El Tribunal Penal Internacional (TPI) autorizó, el
pasado 5 de marzo de 2020, la apertura de una investigación sobre los crímenes
de guerra y contra la humanidad cometidos, a partir del 1 de mayo de 2003,
durante el conflicto armado en Afganistán, por todas las partes que tomaron
parte en aquella guerra, según el comunicado de Amnistía Internacional Francia
(AI) en su último boletín semanal.
“Esta decisión –dice la organización humanitaria- llega en un momento histórico », de
especialidad debilidad del TPI desde que en abril de 2019 su Cámara Preliminar
se negara a ponerse de parte de las víctimas de los crímenes contra la
humanidad, cometidos por todos los que tomaron parte en el conflicto; víctimas
“ignoradas durante años, incluso en el reciente acuerdo de paz que no las menciona
en ningún momento”.
La administración del ultraconservador y xenófobo
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado la decisión del TPI,
que va en el sentido de luchar contra la impunidad, porque lo considera
“ilegítimo” para investigar a sus ciudadanos. Por el contrario, para AI, merece la
« reafirmación de un apoyo fuerte e
inequívoco ».
El examen preliminar de lo ocurrido en la República
Islámica de Afganistán comenzó en 2007, es decir hace trece años. Diez años
después, en octubre de 2017, la Fiscalía informaba de su intención de pedir
autorización para abrir una investigación sobre los crímenes de guerra y contra
la humanidad cometidos por todas las partes en el marco de la guerra de
Afganistán, lo que incluye los de los talibanes
y sus aliados, así como los de las fuerzas gubernamentales afganas y las
fuerzas internacionales, lideradas por el ejército de Estados Unidos.
Mediante una decisión del 12 de abril de 2019, la
Cámara Preliminar desestimó la demanda, considerando que la apertura de una
investigación « no serviría a los intereses de la justicia”, porque no iba
a conseguir la cooperación de los estados en causa, insistiendo en que el
tribunal debía dedicar sus recursos a otras investigaciones que tuvieran más
posibilidades de éxito.
AI, junto a otras organizaciones no gubernamentales,
criticaron en su día la decisión de la Cámara Preliminar y presentaron un amicus curiae (expresión latina que se refiere a una persona o
entidad que, sin haber sido solicitada por ninguna de las partes, ofrece
informaciones al tribunal para ayudarle)
pidiendo al TPI que tuviera en cuenta el punto de vista y las preocupaciones de
las víctimas.
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