar libremente sus opiniones “sin temor a ser
víctima de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias u otras
flagrantes violaciones de sus derechos fundamentales”.
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