Apartheid en el estado de Rajine,
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| Escenas de violencia en el estado de Rajine |
En Myanmar la situación de la minoría rohingya se ha deteriorado
gravemente desde agosto de 2017, cuando el ejército emprendió una campaña de
violencia contra la población de las zonas del norte del estado de Rajine, donde
en tiempos normales vive la mayoría de los rohingyas. Una campaña ilegal y
totalmente desproporcionada puesta en marcha como reacción a algunos ataques
contra puestos de seguridad llevados a cabo por el grupo Ejército de Salvación
de los Rohingyas de Arakan (ARSA).
En un informe publicado por
Amnistía Internacional (AI)el 21 de noviembre de 2017, se afirma que a día de
hoy más de 600.000 hombres, mujeres y niños han huido hacia el vecino
Bangladesh, desde donde han explicado los homicidios, torturas, violaciones e
incendios de pueblos enteros llevado a cabo por las fuerzas de seguridad de
Myanmar, con frecuencia reforzadas con milicias privadas. Naciones Unidas ha calificado la situación de
« clásico ejemplo de limpieza étnica » y AI ha definido las
actuaciones del ejército como “crímenes contra la humanidad”.
El informe denuncia la crisis
de los derechos humanos que ha sido, y siegue siendo, el telón de fondo de la
situación. Detalla las violaciones, en particular la discriminación y las
restricciones basadas en el origen étnico, la política y las prácticas a que,
desde hace décadas, se vienen enfrentando los rohingyas en el estado de Rajine. Explica también como esas violaciones se ha
intensificado desde 2012, después de un serie de oleadas de violencia entre
musulmanes y budistas, atizadas con frecuencia por las fuerzas de seguridad.
Como reacción, las autoridades
han separado a las diferentes comunidades, aislando a los musulmanes del resto
de la sociedad de Rajine. Desde entonces padecen restricciones que afectan a
todos los aspectos de sus vidas, y desde hace cinco años se pisotean sus
derechos fundamentales, en particular el derecho a circular libremente, a tener
una nacionalidad, a tratamientos médicos, al trabajo y a la alimentción.
“El pueblo rohingya de Myanmar
está atrapado en un cruel sistema de discriminación institucionalizada y
patrocinada por el Estado que constituye apartheid”, han declarado este
21 de noviembre los representantes de AI al presentar la publicación de un
importante análisis sobre las causas fundamentales de la actual crisis.
El
informe, titulado Caged without a roof, contextualiza la
reciente oleada de violencia en Myanmar. Esta investigación de dos años revela
que las autoridades limitan rigurosamente casi todos los aspectos de la vida de
las personas rohingyas confinándolas a una existencia similar a la que se vive
en un gheto, con dificultades para acceder a la atención médica y la educación
y, en algunas zonas, incluso para salir de su pueblo. La situación actual
cumple todos los requisitos de la definición legal del crimen de lesa humanidad
de apartheid.
“Las
autoridades de Myanmar mantienen a las mujeres, hombres y niños y niñas
rohingyas segregados e intimidados en un sistema deshumanizador de apartheid.
Se violan sus derechos a diario y la represión se ha intensificado aún más en
los últimos años”, ha asegurado Anna Neistat, directora general de
Investigación de Amnistía Internacional. “Este sistema parece concebido para
hacer que la vida de las personas rohingyas sea lo más desesperada y humillante
posible. La brutal campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad de
los últimos tres meses no es más que otra manifestación extrema de esta actitud
atroz. Aunque puede que estas violaciones de derechos no sean tan visibles como
las que han ocupado los titulares en los últimos meses, son igual de terribles.
Hay que abordar las causas fundamentales de la crisis actual para acabar con el
ciclo de abusos y permitir que las personas rohingyas refugiadas vuelvan a una
situación en la que se respeten sus derechos y su dignidad”.
