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| Fuerzas de seguridad patrullan en las calles de Turquía |
Las
autoridades turcas firmaron el 22 de noviembre de 2016 un decreto ejecutivo,
por el que se ordena el cierre permanente de 375 asociaciones. Continúa la gran
purga de la sociedad civil turca, en un intento de reducir al silencio
cualquier voz crítica, denuncia en un comunicado Amnistía Internacional (AI).
La
medida, que forma parte de las aprobadas en el marco del estado de urgencia en
que actualmente se encuentra el país, afecta a varias asociaciones de abogados
que trabajan contra la tortura, a organizaciones de defensa de los derechos de
las mujeres que ofrecen alojamiento a víctimas de la violencia doméstica, a
organizaciones de ayuda humanitaria que ofrecen ayuda a los refugiados y a los
desplazados en el interior del país, así como a la principal organización de
defensa de la infancia en Turquía.
Ya
el pasado 11 de noviembre, el ministerio del Interior del gobierno
ultraconservador de Erdogán, había anunciado la suspensión de las actividades de
370 ONG en 39 provincias, en aplicación del artículo 11 de la Ley del estado de
urgencia, con el pretexto de mantener la “seguridad y el orden públicos”; desde
entonces, los gobiernos provinciales han cerrado, sin preaviso, decenas de
locales de organizaciones no gubernamentales. “Estas suspensiones arbitrarias -estima
AI- violan los derechos de libertad de expresión y asociación, y no pueden
justificarse ni siquiera por el estado de urgencia”.
Para
el ministerio del Interior turco, “de las 370 ONG afectadas por la medida, 153
tienen presuntas relaciones con la organización terrorista de Fethullah Gülen (FETO),
190 con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y la Unión de
Comunidades del Kurdistán, ambos prohibidos, 19 con el grupo izquierdista
armado Partido-Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo (DHKP-C) y 8 con
el que se hace llamar Estado Islámico”. Contra esta medida gubernamental no
cabe recurso alguno.
Entre
las ONG cuyas actividades se han suspendido figuran la Asociación de Abogados
Progresistas (ÇHD) y la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), cuyos
miembros defienden a víctimas de tortura y otras formas de malos tratos, así
como la Asociación de Mujeres Van (VAKAD), que ayuda a las mujeres que huyen de
la violencia familiar, y la asociación Los niños en el Programa (Gündem Çocuk).
Otra organización afectada es la asociación Sarmaşık, que proporciona alimentos
y da clases a 32.000 personas en Diyarbakır (en el sudeste de Turquía). Según
las informaciones de que dispone AI, ya han quedado suspendidas las actividades
de más de 70 ONG incluidas en la lista ministerial.
Un
representante de Sarmaşık ha dicho a AI: «Nuestra asociación provee de
alimentos a 32.000 personas cada mes. Esas familias tienen tantas necesidades
que a veces podrían no llegar al día siguiente; mucho menos quedarse sin
nuestra ayuda en los próximos meses. Ya hemos advertidos a las autoridades de
que las personas a las que ayudamos son extremadamente frágiles; a pesar de
todo han cerrado nuestro local y metido los víveres en un depósito, lo que no
puede calificarse más que de decisión cruel”.
En
los mismos términos se han expresado representantes de Gündem Çocuk, que
defiende los derechos de la infancia, añadiendo que «hace un llamamiento a la
solidaridad nacional e internacional para que salga a la luz la incidencia que
esta decisión va a tener sobre las personas a las que ayudamos”.
El
decreto del ministerio del Interior se produce en un contexto de represión
masiva dirigida contra todas las formas de contestación al gobierno, y que
incluye e cierre de medios de comunicación a gran escala, y el encarcelamiento
de periodistas y miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos y
militantes de partidos, como consecuencia del intento de golpe de estado del 15
de julio pasado, y la instauración del Estado de urgencia, el 21 del mismo mes.
La
gran purga en cifras:
A
fecha de hoy, 25 de noviembre de 2016, en Turquía hay:
121 periodistas
encarcelados
167 medios de
comunicación cerrados
2.500
periodistas que han perdido su trabajo
7.000 jueces
cesados en sus cargos
49.000
profesores suspendidos en sus funciones
24 alcaldes
kurdos
Decenas de miles
de personas detenidas arbitrariamente
Los
motivos esgrimidos por las autoridades turcas son siempre los mismos:
pertenecer o relacionarse presuntamente con organizaciones calificadas de
terroristas: el movimiento “gülenista”, acusado de organizar el intento fallido
de golpe de estado, o el grupo armado kurdo PKK. La purga ha llegado a todos
los estratos de la oposición, creando un clima de terror generalizado.
Nueva
violación del derecho internacional
Turquía
está obligada a garantizar el derecho a la libertad de expresión, que engloba
el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, garantizado por
el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
y el artículo 10 del Convenio de salvaguarda de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales (CEDH), y a hacer respetar el derecho a la libertad de
asociación en los términos fijados en el artículo 22 del PIDCP y el artículo 11
de la CEDH. Las únicas restricciones permitidas al ejercicio de estos derechos
son las manifiestamente necesarias para la protección de la seguridad nacional
y el orden público, la salud pública, las buenas costumbres y los derechos de
otros, y deben ser siempre proporcionadas con el objetivo declarado; además,
deben prohibir la apología de la guerra y el odio, que constituyen incitaciones
para atentar contra personas.
Aunque
como vemos es posible derogar los derechos y las libertades de expresión y
asociación en circunstancias excepcionales y de manera temporal, el Comité de
Derechos Humanos ha establecido que todas las medidas derogatorias tomadas en
el estado de urgencia deben inscribirse estrictamente en los límites impuestos
por la situación, lo que es el reflejo del principio de proporcionalidad que
debe aplicarse en los casos de derogación o restricción, y siempre que se trate
de medidas “manifiestamente necesarias”.
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