En Filipinas, la policía mata y
paga a personas para que maten a miles de presuntos traficantes de droga,
denuncia Amnistía Internacional (AI) en un comunicado del 2 de febrero de 2017.
“Un posible crimen contra la humanidad».
“Nuestro informe titulado ‘Si eres pobre
estás muerto. Extrajudicial. Ejecuciones en Filipinas’ prueba que la policía
tiene sistemáticamente como objetivos a personas en general pobres y sin
defensas, y fabrica pruebas, recluta asesinos a sueldo, desvalija a las
víctimas y escribe falsos informes de incidentes”.
La
lucha contra la droga un pretexto para matar a los pobres
No es una lucha contra la droga
sino una guerra contra los pobres. Con frecuencia, y sobre la base de pruebas
frágiles, “en una economía del asesinato, se mata por dinero a las personas
acusadas de consumir o dedicarse al tráfico de estupefacientes. En el régimen
del presidente Rodrigo Duterte, la policía nacional de Filipinas viola las
leyes que debería hacer respetar, y saca provecho del asesinato de personas
empobrecidas a las que el gobierno debería ayudar. “Las calles que Duterte ha
jurado que iba a limpiar de criminales están hoy cubiertas de cadáveres de
ciudadanos, a los que su propia policía ha matado ilegalmente”.
Animada por la retórica del
presidente Duterte, la policía ha matado a más de mil personas al mes amparada
en una campaña nacional de erradicación del tráfico de droga. Desde que Duterte
asumió el cargo, hace siete meses, han matado a más de 7.000 personas en el
marco de esa campaña, y la policía es responsable directa de al menos 2.500
homicidios de presuntos traficantes.
Informes
policiales maquillados
La policía, que trabaja a partir de
listas no verificadas de presuntos consumidores o traficantes de
estupefacientes, ha irrumpido en viviendas y abatido a personas desarmadas,
muchas de las cuales iban a entregarse. En los falsos informes de incidentes
que redactan a continuación, con frecuencia los policías afirman haber
disparado en legítima defensa porque el difunto disparó primero. En contra de
esas afirmaciones, se han recogido testimonios de personas que declaran que la
policía efectúa raids nocturnos, en los que no pretende efectuar detenciones, y
dispara sobre personas desarmadas. Según esos testigos, en algunos casos la
policía ha colocado armas y drogas en el interior de las viviendas, y luego las
ha hecho pasar por pruebas.
Asesinatos
rentables
En su informe, AI afirma que los
homicidios imputables a la policía se ven favorecidos por las presiones que
llegan de la cumbre del Estado, y entre ellas la orden de «neutralizar» a los
presuntos traficantes, y las ventajas económicas que han llegado a crear toda “una
economía informal de la muerte”. Un titulado universitario, que entró en la
policía hace diez años y trabaja en la unidad de lucha contra el narcotráfico
en la Gran Manila, ha explicado a AI que a los policías les pagan por cada “confrontación”,
eufemismo utilizado para que las ejecuciones extrajudiciales pasen por
operaciones legítimas: “La cantidad varía entre 8.000 pesos (unos 150 euros) y
15.000 pesos (unos 250 euros), se entiende que por cabeza. Por tanto, si se
mata a cuatro personas se cobran unos 600 euros como mínimo…El Cuartel General
nos paga en líquido y en secreto. No hay primas para las detenciones”.
Lo que significa que “es más
ventajoso matar que detener… no hay ningún caso en que se dispare y la víctima
no muera”. Este mismo policía ha explicado que algunos de sus colegas han
creado un sistema de chantaje a las empresas funerarias, que les pagan por cada
cadáver que les envían. Según otros testimonios, los policías también sacan
beneficio robando en las casa de sus víctimas, “incluso objetos que solo tengan
valor sentimental”.
En los últimos seis meses, en
Filipinas se han registrado más de 4.100 homicidios relacionados con el tráfico
de droga y cometidos por personas armadas “no identificadas”. El fenómeno se
conoce coloquialmente como “excursión en tándem”: dos personas llegan en una
moto, abaten a sus víctimas y desaparecen a toda velocidad”. La policía se
comporta exactamente igual que el hampa que debería combatir, lleva a cabo
ejecuciones extrajudiciales disfrazándose de asesinos anónimos y
“subcontratando a homicidas”.
Crímenes
contra la humanidad
Filipinas forma parte del Estatuto
de Roma, el tratado que creó el Tribunal Penal Internacional (TPI). En octubre
de 2016, la fiscal del TPI, Fatou Bensouda, hizo una declaración en la que
manifestaba su preocupación ante los homicidios e indicaba que su oficina
podría llevar a cabo un examen previo de los eventuales crímenes: “Deseamos que
las autoridades filipinas resuelvan por sí mismas esta crisis de derechos
humanos. Sin embargo, si no adoptan rápidamente medidas decisivas, la comunidad
internacional debería pedir al TPI un examen preliminar sobre la implicación de
altos representantes del Estado”.
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