El
estado de Rajine: una prisión al aire libre
La comunidad rohingya del estado
de Rajine está básicamente aislada del mundo exterior y sometida a severas
restricciones a su libertad de circulación que la confinan en sus pueblos y
municipios. Estas restricciones se imponen
a través de una intrincada red de leyes nacionales, “órdenes locales” y
políticas que implementan las autoridades del estado exhibiendo un
comportamiento abiertamente racista.
Una
norma en vigor en todo el estado de Rajine establece claramente que las
“personas extranjeras” y las “razas bengalíes [término peyorativo para los
rohingyas]” necesitan permisos especiales para viajar entre municipios. En el
norte del estado de Rajine, donde vivía la mayoría de la población rohingya
hasta el reciente éxodo, incluso los desplazamientos entre pueblos están
severamente restringidos por un sistema de permisos. En los últimos cinco años,
se imponen cruel y continuamente toques de queda arbitrarios en las zonas
predominantemente rohingyas.
En
el centro del estado, la población rohingya está rigurosamente encerrada en sus
pueblos y en campos para personas desplazadas. En algunas zonas no se la
permite usar las carreteras y sólo puede desplazarse por vías fluviales y
únicamente a otros pueblos musulmanes.
Para
las personas rohingyas que logran un permiso para viajar al norte del estado,
los frecuentes controles, atendidos en su mayoría por la Policía de Fronteras,
son un peligro constante donde es habitual que sufran acoso, agresiones físicas
y detención, y se las obligue a pagar sobornos. Mientras investigaban para el
informe, el equipo de Amnistía Internacional vio en un control a un policía de
fronteras dando puntapiés a un rohingya y documentó al menos un caso de
ejecución extrajudicial en el que agentes de la Policía de Fronteras mataron a
tiros a un joven de 23 años que viajaba durante el toque de queda.
Durante
la oleada de violencia de 2012, decenas de miles de personas rohingyas fueron
expulsadas de las zonas urbanas del estado, especialmente de Sittwe, la
capital, donde quedan en la actualidad alrededor de 4.000 que viven en una zona
similar a un gueto, cerrada con barreras de alambre de espinos y controles
policiales. Si tratan de salir, corren el riesgo de ser detenidas o de sufrir
violencia a manos de la comunidad circundante.
Una
vida al límite de la supervivencia
Las
restricciones a la circulación están teniendo un impacto demoledor en la vida
cotidiana de cientos de miles de personas rohingyas a las que se ha empujado al
límite de la supervivencia.
Mientras
que la calidad de los hospitales y clínicas del estado es en general precaria
para todas las comunidades, el acceso de la población rohingya a la atención
médica se encuentra con graves obstáculos, a menudo mortales. La población
rohingya tiene prohibido el acceso al hospital de Sittwe, el centro médico de
mayor calidad del estado, salvo para casos de extrema gravedad. Incluso
entonces necesitan un permiso de las autoridades y viajar escoltados por la
policía. En el norte del estado muchas personas no tienen más opción que ir a
Bangladesh para acceder a la atención médica que necesitan, pero este viaje es
muchas veces prohibitivo para todas las familias, salvo para las más
acomodadas.
Fuera
del estado, la población rohingya sólo tiene acceso a algunos centros médicos,
donde ha de estar en “salas para musulmanes” custodiadas por la policía. Un
trabajador de ayuda humanitaria comparó una de estas salas con un “hospital
penitenciario”.
Varias
personas rohingyas contaron que habían tenido que pagar sobornos al personal
del hospital y a los policías para llamar a sus familiares o comprar comida del
exterior. Otras evitaban totalmente los hospitales por miedo a sufrir abusos a
manos del personal médico y de enfermería, o porque pensaban que no las
atenderían. “Negar a la población rohingya el acceso a la atención médica es
aberrante; hablamos con mujeres que dijeron que preferían dar a luz en casa, en
condiciones insalubres, que correr el riesgo de sufrir abusos y extorsión en
los hospitales”, dijo Anna Neistat.
