Imagen de Amnistía Internacional
A pesar de
que en 2023 Pakistán se sumó a los países que han abolido la pena de muerte, y
de que las ejecuciones disminuyeron en Arabia Saudí, Egipto y Singapur, el
informe que Amnistía Internacional (AI) elabora anualmente sobre la pena de
muerte en el mundo, publicado este 29 de mayo, atestigua que el número de personas ejecutadas
en 2023 ha alcanzado el nivel más alto de los últimos diez años con 1.153 frente
a las 883 registradas en 2022, la mayoría (74%) de las cuales se llevaron a
efecto en Irán. En total, las
ejecuciones tuvieron lugar en dieciséis países, cuando eran veinte en 2022,
ninguno de ellos europeo y tan solo uno americano y otro africano.
El año
pasado, la República Islámica ejecutó a 853 personas, lo que representa un aumento
del 48% respecto al anterior: “Las autoridades iraníes han dado muestra del
desprecio absoluto que sienten por la vida humana”, subraya en un comunicado
Agnès Callmard, Secretaria General de AI.
Aunque el
régimen de los ayatolás invoca diferentes motivos para justificar la enorme
cantidad de condenas a muerte que se pronuncian cada año, la mayoría (el 56%) están
motivadas por infracciones de la legislación sobre estupefacientes: “De las 853
ejecuciones constatadas en Irán, al menos 545 corresponden a infracciones que,
según el derecho internacional, no deberían castigarse con la última pena”,
subraya el informe de AI. 38 ejecuciones estuvieron motivadas por “enemistad
con Dios” o “corrupción en la tierra”, y al menos 22 por adulterio.
Las cifras
relativas a Irán señalan que las ejecuciones afectaron a más hombres que
mujeres (821 hombres y 24 mujeres además de 8 personas cuyo género se desconoce
y un menor de 17 años), y que cinco de las víctimas eran menores en el momento
de cometer la infracción.
Para AI,
el aumento de las condenas a la pena capital en Irán pone de manifiesto entre
otras cosas que el gobierno iraní quiere atemorizar al segmento de su población
que extiende las llamadas a la movilización con el slogan “Mujer. Vida.
Libertad”, provocado por el asesinato en una comisaría de Teherán, de la joven
kurda Mahsa Amini en septiembre de 2022, detenida por la policía de la moral
por llevar mal puesto el velo obligatorio. En el balance total de ejecutados
figuran al menos seis personas condenas por participar en esas manifestaciones
en contra del régimen.
Aparte de
las cifras de Irán, el número de ejecuciones aumentó en 2023 en Estados Unidos,
Somalia y Yemen; AI no ha podido conseguir cifras exactas de las penas de
muerte aplicadas en China “que sigue ostentando el liderazgo mundial”, Corea
del Norte y Vietnam, debido “al secreto de Estado y otras prácticas
restrictivas”.
En cuanto
a la modalidad elegida para llevar a cabo las ejecuciones, Arabia Saudí
practica la decapitación; Bangladesh, Egipto, Singapur e Irán prefieren ahorcar
a sus condenados, Afganistán, Corea del Norte y Somalia optan por el
fusilamiento mientras que en China, lo mismo que en Estados Unidos, se utiliza
la inyección letal. Irán (7)y Afganistán
(1) conservan la tradición de efectuar ejecuciones públicas.
En el
aspecto positivo, si lo hubiere, el informe de AI confirma la tendencia
abolicionista, al día de hoy “112 países han abolido la pena de muerte, y 144
la han desterrado, en derecho y en la práctica”.
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