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| Refugiados rohingyas en un campamento |
Para poder responder a las masivas
necesidades de la población hay que dejar que las organizaciones humanitarias
internacionales puedan acceder lo antes posible al Estado de Rakhine, de forma
independiente y sin restricciones, dice Médicos sin Fronteras (MSF) en su
último comunicado emitido el 19 de septiembre de 1994 en Paría y Bruselas.
Por otra parte, la portavoz del
gobierno de Myanmar y antigua presa política de la Junta Militar de Birmania,
la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, ha dicho este 19 de septiembre,
pocas horas antes del comienzo de la Asamblea General de Naciones Unidas en
Nueva York, que está “dispuesta” a organizar el regreso de más de 410.000
rohingyas, refugiados en Bangladesh. Sin embargo, la que muchos consideran es
la auténtica gobernante del país en la sombra, no ha precisado la solución
concreta que va a dar a lo que la ONU ha calificado ya de “depuración étnica”.
“Estamos dispuestos a iniciar la
verificación de identidades de los refugiados, con vistas a su regreso”, ha
dicho en un discurso televisado en inglés (sin subtítulos en birmano) y sin
precisar los criterios para el regreso. La opinión pública birmana está que
arde por las críticas internacionales sobre la suerte de los más de 400.000
miembros de la minoría musulmana de los rohingyas. Ante los embajadores
reunidos en Naypyidaw (la capital del país desde 2005) para el “Discurso a la
nación”, la Premio Nobel, muy criticada por su silencio y su frialdad durante
las más de tres semanas transcurridas desde que comenzó la crisis, el 25 de
agosto, en el Estado de Rakhine, ha hecho un llamamiento, fundamentalmente
destinado a tranquilizar a la comunidad internacional, para terminar con la
división religiosa entre la mayoría budista y la minoría musulmana: “Nos
sentimos profundamente desolados por el sufrimiento de todos quienes se han
visto atrapados por el conflicto”. También ha dicho que el ejército ha recibido
instrucciones de evitar los daños colaterales y “herir a civiles” durante las
operaciones.
Inmediatamente, Amnistía
Internacional (AI) ha lamentado que no condenara explícitamente el papel del
ejército, considerando que quien fuera el icono de la lucha por la democracia
en Birmania, esté ahora practicando “la política del avestruz”. “Existen
pruebas aplastantes de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo una
campaña de limpieza étnica” -asegura AI- siempre hay humo de incendios sobre el
Estado de Rakhine”.
“Es como si todo se hubiera parado
el 5 de septiembre”, ha declarado Phil Robertson de Human Rights Watch,
mostrando imágenes llegadas por satélite. Esta organización ha pedido a la ONU
que adopte sanciones contra Birmania.
“Los rohingyas, la mayor población
apátrida del mundo -escribe hoy el diario francés Le Point- son tratados como
extranjeros en Birmania, país budista en un 90% de su población. Víctimas de
discriminación desde que les fue retirada la nacionalidad birmana en 1982, no
pueden casarse ni viajar sin autorización; tampoco pueden buscar trabajo ni
acudir a la escuela o el hospital”. Antes del golpe de Estado y la llegada de
la Junta Militar, la Constitución de 1947 -de la que fue artífice Aung San,
padre de la Nobel de la Paz y luchador por la democracia en el país- permitió
que gran número de rohingyas tuvieran un estatuto legal y derecho al voto. La
dictadura militar instaurada en 1962 expandió el odio anti-musulmán, que ha
pervivido hasta hoy, y la ley de nacionalidad de 1982 dejó a esa minoría en
situación de apátrida. Para el general Min Aung Hlaing, jefe del ejército, la
comunidad rohingya “no tiene nada de birmana”.
Urgencia
humanitaria
Tras una nueva serie de ataques a puestos
de policía y a una base militar, reivindicados por la Arakan Rohingya Salvation
Army (ARSA), prosiguen las operaciones militares iniciadas el pasado 25 de
agosto en el Estado de Rakhine. Como consecuencia de ellas, cerca de 400.000
rohingyas han huido a Bangladesh, donde viven en condiciones extremadamente
precarias con dificultades para acceder a los tratamientos médicos, el agua
potable, los servicios sanitarios y los alimentos.
La población que permanece en el
norte de Rakhine, estimada en varios cientos de miles de personas, está privada
de ayuda humanitaria. «Nuestros equipos de Bangladesh –escribe MSF- escuchan
historias alarmantes acerca de la violencia extrema que padecen los civiles de
la zona. Nos hablan de desplazamientos masivos de la población rohingya y otras
minorías. De pueblos y casas quemados, entre ellos dos de los cuatro
dispensarios de MSF. A mediados de agosto, antes que tuviéramos que suspender
nuestras actividades ante la negativa de permisos de viaje y acceso del personal,
MSF efectuaba tratamientos médicos en la periferia de Maundgaw y Buthidaung,
Tememos que los que quedan allí carezcan ahora de la asistencia que necesitan”,
ha manifestado Karline Kleijer, responsable de urgencias de MSF. “Hay que
facilitar tratamientos a las personas heridas, enfermas y quienes tienen
enfermedades crónicas, y asistencia humanitaria a la población desplazada”.
En el centro de ese estado,
alrededor de 120.000 desplazados viven en campamentos que dependen de la ayuda
humanitaria para sobrevivir porque no están autorizados a salir. MSF trabaja en
estos campos con equipos ambulatorios. Pero, desde finales de agosto, el
personal internacional no tiene autorización para acudir a las estructuras
sanitarias, y el personal local no acude a su trabajo por temor a represalias.
Las autoridades de Myanmar han acusado a las ONG’s de colaborar con la ARSA. A
esas acusaciones se añaden las amenazas de los grupos extremistas que impiden
que los trabajadores humanitarios hagan su trabajo. Además, el gobierno ha
declarado el norte del estado zona militar, imponiendo normas administrativas y
limitando aún más el acceso.
Según Benoît de Gryse, responsable
de operaciones de MSF en Myanmar, «parece que Myanmar ha elegido un nuevo modus
operandi que pone la ayuda humanitaria bajo el control exclusivo del gobierno.
Es necesario que puedan actuar las organizaciones humanitarias independientes y
neutrales, para garantizar que la ayuda llegue a la población de manera
imparcial». La falta de acceso a los tratamientos sanitarios es particularmente
alarmante en el caso de la población que permanece en el Estado de Rakhine.
Cuando podía funcionar con normalidad, MSF efectuaba más de 1.000 consultas
médicas mensuales y organizaba de transporte de las urgencias y la asistencia
de pacientes que precisaban hospitalización. Todas están actividades se
encuentran actualmente suspendidas, lo mismo que suceden con otras
organizaciones que trabajaban en la zona. «Para garantizar los tratamientos y
ayudar a las personas afectadas por el conflicto, MSF y otras organizaciones
internacionales tienen que disponer inmediatamente de acceso sin restricciones
a todas las zonas del Estado de Rakhine, con la esperanza de poder reducir el
número de víctimas”.
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