Antoni Pelegrin López, Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Barcelona, ha denunciado a la compañía eléctrica Endesa, y a seis de sus altos ejecutivos, por « crímenes ecológicos”, según la información publicado por el diario británico The Guardian y reproducido en el digital francés Slate.
Tras una investigación que ha durado tres
años, el fiscal Pelegrin entiende que Endesa ha faltado a las normas de
seguridad al infringir la reglamentación que protege a la fauna salvaje. El
asunto está relacionado con el hecho de quepor ser la península Ibérica una de
las principales vías de migración aviar, cada año millones de pájaros atraviesan los
Pirineos y miles de ellos mueren electrocutados en los postes en mal estado y en los cables del tendido
eléctrico
La información asegura que los pájaros pequeños apenas
corren peligro pero que las especies más grandes se pueden electrocutar fácilmente
al desplegar las alas. Un informe del diario El País de 2018 ratifica que la
electrocución es la primera causa de mortalidad en varias especies en peligro
de extinción como el águila perdicera y el águila imperial ibérica, de la que
solo quedan 500 parejas.
Además, según la Sociedad Española de Ornitología (SEO) cerca de 33.000 aves de presa mueren cada año en los postes obsoletos, la mayoría con cables desnudos, del millón de kilómetros de tendido eléctrico del país. Para el responsable de conservación de especies de la SEO, Nicolás López, quien ha participado en la investigación contra Endesa, a los miles de pájaros electrocutados anualmente hay que sumar “unos cinco millones más que mueren al chocar con los cables. Desde hace cuarenta años se conoce el problema y las medidas que hay que adoptar para evitar las electrocuciones, pero siguen instalando líneas nuevas que no respetan la reglamentación”.
En 2013, Endesa presentó al gobierno catalán un plan para adecuar sus líneas a la normativa pero, según la denuncia, cinco años después solo se habían llevado a cabo “algunos ajustes fragmentarios”. La información de Slate asegura que, sin responder a las acusaciones, Endesa afirma que en 2020 se gastó 2,2 millones de euros en arreglar los pilones defectuosos, y que en 2021 va a invertir 4,6 millones de euros en la protección de las aves.
En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha dictó la primera sentencia firme contra una eléctrica al
ratificar otra de noviembre de 2017, que condenaba a Iberdrola Distribución
Eléctrica a una sanción 100.001 euros por « infracción grave », por
la electrocución de un pollo de águila imperial ibérica –especie en peligro de
extinción- en uno de sus postes en el término municipal de La Herrera, en la
provincia de Albaceta, y rebajaba la indemnización de 64.380 euros, establecida
por la Consejería de Medio Ambiente, a
42.920 euros, ya que aunque el águila quedó discapacitada y no podrá
reincorporarse a su hábitat natural, “sí puede tener utilidad, al menos
hipotética, con fines reproductivos”.
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