En
muchos lugares del estado, los niños y niñas rohingyas ya no pueden asistir a
las escuelas estatales antes mixtas, al tiempo que el personal docente del
gobierno suele negarse a viajar a las zonas musulmanas. La educación superior está
en gran medida fuera del alcance de los rohingyas.
Las
rigurosas restricciones a los viajes también han afectado a las posibilidades
de gran parte de la población rohingya de ganarse la vida. Quienes venden
productos no pueden acceder a las rutas comerciales y a los mercados, y a
menudo se impide a los agricultores que trabajen en sus campos. La malnutrición
y la pobreza se han convertido en norma entre la población rohingya en las
zonas afectadas, situación que las autoridades han agravado al limitar
severamente el acceso de la ayuda humanitaria.
“La
prohibición de reuniones de más de cuatro personas, que se aplica
específicamente en las zonas de mayoría musulmana, también supone que la
población rohingya —en su inmensa mayoría musulmana— no puede practicar de
hecho su religión en grupo. Las autoridades de Myanmar también han cerrado
mezquitas, dejando que se deterioren los lugares de culto musulmanes.
Negación
de la ciudadanía
La
población rohingya carece de derechos legales en Myanmar y se articula
alrededor de una serie de leyes y prácticas discriminatorias —especialmente la
Ley de Nacionalidad de 1982— que le niegan de hecho la nacionalidad a causa de
su etnia.
La investigación de AI revela
también que las autoridades de Myanmar han lanzado una campaña deliberada para
despojar a la población rohingya incluso de las limitadas formas de
identificación con las que cuentan. Desde
2016, el gobierno dificulta enormemente que las personas rohingyas inscriban a
los recién nacidos en las “listas de hogares”, que a menudo son la única forma
que tienen las familias rohingyas de probar que residen en Myanmar. Mientras
tanto, en el norte del estado, quienes no se encuentran en su domicilio durante
las “comprobaciones de población” anuales corren el riesgo de ser borrados
totalmente de los registros oficiales.
Una
consecuencia de esta campaña es que va a ser casi imposible que las personas
rohingyas que han huido del país regresen a su casa; lo que resulta
especialmente preocupante teniendo en cuenta que son casi 700.000 las personas que
han huido a Bangladesh, donde viven en campos para refugiados en condiciones
desesperadas.
“Hay
que devolver urgentemente los derechos y la condición jurídica a las personas
rohingyas, y reformar cuanto antes las discriminatorias leyes de nacionalidad,
tanto para quienes permanecen en el país como para quienes deseen regresar. No
se puede pedir a los hombres y mujeres rohingyas que han huido de la
persecución en Myanmar que regresen a un sistema de apartheid”, ha dicho Anna
Neistat.
Desmantelar
el sistema de apartheid
Tras un exhaustivo análisis
jurídico de este amplio conjunto de pruebas, AI concluye que el trato que
dispensan las autoridades de Myanmar a la población rohingya constituye
apartheid, definido como crimen de lesa humanidad en
la Convención contra el Apartheid y el Estatuto de Roma del Tribunal Penal
Internacional.
Myanmar
tiene la obligación legal de desmantelar el sistema de apartheid en el estado
de Rajine y debe garantizar asimismo la rendición de cuentas de los
responsables de cometer actos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
“El
estado de Rajine es la escena de un crimen. Y ya lo era mucho antes de la cruel
campaña de violencia militar de los últimos tres meses. Este aberrante sistema
de discriminación y segregación impregna todos los aspectos de la vida de la
población rohingya y salvo que se tomen medidas inmediatas para desmantelarlo,
seguirá vigente mucho tiempo después de que termine la campaña militar”,
declaró Anna Neistat.
“Las
autoridades no pueden alegar argumentos huecos sobre la necesidad de
‘seguridad’ o de combatir el ‘terrorismo’ para imponer más restricciones a la
población rohingya. La represión es ilegítima y totalmente desproporcionada.
Los crímenes de lesa humanidad no pueden justificarse nunca, ni como ‘medidas
de seguridad’ ni por ningún otro motivo”.
