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Los dos periodistas esposados |
A pesar de las numerosas
presiones internacionales y las reiteradas peticiones de libertad sin
condiciones de la ONU y la Unión
Europea, la justicia birmana se ha negado, el 11 de abril de 2018, a dejar sin
efecto las denuncias contra los periodistas de la agencia Reuters Kyaw
Soe Oo et Wa Lon, detenidos el pasado 12
de diciembre de 2017 por investigar una
masacre de rohingyas en el oeste del país, donde el ejército está acusado por
organismo internacionales y organizaciones humanitarias de estar llevando a
cabo una depuración étnica.
"El
tribunal ha decidir rechazar la demanda de la defensa de dejar en libertad a
los acusados », ha dicho el juez Ye Lwin ante una sala atestada de
diplomáticos y periodistas, entre los que se encontraba el corresponsal de la Agencia France Presse, que
inmediatamente ha difundido la decisión judicial.
Los
periodistas están acusados de « atentado contra secretos de estado”, un
cargo por el que pueden condenarles a hasta 14 años de cárcel. La policía les
inculpa por poseer documentos relativos a las operaciones de las fuerzas de
seguridad en el estado de Rajine, zona de la que han huido más de 650.000
rohingyas desde el pasado mes de agosto de 2017.
Según
informaciones publicadas en el digital francés L’Obs, distintas organizaciones de defensa de los derechos humanos
aseguran que este caso significa que Birmania está dando marcha atrás en la
incipiente vía democrática emprendida en 2011, tras la disolución de la Junta
Militar, y la abolición de la censura de los medios de comunicación en 2012.
Según Amnistía Internacional (AI), siguen existiendo leyes que amenazan la
libertad de prensa y según los propios periodistas birmanos siguen autocensurándose, sobre todo en
cuestiones relativas al ejército o a la religión budista, mayoritaria en le
país y, en cierto modo, impuesta por el gobierno actual.
Para James Gómez,
director de AI para el Sudeste Asiático
y el Pacífico, “La detención de estos periodistas es una maniobra clara de las
autoridades para sofocar las investigaciones sobre las violaciones de los
derechos humanos y los crímenes cometidos por el ejército contra los rohingyas,
y para disuadir a otros periodistas de intentarlo”.
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